Pablo Dávalos / Cetri - MariáteguiFoto: Reuters
18/10/09
El movimiento indígena ecuatoriano tiene la virtud de devolverle a la política su principio de realidad. Más allá de los fuegos de artificio del discurso populista que habla de pobres y de la izquierda y que, en realidad, gobierna para las corporaciones, existe un proceso al que los países latinoamericanos están ingresando de manera acelerada y que tiene en la desposesión de recursos, en la desterritorialización de los Estados, en la criminalización social y en la conformación de un “Estado de seguridad jurídica”, sus elementos característicos. Se trata de una trama de conflictividades que la viven los pueblos mapuches de Chile y Argentina, y también aquellos de Perú, de Centroamérica, de Colombia, de Brasil, Paraguay, Bolivia y, evidentemente, del Ecuador.
Hay un hilo conductor que va de la masacre de Bagua en el Perú a la represión y las muertes ocurridas en el levantamiento indígena ecuatoriano en el mes de octubre de 2009. Ese hilo de Ariadna está en la consolidación del extractivismo minero, petrolero, maderero, en la industria de los servicios ambientales, en la privatización de los territorios por la vía del conservacionismo, en la industria de los transgénicos, en la industria de las plantaciones de bosques, en la industria de los agrocarburantes, es decir, en las formas que asume la privatización de la vida en el capitalismo tardío y que se expresa, entre otras maneras, en el discurso del cambio institucional producido sea por gobiernos de izquierda o de derecha en la región.
No es una coincidencia que las propuestas de las “ciudades modelo” que se pretenden imponer en Chiapas como parte del Plan Puebla Panamá, y que recuerdan las “aldeas estratégicas” de Vietnam, o que la regionalización y ordenamiento territorial que en su momento hizo la dictadura chilena, ahora formen parte de las propuestas de regionalización y de ordenamiento territorial que se discuten en Ecuador y contra las cuales el movimiento indígena manifestó su rechazo. Tampoco es una coincidencia que el mapa minero del continente haya sido trazado de antemano por las corporaciones mineras transnacionales y que tienen su hoja de ruta de manera independiente de los cambios políticos en la región. El discurso de que los recursos mineros van a financiar obra pública y atención social forma parte de la discursividad oficial de todos los gobiernos que favorecen la minería, sea cual sea su color político. Tampoco llama la atención el desarrollo de las propuestas conservacionistas y del avance de la industria de los servicios ambientales que cada vez son más intensivas en la región. Detrás del conservacionismo ambiental subyace una propuesta de despojo territorial y detrás de los servicios ambientales la privatización de la naturaleza. Quizá por ello quienes emerjan como contrapunto y contradicción del capitalismo hayan sido, precisamente, los pueblos indígenas de la región. Porque ellos defienden sus territorios, sus saberes ancestrales, sus instituciones atávicas de las nuevas formas que asume la acumulación del capital.
El levantamiento indígena del Ecuador debe ser visto como parte de las resistencias globales al capitalismo y su necesidad imperiosa de vincular los territorios a la vorágine de la especulación financiera. Debe ser asumido como una desgarradura a la ideología dominante que trasviste los discursos y que en el caso ecuatoriano ha generado la ilusión del cambio bajo un gobierno de izquierda. Los pronunciamientos del movimiento indígena ecuatoriano son lúcidos y contundentes a este respecto. En Ecuador no hay un gobierno de izquierda, dice el movimiento indígena. Es un gobierno tan neoliberal como los otros y que ahora pretende el consenso de las comunidades indígenas y del conjunto de la población para privatizar los territorios y sus recursos.
El leitmotiv del levantamiento indígena ecuatoriano estuvo en la ley de aguas que el régimen pretendió aprobar sin consulta, consenso ni participación popular, a pesar de que existe un marco constitucional que aparentemente la promueve y garantiza. Para el movimiento indígena se trata de una ley que privatiza el agua y que la pone en función de los requerimientos de la industria minera a cielo abierto. El gobierno no ha negado esta acusación y más bien ha tratado de protegerse indicando que los recursos mineros serán fundamentales para la obra pública, exactamente de la misma manera que lo hizo Alan García en el Perú, y recuérdese, además, del artículo publicado por García que tiene como título, precisamente, aquel de “El perro del hortelano”, y en el que acusa a los pueblos indígenas de ser un obstáculo a la modernización del país. Un argumento que también se repite en el Ecuador, pero esta vez desde un gobierno que se autodenomina de izquierda.
El despojo de recursos y la desterritorialización del Estado son procesos que implican violencia, persecución y criminalización social. La represión del gobierno ecuatoriano en contra del movimiento indígena no es novedosa; de hecho, uno de los actos de represión y violencia en contra del pueblo ecuatoriano se produjo en el poblado de Dayuma a fines del año 2007. A la violencia de este evento, casi un año después habría que sumar aquella que sufrió el poblado de Molleturo. En ambos casos, los dirigentes y líderes populares, fueron encarcelados y acusados por el gobierno de la “revolución ciudadana”, como terroristas. Algunos de ellos aún siguen en la cárcel acusados de terrorismo. Su delito fue haber utilizado su legítimo derecho a la resistencia para evitar la privatización de sus territorios y sus recursos. Los principales dirigentes de la resistencia a la minería a cielo abierto, también han sido criminalizados por el gobierno ecuatoriano.
Existe un hecho sintomático de esta coyuntura y hace referencia a la actitud del gobierno de Rafael Correa que, en las últimas elecciones, realizó todo tipo de alianzas con la derecha más recalcitrante en la región de Zamora, para evitar que un líder popular e indígena resueltamente declarado en contra de la actividad minera, sea electo prefecto de la región. En esta región se han detectado yacimientos importantes de oro, plata e incluso uranio. Los pobladores de Zamora están decididos a evitar la minería a cielo abierto y apoyaron al candidato del movimiento indígena. En el último levantamiento indígena, los dirigentes indígenas se pronunciaron de manera explícita ante el gobierno indicándole que la región de Zamora y Morona, ambas son limítrofes y están en la región sur-amazónica del Ecuador, han sido declaradas por el movimiento indígena como territorios libres de minería. De su parte, el gobierno ecuatoriano, para demostrar sus intenciones, tiene en su gabinete a un prominente empresario minero como Ministro de Áreas Estratégicas.
El agua y la minería son los aspectos más visibles del extractivismo y del posneoliberalismo en el Ecuador y en la región; sin embargo, sobre estas conflictividades existen otras. En efecto, algunas comunidades indígenas de las provincias de Cañar y Chimborazo, en la sierra centro del Ecuador, así como en Imbabura, en la sierra norte, han sido desalojadas de sus territorios ancestrales por la industria de los servicios ambientales, en especial por parte de la empresa FACE-PROFAFOR, quien ha destruido sus páramos y ha procedido al cultivo de plantaciones de eucaliptos y pinos. El gobierno ecuatoriano, de su parte, ha apoyado estas iniciativas de los servicios ambientales y ha creado un proyecto gubernamental específico denominado “socio-bosque”. Es de indicar, además, que en la región amazónica del Ecuador existe un importante proyecto del conservacionismo neoliberal, el proyecto Gran Sumaco, en la provincia de Napo operado por la cooperación al desarrollo alemana, la GTZ, que plantea exactamente el mismo esquema de privatización territorial y de recursos por la vía de los servicios ambientales. La GTZ alemana pretende incluso privatizar el agua en la sierra-centro con un ambicioso proyecto de servicios ambientales para esta subregión. El gobierno ecuatoriano ha cedido a estas agencias de cooperación, importantes aspectos de las políticas públicas y de manejo territorial.
Amén de sus decretos ejecutivos para beneficiar a la industria maderera (Decreto Ejecutivo No 931), para entregar a la iglesia católica toda la región amazónica y la frontera con Colombia para tareas de evangelización (Decretos Ejecutivos No. 1780 y 15), para flexibilizar las relaciones laborales en el sector público (Decreto Ejecutivo No. 1701), y el Decreto Ejecutivo No. 1879 que permite la producción de biocombustibles, existen proyectos de ley que abren e incorporan al Ecuador a la industria de los agrocarburantes, del uso de transgénicos y que permiten el control territorial de las corporaciones. Como puede apreciarse, el Ecuador está entrando a un ritmo vertiginoso en esta etapa de acumulación por desposesión y de desterritorialización del Estado.
El momento político de Alianza País coincide con esa necesidad de poner a punto a la economía ecuatoriana con las necesidades de la globalización. Independientemente de los discursos políticos de Alianza País, de sus ditirámbicas declaraciones en contra de la larga noche neoliberal, e incluso de su propia autoconciencia política, hay señales más que suficientes para inscribir a este movimiento político en la deriva del pos-neoliberalismo, es decir, como una continuación del neoliberalismo pero bajo las modalidades de la desposesión territorial y de recursos y de la desterritorialización del Estado. Alianza País, el partido de gobierno en el Ecuador, solamente es el nuevo formato político que la acumulación del capital necesita e impone en estas nuevas circunstancias de la globalización.
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CETRI - Centro Tricontinental, Louvain-la-Neuve. Bélgica.
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