Perú: Tenemos a un gobierno que no está a favor de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales. / Entrevista a Susana Villarán

Yásser Gómez / Mariátegui
18/10/09


Susana Villarán, es activista y promotora de los derechos humanos, ha sido Ministra de la Mujer, Defensora de la Policía y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002-2005. Hoy es Vicepresidenta del partido Fuerza Social e integra el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Mariátegui. La revista de las ideas, la entrevistó para analizar la situación de los derechos humanos en nuestro convulso país.

- ¿Qué significado tiene la sentencia de 25 años a Fujimori por los delitos de lesa humanidad?
- La sentencia a Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad en los casos La Cantuta y Barrios Altos es un hito en la historia de los derechos humanos en el mundo. No hemos tenido ni un sólo Jefe de Estado que haya sido enjuiciado en su propio país, que haya recibido una sentencia por autoría mediata en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Con lo cual el Perú está dando un ejemplo a pesar de todas las debilidades que tenemos, de que somos capaces de producir un cambio radical en materia de justicia y de justicia transicional en el mundo. Los 25 años es lo que correspondía, hemos tenido un debido proceso. Algo que Fujimori escatimó por completo a todas las personas que procesó, que juzgó, al amparo de la legislación anti terrorista con las leyes contra el terrorismo, las leyes de traición a la patria decretadas en 1992. Aquí no han habido jueces sin rostro, tribunales militares, juicios sumarios, ni tortura. Aquí ha habido un proceso absolutamente respetuoso de las normas del debido proceso y ha tenido la sentencia máxima que se puede aplicar en un caso de esta naturaleza. Entonces, lo que le toca en este momento a la Sala Revisora de la Corte Suprema es ratificar esta sentencia en la Sala Especial.

- En agosto se cumplieron seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ¿Cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones?
- La Comisión de la Verdad (CVR) cumplió un rol fundamental -eso lo pensamos en el gobierno de transición de Valentín Paniagua- fue así que la creamos, luego fue fortalecida en el gobierno de Alejandro Toledo y se le añadió la dimensión de Reconciliación. Sus recomendaciones en el Informe Final son de dos tipos y hay que hacer la evaluación de acuerdo a estas. En primer lugar, se trata de un Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia política, reparaciones de caracter material, reparaciones individuales, colectivas, que tienen que ver con lo monetario pero también en servicios fundamentales como la salud y la educación. Eso está todavía muy inicial a pesar de que tenemos el Consejo Nacional de Reparaciones, a pesar de que ya la Defensoría del Pueblo pasó su listado de personas desparecidas. Todavía el número del registro es limitado, los recursos que ha asignado el gobierno del APRA (Partido Aprista) a este proceso del Consejo Nacional de Reparaciones y al Registro Unico de Víctimas son mínimos. No tenemos todavía en el Presupuesto de la República presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso este año, una partida para reparaciones individuales.

Esta es la lucha de todas las organizaciones de afectados y de derechos humanos, ahí tenemos un área en la que todavía -más allá de las 400 comunidades que han sido beneficiadas con algunas obras- las reparaciones individuales a las víctimas están pendientes. Otro orden de recomendaciones tenían que ver con cambios institucionales, para evitar que hechos como los que ocurrieron en el país durante dos décadas vuelvan a suceder. Esas se llaman garantías de no repetición, respecto a estas en el Perú hemos ido para atrás. No hay reformas en las Fuerzas Armadas, no tenemos reforma educativa, judicial, ni del Ministerio del Interior que recomendó la Comisión de la Verdad.

Más bien lo que tenemos es un clima contrario a la Comisión de la Verdad, al Museo de la Memoria, las amenazas de muerte que ha tenido el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, las críticas que vienen de los más altos niveles de gobierno contra los que están involucrados con la Comisión de la Verdad y que no escapan al Presidente de la República, Alan García, al Vicepresidente Giampietri, al actual Ministro de Defensa, Rafael Rey, todos ellos son responsables de las amenazas que ha sufrido Salomón Lerner y de los ataques a muchas de las personas vinculadas al trabajo de la Comisión de la Verdad. Porque cuando un alto dignatario de un Estado hace señalamientos de caracter negativo, críticos y descalificativos, con los términos que se han referido a personas como Salomón Lerner, lo que da públicamente, es la señal de que ellos pueden ser víctimas de cualquier acción y tendrá la bendición de estos personajes.

Esto es muy grave, porque estamos en un clima contra todo lo que signifique defensa y promoción de los derechos humanos en el gobierno. De ataques, de un falso espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas animados por el almirante Giampietri, que frente a los procesos abiertos que hay contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que han cometido violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno. Dicen que aquí hay una persecución contra las Fuerzas Armadas que fueron las que salvaron al Perú. Y eso es falso, porque nada es más beneficioso para las Fuerzas Armadas, que se sancione a aquellos miembros de las instituciones armadas que cometieron violación a los derechos humanos, porque sino, lo que estaría pasando es que toda la corporación, estaría asumiendo las violaciones a los derechos humanos.

- Sobre los ataques a Salomón Lerner, ex presidente de la CVR, tu dices que el gobierno al atacar a los derechos humanos también está dando cierta señal de impunidad, para que algunos sectores extremistas se permitan lanzar este tipo de amedrentamientos...
- Claro, es una invitación indirecta, porque no creo que esa sea la intención del presidente Alan García, ni de Giampietri, ni de Rey, pero es una invitación. Porque hay sectores que están dispuestos no solamente a amenazar de muerte, sino hasta de matar a una persona, porque pensarían, si el presidente, el vicepresidente y el ministro son los que dicen que estos señores son contrarios al espíritu patriótico que todos los peruanos tenemos que tener, entonces, lo mato, lo amenazo, le mato a los perros. Y esto lo ha señalado claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre defensores de derechos humanos. Cuando dice que las más altas autoridades de un país, hacen señalamientos contrarios a los defensores de derechos humanos, invitan a que ciertos sectores se sientan en la más absoluta libertad y protegidos para hacerles daño, desde el hostigamiento hasta la muerte misma.

- Después del rechazo inicial del gobierno aprista, finalmente de construirá el Museo de la Memoria...
- El Museo de la Memoria es fundamental, porque es un instrumento muy importante para que un pueblo no se olvide de lo que le pasó y que se dignifique la memoria de los que padecieron, sufrieron una muerte injusta antes de tiempo, la desaparición, la tortura o la violación sexual. Entonces, la dignificación de la memoria es el proceso de fondo, que es lo que queremos. El Museo de la Memoria es un instrumento para que esa memoria se dignifique, para que nosotros no olvidemos que ello nos ocurrió y estemos siempre preparados, para hacer todo lo necesario, para evitar que hechos como esos no vuelvan a ocurrir. Y en ese sentido, el Museo de la Memoria se convirtió, desde la Alameda de la Memoria, El Ojo que Llora, El Quipu y todo lo que iba a ser la instalación en el actual Campo de Marte, en un proyecto que fue levantado por la propia Comisión de la Verdad, por la sociedad civil, por el Movimiento Para Que no se Repita, por todo un movimiento de afectados y organizaciones que van mucho más allá de Mario Vargas Llosa, Salomón Lerner, Enrique Bernales, Monseñor Bambaren, Frederick Kooper, Juan Ossio, quienes integran la comisión encargada de organizar su construcción.

Al inicio ha habido un rechazo muy claro, de sectores que ven en el Museo de la Memoria a enemigos, ese fue el caso del ex ministro de Defensa, Antero Flores Araoz y de muchos miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ese es el caso del Ministro de Defensa, Rafael Rey que hace unas horas dijo que él está en contra, pero que si el presidente dice que se hace, se tendrá aque respetar. Tiene una resistencia de esos sectores, pero de todas maneras se construirá. Pero además, Alan García se va a ir y el Museo de la Memoria va a quedar. Eso es lo importante.

- El año 2007 se dieron decretos de criminalización de la protesta y durante este tiempo se han dado casos concretos de persecución y ensañamiento como el de Roque Gonzáles, que ha cumplido su condena por terrorismo pero se le ha perseguido y encarcelado sólo por tener este antecedente. Incluso el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, ha propuesto que los sentenciados, deben llevar grilletes, porque como las cárceles están llenas deben cumplir su conden afuera y de esa forma estarán vigilados. ¿Se respetan los derechos humanos en este gobierno?
- Tenemos a un gobierno que no está a favor de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales en esta materia. Las acciones que ha tenido Aurelio Pastor como Ministro de Justicia, no solamente acá en el Perú sino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a propósito de lo de Bagua, han sido lamentables. Nos causan verguenza ajena como peruanos, que un compatriota, por más de que sea de un gobierno con el cual no comulgo, realmente es lamentable. Este es un gobierno que no es amigo de los derechos humanos y que más bien ha tenido una posición sistemática en contra de las organizaciones y del discurso. Y eso pasa, que cualquier forma de protesta contra el modelo Neoliberal que ha aplicado el gobierno de Alan García con su ideología el Perro del Hortelano, todo aquel que se oponga a eso pasa a ser un enemigo -no solamente de su posición- sino del Estado.

Cualquiera que se oponga por justos reclamos frente a decisiones de un alcalde en un pueblo, por recursos naturales, inversiones, exploraciones mineras, petroleras o lo que fuese, -porque el Perú tiene muchos conflictos- o que se opongan a los contratos sin consulta como fue el caso de la lucha de las comunidades selváticas y que terminó en los sucesos terribles de Bagua. Todo eso es visto como una posición contra el sistema y se habla de una figura, estos son los anti sistema y estos son los pro sistema. Es decir, los que están con el modelo neoliberal son los chicos buenos, los que se callan la boca y los chicos malos son los que están en contra del progreso, del bienestar, del desarrrollo. Entonces es un discurso que ya no tiene nada de nuevo, porque se lo hemos escuchado a Fujimori muchos años.

- La situación en derechos humanos se está volviendo regresiva, por ejemplo se les ha quitado los beneficios penitenciarios a los presos por terorrismo..
- Creo que estamos yendo para atrás, aunque hay decisiones importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los propios tribunales peruanos contra decisiones de esa naturaleza que no van a prosperar. Por ejemplo, ahora se quieren tirar abajo el Tribunal Constitucional (TC), porque siempre se ha convertido en un freno para esos excesos, pero no lo permitiremos.

- Incluso también han intentado sacar una ley para que las fuerza policiales y/o armadas puedan levantar cadáveres en zonas de convulsión social, en el caso que no haya un Fiscal...
- Eso es muy grave, porque para eso tenemos fiscales, para que se custodie la prueba y para que desde el primer momento en que se levanta un cuerpo, este pueda pasar a medicina fiscal con todos los cuidados. Entonces, es muy probable que muchos elementos de la prueba material de un delito se destruyan si es que no es la persona adecuada la que recoge el cadáver. Y en este sentido es un despropósito absoluto el que se haya intentado pasar una norma así, que no ha prosperado.

- Hay un tema del que no se habla mucho luego de la guerra interna, siempre se toca el tema de los muertos, torturados, pero casi nunca hablamos de los desaparecidos -que están en los 15 mil- ¿Por qué crees que no hay una intensa lucha o campaña como si lo hay para otros casos como el de La Cantuta o Barrios Altos?
- Hay un tema que aquí expresa justamente lo que es la sociedad peruana, que todavía es muy discriminadora en lo étnico, en lo cultural, racial. Y si nosotros recordamos a Angélica Mendoza, a las compañeras de ANFASEP o de COFADER -organizaciones de familiares de desaparecidos-, son todas mujeres pobres, indígenas, quechuahablantes las unas, asháninkas las otras, que fueron las primeras en buscar a sus hijos, esposos, padres, hermanos, por las quebradas. En los primeros años que los secuestraban en sus casas y los desaparecían. Son mujeres, indígenas, quechuahablantes, analfabetas, pobres y no son las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. No es porque haya que hacer diferencias entre víctimas, pero si hay que tener una explicación sociológica de porque el tema de la desaparición forzada en nuestro país, no tuvo el peso, ni la visibilidad, ni la vigencia, ni la publicidad, ni el lugar que debía ocupar en la agenda de la lucha por los derechos humanos, salvo en las organizaciones de derechos humanos que siempre estuvieron al lado de ellas. Pero no a nivel nacional, no hay pañuelitos blancos en la cabeza de las mujeres indígenas, solamente es el llanto de una mujer quechua, que muchas veces no se puede explicar y que lo único que tiene es la foto carné de su hijo o de su esposo. Eso es lo que ha ocurrido.

Tengo un anécdota, cuando estaba en el Ministerio de la Mujer en el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua. En el Programa de Apoyo al Repoblamiento decidimos realizar un Censo por la Paz. Un día la persona que estaba a cargo, entra a mi despacho y me dice, esto no puede ser, hasta ahora hemos hablado de 5 mil a 7 mil desaparecidos y los resultados que estamos teniendo con las entrevistas que se han hecho en todas las comunidades fectadas, nos están dando más de 13 mil personas desaparecidas. Esto tiene que estar mal, me dijo. Pero nosotros vemos hoy, que se han dado más de 13 mil certificados de ausencia por desaparición forzada en la Defensoría del Pueblo y que ahora esto ya lo tiene el Registro Único de Víctimas. Entonces, estamos hablando de un número muy grande, de personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas. La explicación que doy es esa. No porque las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos fueran personas prominentes o de sectores altos, eso no fue así. Pero estaban en Lima y acá tienes más posibilidades, más medios de comunicación que están a tu alcance, más recursos para hacer escuchar tu voz.

- ¿Qué piensas de la Comisión de la Verdad para el caso de Bagua, que investigará los sucesos ocurridos el 5 de junio?
- Es importante que se hayan establecido las dos comisiones, una que es para esclarecer los hechos y otra para plantear el plan nacional de los pueblos indígenas, -sobre todo de las comunidades amazónicas- pero estas tiene que funcionar bien. La voluntad política de poder esclarecer los hechos es fundamental y se tiene que dar desde la forma misma de creación de la comisión. Esta Comisión de la Verdad para el caso de Bagua, ha sido establecida hace unos meses por una resolución del Ministerio de Agricultura y no tiene un decreto supremo de creación -que es lo que se debería- para darle un estatuto. Ellos se dan cuenta que ahí puede haber una ausencia de voluntad política muy grande en que estos hechos se esclarescan y se llegue hasta las conclusiones finales.

Todo lo que hasta ahora se sabe, por mi parte he escuchado testimonios directos de dirigentes, es que ellos advirtieron con toda claridad a quienes estaban en la estación petrolera, que esos policías tenían que salir de ahí. Fueron los propios dirigentes nativos los que les dijeron a los de la empresa que sacaran a los policías, porque podría haber hechos de sangre muy serios, pero no les hicieron caso. Y lamentablemente hemos sufrido a 24 policías que fueron brutalmente asesinados en un hecho que nunca se había visto en la historia de la Policía Nacional, porque los famosos héroes de Uchiza que se enfrentaron a Sendero Luminoso en una comisaría -en la década de los cohenta- fueron 10 los que murieron. En Bagua ha habido 200 heridos, muertos en las comunidades nativas, muchas personas que están sufriendo en este momento persecución judicial. Hasta ahora les siguen llegando notificaciones de la Fiscalía, desde el 5 de junio hasta hoy, diciendo que se presenten y con acusaciones bastante graves. Entonces, los hechos estos tienen que ser esclarecidos, el clima de paz, concordia, de comprensión tiene que establecerse. Y esto sólo se puede hacer a través de un nuevo pacto con los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú.

Sin embargo, si algo lograron las comunidades nativas fue hacer escuchar su voz y creo que eso ha sido muy importante como parte de ese proceso de democratización profundo que nuestro país necesita, que es incorporar e integrar a quienes son diferentes, respetando su diferencia, su diversidad. Creo que sí, ha costado mucha sangre, dolor, todavía le sigue costando a su seguridad y el panorama en las dos comisiones es incierto. Pero hoy nadie puede dejar de hablar, que el pueblo amazónico se levantó contra unos decretos que jamás le fueron consultados y que entregaban parte muy importante de sus territorios.

- Los casos de negligencia por parte del Estado con la policía se repiten en los últimos años. Por ejemplo, al Andahuaylazo (2005) se envió a policías del Escuadrón Verde -encargados de operativos con micro comercializadores de drogas y pandillaje en Lima- para enfrentarse con reservistas del ejército y el otro es en el Baguazo (2009), que enviaron a policías recién graduados a sofocar una rebelión. ¿Quién asume hoy la Defensa de la policía?
- En lo de Bagua la responsable es la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que se ha tratado de quitar el bulto, pero es imposible. Ella dio la orden de una operación absolutamente mal planificada, donde ya estaban los policías de alguna manera conversando con la dirigencia de AIDESEP. Eso está en todos los testimonios y ella envió a un grupo de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) en un número absolutamente insuficiente, en relación a la gente que estaba protestando, realmente fueron carne de cañon en esa situación. Estuve en Andahuaylas y he rendido tributo a los policías que murieron cuando Antauro Humala tomó la comisaría y realmente a quienes mandaron fue al Escuadrón Verde -contra gente que estaba entrenada en la guerra-, que fue creado nosotros -se refiere a cuando fue Defensora de la Policía en el gobierno de Alejandro Toledo- como un grupo de elite que iba a auxiliar a las comisarías de Lima, para la prevención e intervención en materia de micro comercialización de drogas y de delitos contra el patrimonio.

Esas son las malas decisiones que toman, quienes creen que pueden gobernar, pero no saben gobernar y eso le cuesta la vida a la policía. ¿Ahora quien las defiende? No sé quien es el o la actual Defensora de la Policía, porque los policías cuando me encuentran en la calle, me dicen doctora ya no tenemos a nadie que nos defienda. Entonces, los policías tienen problemas de las violaciones de sus derechos y creo que la legitimidad en los derechos humanos a diferencia de lo que quiere decir Alan García, lo que decía Fujimori, nosotros los defensores de derechos humanos siempre hemos sido consecuentes y siempre hemos dicho que los derechos humanos son de todos, no hay unos que merezcan ser más defendidos que otros, todas las víctimas son iguales y frente a la víctima, nadie le pregunta cual es su ideología política, si tienen uniforme o si no lo tienen. Eso es muy importante, porque los policías tienen derechos igual que cualquiera de nosotros.

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