miércoles, diciembre 29, 2010

Venezuela: 5 preguntas y 5 respuestas sobre las leyes; habilitante, de medios y de universidades


Mariátegui
29/12/10


Desde el Congreso Bolivariano de los Pueblos convocamos a las organizaciones solidarias con la Revolución Bolivariana a difundir estos documentos para conocer la verdad sobre tres leyes que aprobó la Asamblea Nacional, estratégicas para la profundización de la revolución y que han originado una escalada de agresiones por parte de la oposición venezolana y el imperialismo norteamericano.

Para conocer y defender estas leyes y contrarrestar las mentiras de la campaña nacional e internacional el Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones e Información (MinCI) de Venezuela ha realizado estos documentos que ponemos a la disposición de los amigos de la Revolución en todo el mundo:

- Ley Habilitante. Cinco preguntas y cinco respuestas.

1. ¿Para qué sirve una ley habilitante?
Concede poderes por un período determinado al Presidente para aprobar decretos que permiten poner en práctica transformaciones que, de otro modo, tardarían mucho tiempo debido a trabas administrativas o burocráticas.

La actual ley ha sido aprobada por la Asamblea Nacional por 18 meses para favorecer en materia de infraestructura, transporte, vivienda, servicios públicos, entre otras, a los más de 130 mil damnificados por la emergencia de las lluvias, ubicados en casi mil refugios habilitados por el Gobierno revolucionario.

2. ¿Qué utilidad práctica ha tenido en el pasado?

Ha permitido al Presidente Chávez impulsar beneficios sociales y económicos sensibles, dentro del modelo de desarrollo fomentado por la Revolución bolivariana. Leyes como la de Hidrocarburos, que devolvió a Venezuela la administración de sus recursos petroleros y conectó a Pdvsa directamente con las demandas y necesidades del pueblo; la de Soberanía Alimentaria, que contribuyó a mejorar los indicadores de nutrición de los venezolanos; la de Pesca, que eliminó la pesca de arrastre; o la de Tierras, que ha reducido progresivamente los injustos latifundios, fueron aprobadas mediante leyes habilitantes.

3. ¿Por qué tanto ruido por la Ley Habilitante?

El propio Presidente Chávez lo ha explicado: “La oposición se aleja cada vez más del pueblo y demuestra su desprecio hacia él”.

Los diputados opositores recién electos alardean de su supuesta capacidad para paralizar el país, una vez instalado el nuevo parlamento, el 5 de enero. Sueñan con atar de pies y manos al Presidente de la República y desmontar la institucionalidad actual. Una Ley Habilitante que faculta al jefe de Estado para legislar de forma expedita y acelerada a favor del pueblo acaba con esas aspiraciones y garantiza la búsqueda de respuestas estructurales, desde el Poder Popular, a los problemas que deja la emergencia de lluvias.

4. ¿Tiene facultades la actual Asamblea para aprobar una ley cuya vigencia supera el próximo 5 de enero?

Sí. Todas las leyes aprobadas por cualquier parlamento del mundo tienen vigencia más allá de los diferentes períodos legislativos. Sólo el mandato popular puede
revocarlas.

5. ¿Estará imposibilitado de legislar el nuevo parlamento?

Tanto diputados del PSUV, del PCV como los de los partidos de oposición estarán en condiciones de promover sus iniciativas legislativas y políticas dentro de la nueva Asamblea Nacional. Los poderes concedidos al Presidente no son excluyentes de esas leyes, cuya aprobación o no dependerá estrictamente de la suma de los votos de los parlamentarios.

- Ley de Universidades. Cinco preguntas y cinco respuestas.

1. ¿Por qué es necesaria una nueva ley de Universidades?

La aprobada actualmente data de 1970. Muchas de sus formulaciones entran en contradicción con la Carta Magna vigente y con el proceso de cambio protagonizado por el pueblo venezolano en los últimos años. La ley anterior apunta hacia una universidad rígida, burocrática, excluyente en sus formas de concebir el ingreso de los estudiantes, en sus programas de estudio y en los grados de participación que otorga a alumnos, trabajadores administrativos y obreros en las decisiones sobre la vida universitaria.

2. ¿Qué cambios esenciales promueve la nueva ley?

Entre otros, convertir a la Universidad en una institución abierta y dialogante con las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en la historia reciente de Venezuela. Democratiza el ingreso a la Educación Universitaria, promueve la paridad del voto entre estudiantes, trabajadores administrativos y académicos para la elección de sus autoridades; potencia el vínculo entre la educación emancipadora y el trabajo creador como fundamento de los programas de estudio; crea los Consejos de Transformación Universitaria como instancias de decisión donde participarán por igual universidades oficiales, privadas y de gestión popular, y promueve fórmulas de contraloría social y rendición de cuentas del presupuesto universitario.

3. ¿En qué estatus queda la autonomía universitaria?

La ley declara el respeto a la autonomía como “principio que otorga a la universidad la competencia para dirigir el gobierno universitario”. Pero, al mismo tiempo, entiende la autonomía no como un pretexto para enclaustrar a la universidad dentro de los límites de la acción, la moral y el pensamiento burgueses, sino como el espacio para generar un clima de discusión y confrontación de ideas incluyente, democrático, participativo, dialogante con el momento histórico que vive el país.

4. ¿Qué es el Estado docente?

Ni Estado interventor ni Estado omnipresente, simplemente un Estado que ejerza su responsabilidad de formular, planificar y articular estrategias, programas y proyectos propios de la educación universitaria. En ningún país del mundo las universidades funcionan al margen de las instituciones y autoridades encargadas de generar políticas en este tema.

5. ¿Es inédita la lucha por una nuevaley de Universidades?

La lucha del movimiento estudiantil en Venezuela se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Por el camino, incontables jóvenes perdieron la vida en demanda de una universidad menos elitesca y menos subordinada a los mandatos puntofijistas. La reforma universitaria de 1969, por mencionar solo un ejemplo, exigía la democratización de las estructuras del gobierno universitario, la conformación de planes de estudio más ajustados a la realidad de la lucha de clases en el país y una mayor participación de los estudiantes en las decisiones políticas. Justamente esas demandas, que se mantuvieron vigentes en los años 80 y 90, están recogidas en el espíritu de la actual Ley de Universidades y en el propósito del gobierno bolivariano de democratizar cada vez más la educación a todos los niveles.


-Ley Resorte (de Medios). Cinco preguntas y cinco respuestas.
(En Francia, la llamada “Ley de los tres avisos” también busca penalizar a los usuarios que descarguen películas, canciones u otro contenido protegido por derecho de autor.)

5. ¿Por qué la derecha venezolana ha reaccionado con tanta furia a la reforma?

Cualquier regulación que emprenda el Gobierno Bolivariano en el ámbito de los medios y las telecomunicaciones será utilizada por la derecha para esgrimir supuestas violaciones a la libertad de expresión. Dicho discurso se conecta rápidamente con trasnacionales de la información y un mercado global de ideas que pretende demonizar a Venezuela como presunto Estado forajido y a su líder Hugo Chávez como un dictador. Reporteros sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CNN, entre otros actores políticos y mediáticos, han sido y seguirán siendo protagonistas de esa conjura. Frente a la mentira, no queda otro remedio que buscar mecanismos cada vez más eficaces para dar a conocer nuestra verdad.

1. ¿Qué modificaciones contiene la Reforma a la Ley Resorte?

En esencia, a la radio y a la televisión se añade el servicio de internet como actividad a regular, no para suprimir sitios web o servicios disponibles en la red, sino para velar por el uso responsable de esta herramienta. Concretamente, la ley prevé sanciones para quienes, a través de internet, inciten al odio, el delito, la propaganda de guerra, las alteraciones en el orden público, el homicidio; o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.

Al mismo tiempo, se estimula a los productores y producciones venezolanas, al establecer la trasmisión de por los menos 50% de telenovelas nacionales en horarios de gran audiencia.

2. ¿No se lograban los mismos propósitos con el articulado vigente?

La ley de Responsabilidad Social no incluía regulación alguna para el uso responsable de Internet. Amparados en esa ausencia, algunos sitios, como Noticiero Digital, han publicado mensajes instigadores de violencia, de acciones de desobediencia civil, de atentados contra autoridades. No es difícil encontrar en redes como Twitter o Facebook llamados a la sublevación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas o, incluso, al magnicidio contra el Presidente Chávez, un estado de cosas que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir.

3. ¿Desaparecerán en Venezuela redes sociales como Twitter o Facebook?

Algunos medios privados han echado a correr esa matriz de opinión, desconociendo los avances irreversibles que la Revolución bolivariana ha conquistado en el acceso de todos a las nuevas tecnologías. Es difícil pensar, siquiera por equivocación, en suprimir Twitter para un país que tiene la mayor penetración de blackberrys de América Latina, superando a naciones como Brasil o Argentina. O suprimir Facebook, en una nación que ha hecho crecer el acceso a Internet en 900% y que abarca por diversas vías a casi 8 millones de personas.

4. ¿Existen regulaciones para Internet en otros países?

Bastaría rastrear información disponible en la propia web para encontrar la respuesta. En España, por ejemplo, la llamada Ley Antidescargas faculta al gobierno para eliminar en un lapso tan corto como cuatro días aquellos sitios que publiquen contenidos violadores de normas que protejan el derecho de autor. Como se supondrá, entre los patrocinadores de la ley figuran grandes consorcios transnacionales que se benefician de esa medida.

En Estados Unidos, el Presidente norteamericano puede desconectar los servicios de Internet hasta por cuatro meses, en caso de que se produzcan ataques cibernéticos que pongan en peligro la seguridad nacional.


Congreso Bolivariano de los Pueblos hacia la Unión Bicentenaria de los Pueblos

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