Foto: Volante repartido por ATTAC Noruega
Cristian Ariel Peña, desde Oslo.
24/10/14
El Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) fue uno de los blancos predilectos de las protestas impulsadas por el “European Day of Action” la semana pasada. El tratado multilateral, que apunta a liberalizar el mercado de servicios e incluirá entre sus “mercancías” a materias tales como salud, educación y transporte, cuenta con la participación de siete países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. Además, Uruguay, quien solicitó su ingreso en 2013, ya tiene el visto bueno de la Unión Europea (UE) y espera confirmación.
El TISA prevé desregular los servicios financieros y posibilitar el acceso irrestricto a los flujos de información personal contenidos en la web. Asimismo, pretende liberalizar sectores ligados a logística portuaria, construcción, suministro de energía, distribución de agua, contabilidad, marketing, publicidad, actividad bancaria y de seguros.
Impulsado por capitales con sede en Nueva York, Londres, París y Frankfurt, completan la lista de Estados miembros a los 28 países de la UE, Noruega, Australia, Canadá, Taiwán, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
TISA: heredero del neoliberalismo de los noventa
“Se trata de una tentativa para ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) que generó, en el pasado, protestas mundiales”, dijo Rosa Pavanelli, secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Efectivamente, en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) impulsó el AGCS con el objetivo de profundizar la matriz neoliberal en el área de “servicios”. En 2001 las negociaciones entre los 129 países de la OMC sufrieron un impasse en la ronda de Doha, Qatar, cuando un bloque de Estados planteó la necesidad de que países centrales eliminen subsidios a actividades agrícolas, exportaciones y demás políticas proteccionistas.
Tras el estancamiento del AGCS luego de Doha (conocido como “el ciclo de Doha”), la crisis financiera de EEUU en 2008 y la prolongada recesión económica europea, el TISA irrumpió en 2012 con el firme objetivo de profundizar la liberalización económica mundial y contrarrestar la influencia de potencias emergentes en las transacciones comerciales. El Grupo de Amigos de los Servicios (RGF) es el principal lobbysta del tratado y su estrategia consiste en negociar al TISA por fuera de la OMC, de modo que una vez avanzados los acuerdos se cuente con una correlación de fuerza favorable frente a los BRICS y sus aliados.
En términos reales y por inverosímil que parezca, el TISA está a la derecha de la OMC y las directrices de la AGCS. Por ejemplo, el TISA establece que todos los mercados existentes dentro de los Estados miembros deberán regirse según su normativa salvo los que sean excluidos en una “lista negativa”. Toda nueva actividad que se genere por avances tecnológicos u otras razones quedará bajo las reglas del acuerdo. En contraste, el AGCS establece la confección de una “lista positiva” por parte de los países donde se explicite los servicios que se pretenden liberalizar.
TISA top secret
El TISA y sus negociaciones tienen como característica primordial el secretismo y la reticencia informativa. En abril de 2014 el ISP dio a conocer la primera información pública sobre el tema a través del documento “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”. Los gobiernos intervinientes no se pronunciaron sobre la información difundida.
En mayo, Wikileaks, tras cumplirse 2 años del asilo de Julián Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, publicó el borrador secreto del “Anexo sobre Servicios Financieros”, donde se corroboraba la participación de 50 países en el tratado (que representan el 68% del comercio internacional en servicios) y el papel estelar de EEUU y la UE como autores e impulsores del acuerdo.
En este sentido, Wikileaks también reveló el empeño por mantener la confidencialidad respecto a las condiciones inherentes al acuerdo. Según cita textual del documento desclasificado los pormenores del acuerdo podrán ser revelados “cinco años a partir de la entrada en vigor del TISA o, en caso de no acuerdo, cinco años después del cierre de las negociaciones”.
Se puede afirmar con certeza que las conversaciones secretas comenzaron a principio de 2012 y se oficializaron en 2013 sin hacer público el contenido de las mismas. A fines de septiembre de 2014 se concretó la novena ronda de negociaciones y para diciembre se prevé la décima.
El contenido de lo que se negocia, las posiciones de los Estados miembros y los resultados acaecidos, son un misterio para las ciudadanías de los países participantes.
El TISA en América Latina
De los países latinoamericanos que participan en el TISA, seis integran la Alianza para el Pacífico: Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Costa Rica. Dicho espacio está alineado con la política económica del par EEUU-EU por lo que su ingreso al TISA guarda cierta lógica con los movimientos geopolíticos regionales desandados en la última década. Así se pretende fortalecer el contrapeso continental al Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), quienes hasta aquí han desarrollado una política económica más autónoma respecto a EEUU y la UE, profundamente solidaria (sobretodo en el caso de la ALBA-TCP) y, en su apoyo a la tesitura de un mundo multipolar, tendiente al vínculo comercial con los BRIC’s.
Los dos países restantes son Paraguay y Uruguay, tal vez los socios más débiles del Mercosur (que también incluye como miembros plenos a Brasil, Argentina y Venezuela). En Paraguay, luego del golpe de Estado perpetrado contra Fernando Lugo en 2012, que puso fin a un tímido proceso de reformas en favor de las mayorías, se instauraron administraciones fieles a intereses de grupos económicos nacionales y transnacionales, y compatibles con la perspectiva representada por el TISA.
El caso de Uruguay es mucho más complejo y quizás su ingreso al tratado sintetiza el destino de los gobiernos progresistas y su -descartado el camino de cambios estructurales y más aún horizontes anti-imperialistas y anti-capitalistas- alineamiento explícito al capitalismo global.
http://notas.org.ar
http://notas.org.ar
Comentarios