Texto y fotos: Yásser Gómez / Mariátegui
10/06/10
A un año del Baguazo, los que ordenaron la matanza del pueblo amazónico y los responsables de la muerte innecesaria de policías, siguen impunes. Por eso para el 8 de junio las organizaciones indígenas: ORPIAN, AIDESEP Y CONACAMI convocaron a una movilización que reunió a unas tres mil personas, esta se inició en la Plaza San Martín del Centro de Lima y se dirigió varios kilómetros al sur hasta llegar a cinco cuadras -donde se ubicaba el cordon policial- del Museo de la Nación sede de la 40ª Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos).
La movilización no tuvo la cantidad de gente que participó hace un año en Lima luego de los sucesos en Bagua, tampoco estuvieron presentes como organización la mayoría de gremios, sindicatos y partidos de izquierda o indígenas, la participación en la marcha de los activistas fue espontánea. ¿Será por que estamos en tiempos electorales?
Mariátegui. La revista de las ideas recogió las reflexiones de algunos participantes en la movilización.
Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad aseguró que a un año de los sucesos en Bagua la criminalización de la protesta por parte del gobierno aprista se ha incrementado y no se ha hecho nada por identificar a los responsables de la muerte de los policías e indígenas. Además señaló que al acercarse las elecciones el régimen de Alan García intenta influir en este proceso y ocultar los crímenes contra los luchadores sociales y los casos de corrupción que involucran a militantes de su partido.
Por su parte Nora Melchor, presidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, dijo que el gobierno aprista no ha hecho una autocrítica por la masacre en Bagua sino todo lo contrario, porque continúa persiguiendo a los dirigente involucrados en protestas sociales como las de Islay o Chala.
El objetivo político de esta manifestación fue entregar un memorial con exigencias de los pueblos indígenas, donde destacaban el pedido del corte definitivo del juicio del Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota y decenas de hermanos Awajun que están perseguidos, heridos o presos, producto de la Criminalización de la Protesta Social, la implementación transparente de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas, la defensa de los derechos comunitarios ante megaproyectos de infraestrucura e hidorcarburos.
Todos compartimos las reivindicaciones de los pueblos indígenas, pero ante un evento internacional como el de la reunión de cancilleres de la OEA se omitió enlazar las luchas locales con las continentales. Para así darle más relevancia política y mediática a la protesta. Por ejemplo, el tema del armamentismo que el gobierno peruano intentó colocar como tema principal --con el objetivo de atacar al pueblo venezolano y utilizar políticamente la polarización con Chile. Se debió denunciar el armamentismo de Colombia y México, las bases militares norteamericanas en el primero, la ocupación de los EE.UU. en Haití, el rechazo a la masacre de voluntarios que viajaban a Gaza, la solidaridad con Argentina en el tema de Las Malvinas que estuvo en la agenda de la reunión. Además rechazar el regreso del gobierno golpista de Lobo a la OEA y repudiar la presencia de Hillary Clinton secretaria del Departamento de Estado de los EE.UU..
Cuando caía la tarde la movilización culminó con un mitín -a cinco cuadras de la reunión de la OEA- donde participaron dirigentes de los gremios indígenas, sindicales y estudiantiles. Mientras un integrante del colectivo Teatro Loco permanecía echado en la pista -a los pies de la policía- ensangrentado y con una cadena en el cuello. Una puesta en escena callejera que explica de manera contudente como se vive hoy en Perú la represión estatal y la criminalización de la protesta.
Yásser Gómez. Periodista. Editor de Mariátegui. La revista de las ideas.
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