Lorenzo Solíz - Claudia Vedia / CIDOB - Mariátegui
Foto:ABI
03/07/10
Se inició la segunda semana de la VII Marcha Indígena "Por el Territorio, la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas" protagonizada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB, que partió desde Trinidad el 23 de junio. El país ha estado expectante y se han realizado análisis desde diversos ángulos y perspectivas sobre la misma, y las instituciones de la sociedad civil han tenido diferentes reacciones. Aquí nos referimos a los siguientes aspectos:
1. Nuevas formas de relación gobierno-organizaciones indígenas.
Algunos analistas ven en la marcha indígena de la CIDOB una nueva forma de relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales; consideran, equivocadamente, que las organizaciones campesinas indígenas estuvieron sujetas a él, y el inicio de esta marcha sería, por tanto, el rompimiento de la alianza entre el gobierno y las organizaciones sociales.
Otros, buscan aprovechar esta marcha para intentar llevar las aguas a su molino: sectorial, regional o político, incluso personal. Por su parte, el Gobierno, también erróneamente, considera que este movimiento es creado por actores externos: ONGs, oposición, entre otros.
Para quienes consideran que las organizaciones campesinas indígenas son en cierto modo iguales y en general aliadas del gobierno nacional, es necesario entender que hay organizaciones (CSUTCB, CNMCIO-BS y Organizaciones Interculturales) que reconocen en sus estatutos orgánicos al MAS como su instrumento político -lo cual es totalmente legítimo- y por convicción están respaldando al Gobierno y lo seguirán haciendo en el futuro; otras organizaciones tienen sus propios instrumentos políticos: PASO, MOP, entre otros, aunque su alcance es sólo local. Pero también hay otras organizaciones, como la CIDOB, que no tienen instrumento político; por ello, no dudan en discrepar ni protestar contra medidas que consideran injustas, ni renuncian a sus reivindicaciones y demandas, como es el caso ahora.
Por tanto, no debe sorprender que pese a tener alianzas con el gobierno, estas organizaciones reaccionen en defensa de lo que consideran justo para su sector -como ya lo han hecho por ejemplo el año pasado por la asignación de escaños indígenas en la Ley Electoral Transitoria o contra la construcción de represas sobre el río Madera. Y no se las puede tildar de estar en contra del proceso de cambio; como se sabe, ellas han sido, sin ser las únicas, actoras principales que han posicionado en el debate nacional, con su IV Marcha del 2002, la demanda de Asamblea Constituyente y la necesidad de elaborar una nueva Constitución; aspectos estos que están contribuyendo a los cambios y transformaciones estructurales que el país -no sólo el gobierno, ni sólo el partido en función de gobierno- está logrando en estos últimos años.
Como dignamente manifestaba un dirigente del TIPNIS en plena marcha: “Yo quiero decirle a la opinión pública y al mismo Presidente Juan Evo Morales que hemos venido apoyándolo y seguimos apoyándolo hasta ahora, eso no quiere decir que vamos en contra del Presidente… nosotros vamos por una causa justa y lo que menciona que hay injerencia de organismos internacionales no es verdad…. aquí el trabajo del proceso de cambio no es el trabajo del MAS o del presidente Evo Morales, es un trabajo de todos los sectores sociales especialmente de los pueblos indígenas”.
Ojalá esta marcha también ayude -a quienes sostienen que no existe sociedad civil, porque al acceder las organizaciones sociales a espacios de poder ya serían Estado- a comprender que la sociedad civil sí existe, se expresa, protesta, propone y marcha. Que al reivindicar sus demandas y propuesta no está contra el Estado, con afanes desestabilizadores o, peor aún, en “las filas de la oposición”.
2. ¿División de las organizaciones indígenas?
Cuando se supo que la APG y la CPESC negociaban con el gobierno y que no marcharían con la CIDOB, se mostraron sonrientes quienes quieren ver dividido al movimiento indígena. Sin embargo, la CPESC se incorporó a la VII Marcha Indígena y, en verdad, los temas negociados por la APG no son de beneficio sólo de ella sino de todas las TCOs de tierras bajas y altas. Y es que las TCOs, que son propiedad colectiva, al convertirse en Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) corrían el riesgo se convertirse en algo así como “territorio libre”, expuesta y a merced de intereses de particulares, no sólo campesinos sino una diversidad de sujetos que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas que demandaron dicho territorio. Esto no sólo es un riesgo potencial sino ya es un hecho en algunos territorios indígenas o en tierras comunales tituladas colectivamente; advenedizos -muchos de ellos vinculados con empresas- través de diferentes mecanismos se van “haciendo comunarios” con el único propósito de aprovechar los recursos naturales como la tierra, los recursos no maderables del bosque -castaña, cacao, plantas medicinales, palmito, etc.-, maderas, recursos de caza y pesca, zonas de pastoreo, etc., sobre todo en tierras bajas y la amazonía. Por eso, a nuestro entender, el acuerdo de la APG con el gobierno para que sean las comunidades indígenas que las demandaron las únicas titulares del derecho propietario colectivo, es una salvaguarda para todas las TCOs y una contribución a las organizaciones indígenas.
Empero, no se puede desconocer que las tensiones generadas por posicionamientos en torno a la Marcha están afectando internamente a algunas de las organizaciones, como la CPIB.
Con todo, estas situaciones de tensión y cierta desarticulación de las organizaciones indígenas no es la primera vez que ocurre, ya en años anteriores la misma CIDOB tuvo crisis y riesgo de paralelismo, que lo supo manejar y superar. Consideramos que ahora también estará en condiciones de superar este eventual impasse.
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