Radio Temblor / Mariátegui
Foto: latribuna.hn
17/07/10
Organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas, de mujeres, campesinas y ciudadanos en general se manifestaron a través del llamado Huelga Nacional contra la ley 30 conocida como “9 en 1” que desde su aprobación el sábado 12 de junio ha sido rechazada por la forma en que el gobierno la impuso, y las lesiones graves a la democracia de Panamá.
La huelga que tuvo su epicentro en todas las provincias de la república de Panamá, hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli que por medio del Consejo de Gabinete aprobó una resolución mediante la cual se crea la comisión especial para la mesa de diálogo para la revisión de los artículos 12, 13 y 14 en 90 días. Quedando fuera de la discusión artículos referente al ambiente y la impunidad a la policía nacional en su uso de la fuerza.
Acción que genero cuestionamiento de la población por no acoger la derogación de dicha ley, que conlleva una serie de irresponsabilidades que el gobierno desestima como los daños futuros, y actuales producto de los enfrentamientos de las unidades antidisturbios y el pueblo de Bocas del Toro. En donde hay un saldo de 152 personas ingresadas al Hospital Santo Tomas de la capital con heridas en el rostro con pérdida de ojos y desfiguraciones por la represión directa a los rostros de los manifestantes con municiones de alta consecuencia para la integridad física.
De los objetivos de las organizaciones y pueblo ante estas movilizaciones y huelga además de la derogación de la nefasta ley “9 en 1” esta la eliminación de 7 %, derogación de la ley 14 conocida como Carcelazo y el Decreto 944, que reglamenta la transformación curricular.
Cabe mencionar que ante los hechos en Bocas del Toro se instalo la comisión para los “Acuerdo de Changuinola” integrada por representantes de sectores de trabajadores, empresa privada, sector ecuménico, partidos políticos y el órgano ejecutivo, que se espera que no sea otro circo de burlas para el pueblo para mediatizar y desmovilizar las luchas de los sectores populares que exigen urgentemente justicia y un gran alto a la represión a los ciudadanos.
La huelga fue tan efectiva que en los colegios su espíritu falto, y las consignas como el caminar de comunidades rurales y docentes dieron muestra que la lucha es del pueblo y no de la oposición partidaria como el gobierno manifiesta.
En la capital del istmo, las marchas fueron por las calles y avenidas sin registrase enfrentamientos y provocaciones de agentes infiltrados. Lección que hizo al gobierno retroceder y valorar la dirigencia popular nacional. Entre ellas ULIP y FRENADESO, como también AEVE (Asociación de Educadores Veragüense) que en los distintos planteles educativos hicieron bandera el lema “Quién no se atreve a luchar, no merece educar”. También en la Universidad de Panamá se llevaron manifestaciones por parte del movimiento estudiantil, de trabajadores y profesores.
Del sector rural, hay que destacar la lucha de las comunidades antirepresas y antimineras que salieron hasta la Panamericana en Vigui, Tabasará, río Cobre, río Santa María y Cerro Pelado de la provincia de Veraguas y la comarca indígena Ngöbé Büglé para exigir el cese de proyectos depredadores como la derogación de la ley 30.
También los últimos detonantes fueron los montajes por medio de pinchazos de teléfonos expuesto por el gobierno en los medios de comunicación, detenciones a obreros que el Segundo Tribunal Superior de Justicia las declararon como ilegales, y el levantamiento de las ordenes de conducción para dirigentes sindicales, dirigentes sociales como el Prof. Juan Jované y la ecologista Yaritza Espinosa de nuestro Colectivo Voces Ecologicas. La cual queda al descubierto que el gobierno quiere perseguir hasta desaparecer al movimiento popular de Panamá.
Nuestro colectivo Voces Ecológicas, agradece la solidaridad de los pueblos del mundo y organizaciones y redes de toda índole que han extendido su apoyo.
Radio Temblor por olectivo Voces Ecológicas
http://leydemuerte.blogspot.com/
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"…cese la represión contra el movimiento popular…"
Comunicado
Servicio de Paz y Justicia en Panamá
julioyao1@gmail.com
Panamá, 12 de julio de 2010.
El Servicio de Paz y Justicia en Panamá se dirige a la comunidad nacional e internacional con el fin de expresar su posición en torno a los hechos suscitados en las últimas semanas y que comprometen la vigencia de los derechos humanos y la democracia en nuestro país.
En primer lugar, condenamos la represión a la que fue sometida la población de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, que se unió a las demandas laborales de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines, iniciadas el pasado 2 de julio, quienes propugnaban por el pago de sus salarios retenidos y el descuento de la cuota sindical por parte de la empresa Bocas Fruit Co., así como la derogación de la Ley 30 de 2010. Esta represión dio como resultado dos muertos, según la prensa escrita: Antonio Smith y Virgilio Castillo, así como centenares de heridos y detenidos. El gobierno nacional de manera negligente reconoce una semana después de los hechos, que la empresa incumplió con el Código de Trabajo, y llama a una negociación a la dirigencia sindical.
De igual modo, condenamos el encarcelamiento injusto del periodista Carlos Núñez, las presiones al periodista Paco Nadal, de La Prensa , el maltrato al periodista Mauricio Valenzuela, del Panamá-América, y hostigamiento a Jean Marcel Chery, del Siglo.
En este aspecto deseamos reproducir el pronunciamiento de la Directora de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa, sobre los acontecimientos, quien deploró los hechos de violencia en Changuinola y señaló: “…que de conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, con pleno respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”.
En segundo lugar, cuestionamos las órdenes de allanamiento, conducción y detención, así como las acciones de hecho que han llevado a cabo las autoridades nacionales, llámense Ministerio Público, Departamento de Investigaciones Judiciales (DIJ) o Policía Nacional en contra de dirigentes reconocidos del movimiento social panameño, como Genaro López, Gabriel Castillo, Saúl Méndez, Juan Jované, Damián Espino, entre otros, las cuales son claras muestras de persecución política contra las voces que disienten de las medidas antipopulares adoptadas por el gobierno actual.
Como parte de estas medidas se han aprobado las leyes No 14 y 30 de 2010, que afectan seriamente el derecho a la protesta, echan por tierra el derecho a huelga, comprometen el derecho de sindicación; otorgan excesivos privilegios a las unidades de policía y exoneran de estudios de impacto ambiental a las empresas transnacionales que ejecuten proyectos declarados de “interés social y público” por el Ejecutivo, por lo cual muy diversos sectores de la sociedad panameña han manifestado su fuerte descontento, motivo por el que han sido presentadas múltiples demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes.
Las autoridades gubernamentales juraron cumplir hace un año, cuando fueron electas, la Constitución y la Ley , las cuales garantizan un Estado de Derecho y las bases de la participación democrática de la población, la cual no se limita al ejercicio del sufragio cada cinco años, sino que abarca el ejercicio de derechos civiles y políticos como la libertad e integridad personal, el derecho de reunión, de asociación -incluyendo la asociación sindical-, de libre expresión -incluyendo el derecho a disentir- y manifestación pública.
Consideramos que se está promoviendo un peligroso clima de intolerancia política desde las altas esferas de gobierno, lo cual compromete la vigencia de los valores democráticos y de los derechos humanos en nuestro país.
Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a que cese la represión contra el movimiento popular, sean liberados los detenidos políticos, sean investigadas imparcialmente las muertes de Antonio Smith y Virgilio Castillo, derogadas las Leyes 14 y 30 de 2010 y se retorne a la senda del diálogo constructivo, el respeto al disenso y a la legalidad.
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