Y decide expulsar el religioso Paul Mc Auley.
Linda Lema Tucker / Mariátegui
10/07/10
El presidente García decidió no firmar la Ley a la Consulta , una norma que respeta los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT y que mereció el reconocimiento de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Hoy, las más destacadas organizaciones indígenas del país se preparan a protestar con diversas medidas que van desde movilizaciones hasta paros regionales, tras la terquedad del gobierno en continuar desconociendo no solo los derechos de los pueblos indígenas, sino la existencia misma de estos pueblos. Tal circunstancia pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia en el país.
Esta situación está asociada con los graves delitos contra el medio ambiente ocasionados por las empresas extractivas de petróleo y mineral. Son los caso del derrame ocurrido en el rió Marañón, donde 350 barriles de petróleo de la empresa Pluspetrol fueron a parar en sus aguas, perturbando la vida a las poblaciones de la zona de San José de Saramuro y otras comunidades nativas. Así mismo, el desbordamiento de los releves tóxicos en el río Opomayo por la empresa minera Caudalosa Chica que ha afectado a más de 40 mil pobladores de la provincia de Angaraes.
Frente a éstos atentados, el gobierno calla. En cambio, decide expulsar al religioso inglés, Paul Mc Auley, por su defensa obstinada a las poblaciones indígenas achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo y su lucha por la conservación de los bosques amazónicos. Cuando estaba escribiendo esta nota se conoció que el gobierno había dado un paso atrás al suspender la orden de expulsión del destacado hombre de fe.
Concierne al gobierno pronunciarse ahora y sancionar severamente a las empresas responsables por la contaminación ambiental, luego deberá de promulgar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas aprobada por el Congreso como resultado de los diálogos y debates de congresistas, funcionarios y dirigentes indígenas tras ocho meses de trabajo. Aún más, cuando el gobierno peruano ante la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció la importancia de la consulta y dio como sentado que la norma sería aprobada por el Presidente de la República.
Lo cierto es que un breve tiempo, el presidente García ha observado la Ley y una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho vigente respecto a los derechos de los pueblos indígenas ha sido dada con la intención de confundir y retardar la dación de dicha norma. En tanto, las organizaciones indígenas esperan su promulgación de la Ley porque es dependiente del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el Convenio 169 y de las resoluciones de las Naciones Unidas.
Finalmente, quiero dejar sentado que los pueblos indígenas no son ciudadanos de segunda categoría, como sostiene la doctrina “El síndrome del perro del hortelano”. Muy por el contrario, señor presidente, son ciudadanos de primer orden, sabios y dignos y tienen mucho que enseñarnos. Basta recordar que habitaron estos territorios antes de la creación del Estado actual, por tanto, son dueños de los recursos naturales existentes sobre la tierra y debajo de la tierra. Esta es una verdad histórica. Luego del 5 de junio del año pasado, dejaron de ser invisibles y creo no equivocarme, no cesarán por su derecho a ser consultados, por sus territorios, por ser diferentes y por tener un modelo de desarrollo propio.
Una cosa más. Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y solo tenemos dos caminos: la salvación de madre tierra o la muerte.
Linda Lema Tucker. Socióloga experta en poblaciones indígenas y desarrollo sostenible.
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