Mariátegui
15/09/09
Según informó la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), el viernes 11 de septiembre cuando su abogado Marco Barreto se dirgía al 41° Sala Penal de Lima para sustentar el habeas corpus a favor de cinco dirigentes perseguidos, fue abordado por dos personas de apariencia militar, quienes le advirtieron que no intente avanzar hacia el Ministerio Público -ubicado a una cuadra de distancia- porque no se lo iban a permitir.
Para la AIDESEP, este operativo pretendía que Barreto no llegue a la audiencia programada y así no pueda sustentar el pedido a favor de los dirigentes Alberto Pizango, Teresita Antazú, Saúl y Cervando Puerta y Marcial Mudarra. Si ocurría esto, sólo una de las partes hubiera sido escuchada y mostraría una imagen negativa de la AIDESEP, sin contar que hay una constancia de inasistencia.
La organización indígena también denunció que el coordinador general de la Mesa N° 3, Denis Pashanase, recibió en su domicilio (Yurimaguas) una amenaza para que se retire de la misma, sino tendrá que afrontar las consecuencias. Por eso, el Consejo Directivo Nacional de la AIDESEP exigió al gobierno nacional, que investigue estos hechos.
Por otro lado, la vicepresidenta de AIDESEP, Daysi Zapata, aseguró que la resolución ministerial que oficializa la Comisión Investigadora de los hechos de Bagua se hizo a escondidas, porque en las últimas reuniones no se permitió la participación del coordinador de la Mesa Nro 1, Carlos Navas y tampoco la del Apu Salomón Awanansh. Zapata agregó que los representantes del Ejecutivo afirmaron que esas reuniones tenían sólo carácter informativo y no era necesaria la presencia de dirigentes nativos. Ante esto AIDESEP ya presentó su disconformidad al Ministerio de Agricultura.
Y a nosotros, la suspicacia nos empuja a preguntarnos si detrás de todo esto están ¿Las manos sucias del gobierno?
Comentarios