CAOI / Mariátegui 07/11/09
La aprobación del Dictamen Ley 1912, que da fuerza de ley a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, fue postergada ayer en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afropeuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, debido a la oposición de los legisladores del APRA, partido de gobierno.
De manera inusual, todos los congresistas apristas integrantes de la Comisión asistieron a la sesión del martes 3 de noviembre. Por lo general, no dan importancia alguna a los temas relacionados con los pueblos indígenas y acostumbran faltar a las sesiones. Pero en esta oportunidad, fieles a la consigna y práctica de su gobierno de desconocer los derechos de los pueblos indígenas, concurrieron en bloque y presentaron una serie de objeciones al citado dictamen, logrando con estas maniobras postergar su aprobación.
Entre sus argumentos, los congresistas apristas señalaron que el artículo 3 de la Declaración habla sobre autodeterminación, lo cual representa un peligro porque promueve la división del Estado.
Esto es totalmente falso, porque la propia Declaración en el primer inciso del artículo 46, señala textualmente que “Nada en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que (…) autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes”.
Otro argumento fue que la Declaración podía ser incompatible con la Constitución y las normas internas, por lo que había que pedir la opinión de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, así como revisar artículo por artículo del instrumento internacional.
No son más que pretextos. Porque si la Declaración contraviniera la Constitución y las normas internas o pusiera en peligro la integridad del país, ¿por qué el Estado peruano, administrado ya en el 2007 por el Partido Aprista, no solo dio su voto a favor de ella sino que estuvo entre los países que promovieron su aprobación?
Lo cierto es que detrás de estas maniobras solo está el afán de desconocer derechos esenciales de los pueblos indígenas, para continuar lotizando el país a fin de entregar más y más concesiones a las transnacionales extractivas en territorios indígenas y criminalizando cualquier asomo de protesta.
Finalmente, la mencionada Comisión del Congreso acordó volver a tratar el tema en su próxima sesión, convocada para el martes 17 de noviembre, en la que se pediría la opinión de los organismos del Estado y las organizaciones indígenas.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, reitera su llamado a los congresistas de la República para que asuman su responsabilidad y aprueben el dictamen. Y convoca también a las organizaciones indígenas, al conjunto del movimiento social y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos para impedir que el gobierno de Alan García y sus partidarios boicoteen el debate.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
CAOI - Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
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