Vicente Páez / EA - Mariátegui10/11/09
La convocatoria de Eduardo Avilés a formar comandos anticomunistas es extemporánea. Pero se le agradece la sinceridad por exponer al menos una situación cotidiana. En realidad los grupos parapoliciales o paramilitares ya están en operaciones desde hace décadas. El saldo, más de 120 dirigentes campesinos y campesinas asesinados, crímenes que siguen impunes hasta el momento, a pesar del “proceso de cambio”, iniciado en agosto del 2008.
Basta con leer el “Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005)” elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para tener idea de la magnitud de esta desigual pelea, que todavía es favorable a los criminales.
“En 53 casos son sindicados como victimarios guardias parapoliciales o sicarios, en tanto que 22 ejecuciones arbitrarias están atribuidas a agentes de la Policía Nacional, ya sea en actuaciones oficiales (represión con manifestaciones públicas, desalojos o cumplimiento de órdenes de detención), como en atentados criminales perpetrados por agentes fuera de sus funciones oficiales, conjuntamente con sicarios.
“En todos los caos de ejecuciones arbitrarias perpetradas por civiles armados, se constató de un modo fehaciente que el Estado incumplió su deber de prevención y garantía o su deber de investigación y sanción, e incluso ambos deberes respecto a un mismo caso. Las acciones de estas bandas parapoliciales son manifiestamente ilegales y corresponde su persecución penal sin excusas en cualquier caso”, siguió relatando el reporte, aún ignorado por la mayoría de la ciudadanía, dada su, lógica, escasa difusión por parte de los medios de comunicación oligárquicas, fieles a sus principios y defensora de sus negocios, tierras entre ellos.
El informe Chokokue prosigue: “Sin embargo, a pesar de que esta situación fue denunciada debidamente ante las autoridades públicas, los actos delictivos de estas bandas continúan impunemente, ante la ausencia de control pública, sin que ninguna medida de prevención se haya adoptado para prevenir su accionar o reestablecer el orden público”.
“Nuestro país está militarizado, en Paraguay se vive un régimen semi feudal en donde una oligarquía bastante poderosa está presente en todas las estructuras de poder”, argumentó Belarmino Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo.
Queda pues, en manos, de los trabajadores y trabajadoras organizados, tanto del campo como de la ciudad, seguir bregando por la transformación estructural de esta realidad. Neike.
* El informe Chokokue, en su versión digital, está disponible en: http://www.codehupy.org
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