ACIN / Mariátegui
21/02/10
En Colombia estamos en emergencia social. La salud, la educación y el territorio, se están entregando a las multinacionales. Y para esto, claro, la excusa perfecta es la guerra. Es el caso de la comunidad Embera Katio del Resguardo Urada Jiguamiandó, donde el ejército bombardeó su territorio con la excusa de combatir a la guerrilla. De esta forma desplazan a la gente con terror para que no reclamen ni defiendan sus derechos. Porque si lo hacen, saben muy bien que pueden terminar en una fosa común como la descubierta hace unos días en la Macarena, convertida ahora en un símbolo de barbarie e impunidad.
También, la guerrilla por su parte le sirve al proyecto de la codicia con su estrategia absurda de terror. Hoy conmemoramos con tristeza los hechos ocurridos el 4 de febrero de 2009, en el Municipio de Barbacoas, Nariño, donde fueron masacrados 17 hermanos indígenas de la comunidad indígena Awá por parte de la guerrilla de las FARC. Todavía hoy, un año después, acusados de ser informantes del ejército y también colaboradores de la guerrilla, se encuentran en medio de las balas que buscan silenciarlos y desplazarlos para quedarse con sus territorios.
Pero no es la única estrategia que utilizan los señores de la guerra. Quieren también dejarnos sin nuestros territorios por la vía legislativa. La estrategia del momento es la expedición por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) de un oficio que niega la existencia de los resguardos indígenas coloniales. Pasándose (una vez más) por encima a la Constitución y sin sustento jurídico, este gobierno desconoce que los pueblos indígenas somos los dueños legítimos de estos territorios.
La estrategia que ya utilizaron anteriormente con otros pueblos, la repitan ahora con descaro. Una vez que no existan los resguardos coloniales reconocidos, les quedan abiertas las puertas a las transnacionales y a los terratenientes para entrar y sacar lo que quieran y expulsar a la gente. Con un oficio quieren implementar el TLC, la Ley Forestal, el Estatuto Rural y así someter a los pueblos sin recursos y sin territorio a un modelo económico decadente.
El mismo modelo que ahora obliga a los pacientes a esperar lentamente su muerte y a los médicos a traicionar su juramento hipocrático so pena de ser multados o despedidos. Ahora, con la nueva reforma a la salud implementada por este gobierno, se corta la esperanza de ser atendido en los hospitales y clínicas porque desaparece la ley que garantiza la atención y se pierde la posibilidad para millones de personas de escasos recursos de acceder por vía jurídica a procedimientos médicos de media y alta complejidad.
Los decretos de emergencia social tienen un problema de fondo que es la Ley 100, ya que a pesar de que ésta permitía exigir el servicio de salud jurídicamente, a nivel general, con esta ley, el estado se desentendió de su responsabilidad de brindar la seguridad social al pueblo colombiano, entregándosela a las EPS.
Y mientras esto sucede, nosotros, desde el territorio del Gran Pueblo, seguimos denunciando este genocidio. Lo hacemos con la convicción de que no todo esta perdido. Aunque el terror y la mentira avanzan, los pueblos dignos todavía caminan para soñar con un mundo mejor. La verdad encuentra espacios para salir y revelar el engaño y la ocupación sistemática que se apodera de nuestros territorios. Sabemos que el cambio viene, sabemos que somos nosotros quienes construimos ese cambio. Lo estamos haciendo, desde los campos creando soberanía alimentaria, desde las ciudades resistiendo a las políticas de barbarie que masacran la salud, desde nuestros propios medios pronunciando la verdad para defender y proteger la vida. Desde estos y desde muchos otros espacios donde surge la conciencia para que no hayan mas fosas comunes, para que los pueblos indígenas tengan derecho a vivir en sus territorios y para que por fin tengamos políticas justas que nos permitan sentir que vivimos en un país digno.
ACIN - Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
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