Mariátegui
22/02/10
Después de cuatro décadas de fracaso y de millones gastados en la Guerra contra las Drogas en América Latina que no han logrado reducir el consumo ni el tráfico pero si ha abrumado a los policías, los tribunales y las cárceles. Ante eso hoy existe una tendencia en América Latina por romper con las políticas de drogas implementadas hasta hoy. En ese contexto se realizó el 8 de febrero en Lima la conferencia Las Reformas en América Latina en la legislación sobre drogas organizada por el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Transnational Institute (TNI).
En el evento se debatió las recientes iniciativas de reforma en la legislación en países como Ecuador, Argentina, México y Brasil en relación a las sustancias controladas, las drogas ilegales. Estos cambios ocurren desde una perspectiva de derechos humanos y parten de la búsqueda de una mayor proporcionalidad y racionalidad entre los actos cometidos y la sanción que impone la ley.
Estuvieron como ponentes: Fredy Rivera (Ecuador), Subsecretario de Seguridad Interna, Ministerio del Gobierno, Mónica Cuñarro (Argentina), Fiscal y Coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Tráfico Ilicito de Estupefacientes, Ana Paula Hernández (México) Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIDH), Luciana Boiteux (Brasil) Universidad Río de Janeiro, Rodrigo Uprimny (Colombia) De Justicia y Diego Giacoman (Bolivia) Investigador y Consultor.
Ecuador, Argentina, México, Chile, Brasil y Bolivia han reformado o están en el proceso de reformar sus leyes de droga. En 2008, Bolivia incluyó en su nueva Constitución a la Hoja de Coca como patrimonio cultural. En Argentina, a fines de 2009 la Corte Suprema determinó inconstitucional el fijar sanciones criminales por la posesión de pequeñas cantidades de droga para uso personal, y se esperan modificaciones a la ley que reflejen el fallo de la Corte. Por su parte México también promulgó recientemente una ley de descriminalización del porte para el consumo.
Para Pien Metaal, Investigadora del TNI, la descriminalización trata de impedir que los consumidores acaben en la cárcel, pues el consumo es un tema de salud, no del sistema carcelario. Asimismo señaló: "Pero también las reformas buscan que los sistemas de justicia se enfoquen en los grandes traficantes, en vez de en los eslabones más bajos de la cadena del tráfico, aquellos que entran al negocio por pobreza: agricultores, burriers, consumidores".
En diciembre del 2009 la Cámara de Representantes en los EE.UU. aprobó una propuesta de ley que crearía una comisión de expertos para revisar la actual política de drogas y proponer cambios, propuesta que lleva implícita el reconocimiento de que la política actual no ha dado los frutos deseados. Al respecto, Coletta Youngers investigadora afiliada a WOLA afirmó: " Estados Unidos está empezando a dar pasos interesantes hacia el cambio".
Por su parte, Ricardo Soberón, director del CIDDH aseguró: "Las políticas de drogas de los últimos cuarenta años no han servido en el Perú, nuestros tribunales están abrumados y las prisiones no pueden más". Según cifras recogidas por el CIDDH cada año la policía nacional detiene a 12 mil personas por actos de Tráfico Ilícito de Drogas (TID), 8 mil de estos son personas que poseían drogas para consumo personal, pese a que el consumo no está tipificado como crimen.
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