EFE / Mariátegui
15/06/10
La ciudad peruana de La Oroya, a 185 kilómetros al este de Lima, acató ayer lunes un paro indefinido para pedir la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run, a la que el Gobierno ha negado nuevas prórrogas en su programa de adecuación y manejo ambiental.
Los pobladores de La Oroya, dependientes directa o indirectamente del complejo metalúrgico de capital estadounidense, formaron piquetes desde la madrugada para bloquear la vital carretera central, que comunica a Lima con el centro del país, y al mediodía el tránsito era muy restringido, informaron a Efe fuentes policiales.
Según la comisaría de La Oroya, en el transcurso de la mañana hubo tres personas detenidas que estaban transitando "en actitudes sospechosas", pero después fueron liberadas.
La Policía lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes para limpiar la carretera que había sido cubierta con piedras en un tramo, y negó las versiones periodísticas de que haya cuatro heridos a consecuencia del enfrentamiento.
La masa de manifestantes "sigue ahí" alrededor de la carretera en escaramuzas con la Policía: cuando es dispersada por los agentes, los vehículos logran atravesar la zona lentamente, hasta que regresan de nuevo a la vía, dijeron las fuentes.
Sin embargo, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Luis Castillo, declaró a Efe que la Policía ingresó a las viviendas de los trabajadores en la localidad de Marcavalle lanzando bombas lacrimógenas.
"La situación es bastante difícil, pedimos al Gobierno no provocar a los trabajadores y que se abra el diálogo porque esto a nada bueno va a conducir", agregó.
Castillo se quejó también de que la intervención policial en las casas dejó varios niños "asfixiados y asustados".
El dirigente sindical, que trabaja en Doe Run, informó que las organizaciones sociales de La Oroya convocaron una marcha de banderas blancas que recorrió la ciudad al mediodía para pedir que se evite la violencia y se cumpla con los compromisos medioambientales.
Doe Run suspendió sus actividades hace más de un año debido a los problemas financieros que le impidieron terminar su programa de adecuación y manejo medio ambiental, para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el procesamiento de cobre, que hacen de La Oroya el municipio más contaminado de América.
El Gobierno le dio 10 meses de plazo para culminar con las obras, que termina el 24 de julio, y le flexibilizaron las condiciones financieras, pero la empresa respondió hace unos días pidiendo nuevos requisitos entre los que figuran una modificación en el contrato para proteger a sus accionistas de posteriores demandas judiciales y el pago fraccionado de una millonaria deuda tributaria.
Castillo agregó que los trabajadores han decidido ir al paro como una reacción ante el anuncio del Gobierno de que cerrará la fundición el 24 de julio si persiste en la paralización de actividades.
Rechazó el plan de que los trabajadores de Doe Run sean reubicados en otros centros mineros del centro de Perú porque el trabajo de metalurgia que ellos realizan en la fundición es muy diferente al que se desarrolla en la extracción de mineral.
El presidente de Perú, Alan García, dijo, en declaraciones a los periodistas, que la compañía buscar chantajear al Gobierno recurriendo a la manipulación de sus trabajadores, y conseguir así que el Parlamento les dé más plazos "para que finalmente no invierta ni dé solución al problema de contaminación del medio ambiente".
"Esta es una empresa que ha tenido muchas gollerías (beneficios) con muchas excepciones a lo largo de muchos años", (pero) "si no cumple con presentar los recursos para completar el tratamiento ambiental, entonces la mina y la refinería deben ser cerradas", afirmó.
El jefe de Estado pidió a los trabajadores que "no caigan en el juego de la empresa, ya cayeron una vez, ellos tenían fe en que dándole un año de plazo a la empresa iba a conseguir los recursos, pero ahora vemos que no se ha logrado eso".
No obstante, Castillo respondió al mandatario que en este caso hay " una confabulación del Gobierno y la empresa (...) para dejarnos sin puesto de trabajo y desaparecer los sindicatos".
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