CCS / Mariátegui
15/06/10
Está de moda entre los delincuentes del país, justificar sus delitos amparándose en la figura de perseguido o preso político, entre ellos figuran varios ejemplos, el más reciente de ellos es Guillermo Zuloaga acaparador de oficio.
Ya son conocidos por la opinión pública nacional los distintos hechos punibles del malhechor en cuestión: tras un allanamiento, previas denuncias, el CICPC y el INDEPABIS hallaron 24 vehículos nuevos estacionados en su vivienda y se comprobó que estaban siendo engordados para venderlos luego a precios exorbitantes y obtener jugosas ganancias.
En tal sentido y en un acto de justicia el tribunal 13 de control dictó orden de captura contra Guillermo Zuloaga y su hijo, ambos ya habían sido imputados por los delitos de usura genérica y agavillamiento.
Debe ser una vergüenza para el periodismo venezolano la defensa a ultranza que hace toda la nómina del partido político Globovisión de su jefecito. Como era de esperarse, lo catalogan como un hecho político y casi lloran desgarrados, pues según ellos se trata de una venganza personal del Presidente contra este ¡ilustre venezolano!. Se atrevieron incluso a emitir un comunicado en el que afirman que se trata de una represalia por “opinar y disentir” afirman que “a Guillermo Zuloaga se le está castigando por sus opiniones en Globovisión”
Obvio, ellos no operan sin sus amos internacionales, los otros capos, los de la Sociedad Interamericana de Palangristas (SIP) rechazaron la orden de captura y le atribuyen el hecho a la supuesta falta de libertad de expresión en el país. Sencillamente errados como siempre, Zuloaga y su hijo se vendían uno a otro los carros hasta que los sacaban a la calle con precios impagables. La SIP debería estar más bien metida en Honduras, calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la actualidad. Deberían estar protestando por los asesinatos y atropellos de Israel contra periodistas y activistas en la flotilla humanitaria.
Es tan descarado el capo Zuloaga, que ante las cámaras de televisión dijo “puede ser que especulemos, pero generamos empleo”. Según esa máxima ¿entonces los narcotraficantes impulsores de prostíbulos y todo tipo de actividad ilícita son unos héroes porque generan empleos? ¡Qué desfachatez!
Lo que esperamos todos los venezolanos es que esta vez sí se pueda hacer justicia, pues los grandes capos como Zuloaga no pagan sus delitos, sino que se van a sus paraísos de corrupción y golpismo en el exterior (llámese Colombia o Perú) pues tienen apoyo y protección gubernamental, recordemos a Manuel Rosales, Nixon Moreno, Pedro Carmona Estanga, Eligio Cedeño y muchas joyas más, que bajo la figura de perseguidos políticos aún no pagan sus delitos en el país y siguen manejando sus mafias desde el exterior
En eso deben estar Zuloaga y su querubín, decidiendo a donde pedir el “Asilo Político”. Desde esta trinchera, pedimos a las autoridades JUSTICIA, no debemos seguir permitiendo que se vayan estos delincuentes y continúen en la ofensiva contra el pueblo venezolano.
CCS - Diario Ciudad Caracas Socialista
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Fiscal General informó que fueron dictadas órdenes de aprehensión contra Guillermo Zuloaga y su hijo
Zulay Rosas / Yvke Mundial
15/06/10
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que a solicitud del Ministerio Público, fueron acordadas órdenes de aprehensión contra el empresario Guillermo Zuloaga Núñez y su hijo Guillermo Zuloaga Siso, quienes fueron imputados en su oportunidad a raíz del almacenamiento irregular de 24 vehículos, localizados durante un allanamiento realizado el 21 de mayo de 2009, en una quinta ubicada en los Chorros, Caracas, propiedad del empresario.
La máxima representante del Minsiterio Público informó que el fiscal 1° nacional, José Gregorio Morales, solicitó la orden de aprehensión ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acordó la petición por considerar que estaban llenos los extremos legales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Recordó Ortega Díaz que ambos empresarios fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento, previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y el Código Penal.
Señaló que corresponde ahora a las autoridades policiales practicar la captura de ambos ciudadanos, quienes deben ser presentados ante el tribunal de control, el cual decidirá qué medida se adopta legalmente.
La Fiscal General explicó que el artículo 143 de la ley del Indepabis, por el cual fueron imputados ambos hombres, establece textualmente que "Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años"
Asimismo, indicó que sobre el delito de agavillamiento, el artículo 286 del Código Penal tipifica que "cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años".
Esta investigación se inició a raíz de una llamada telefónica a través de la cual se denunció que en una quinta había una serie de vehículos que pudieran ser de dudosa procedencia.
A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento, la cual fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas, con los resultados antes señalados.
En su oportunidad, fueron analizados los documentos consignados por el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, el 27 de mayo, según los cuales existen irregularidades por parte de los directivos de las concesionarias Toyosan y Toyoclub, ambas vinculadas con el empresario Guillermo Zuloaga y su hijo.
Vale destacar que a raíz de la situación irregular planteada durante el allanamiento con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y otros funcionarios, se abrió una investigación adicional por presunta obstaculización de la justicia donde fue imputada la abogada Perla Jaimes.
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