Eduardo Arce / Mariátegui
28/08/10
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un elusivo grupo armado al que se le atribuyen algunos secuestros y asesinatos, no ha tenido aparición pública desde abril de este año, cuando las autoridades los responsabilizaron de la muerte de cuatro personas.
"El EPP no es una organización que tenga una presencia constante en el territorio nacional, que es lo que lo podría caracterizar como grupo insurgente. Tiene visibilidad a través de lo que el gobierno informa y solamente a partir de eventos represivos", le dijo a BBC Mundo Andrés Ramírez, un abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
"Tiene presencia puntual, 'golpes', que en este momento no se están dando porque, según el gobierno, lo tiene cercado e imposibilitado de operar", afirmó.
Las autoridades atribuyen al EPP los secuestros de dos empresarios ganaderos, Luis Lindstron, en julio de 2008, y Fidel Zavala, en octubre de 2009, pero en ningún momento la organización lo admitió.
No obstante, un hombre que dijo ser vocero del EPP reivindicó la semana pasada, a través de una emisora radial de Asunción, la muerte a tiros de un dirigente campesino a quien "se le ajustició por pyrague (delator)", según dijo.
"Esta acción es una advertencia de que no quedarán impunes todas las personas que siguen cometiendo esta falta, engañados o interesados por el sucio dinero ofrecido por los tiranos del poder para atentar contra su propia clase", expresó el supuesto portavoz al leer un comunicado de la organización.
Sin embargo, rápidamente el ministro del Interior, Rafael Filizzola, negó que el dirigente asesinado haya proporcionado al organismo a su cargo, ni a la Policía Nacional, "ningún tipo de informe y mucho menos que se haya beneficiado con la recompensa".
El gobierno del presidente Fernando Lugo ofrece una recompensa de hasta US$100.000 por "datos útiles que lleven a la captura efectiva" de 17 personas consideradas "enemigos del pueblo paraguayo" y "principales dirigentes" del EPP, según las autoridades.
Violaciones de DD.HH.
"Lo que sí ha logrado visibilizar la presencia del EPP es un preocupante retroceso en el respeto a los derechos humanos", manifestó Ramírez.
"Hoy tenemos una Ley Antiterrorista, una Ley Antisecuestro, una Ley que aprueba el pago a informantes", dijo.
"Se reinstaló el servicio militar obligatorio; tenemos un sistema de escuchas telefónicas ilegales instalado por el Ministerio del Interior y métodos medievales como el polígrafo como forma de investigación policial", relató.
Un documento elaborado por la Codehupy sostiene que "la política de seguridad aplicada por el Estado sigue sin adecuarse a los estándares internacionales sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos, por lo que en lo sustantivo sigue vigente el paradigma heredado de la dictadura del General Stroessner" (1954 - 1989).
El texto explica que ese modelo "se construye sobre la base de la brutalidad y la corrupción policial como estructura" y se sustenta "ideológicamente en la doctrina de la seguridad nacional y el combate al enemigo subversivo (ahora denominado terrorista)".
Según la coordinadora, "siguen siendo una constante las denuncias de aumento de la corrupción en la Policía Nacional así como las prácticas sistemáticas por parte de policías de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones extrajudiciales, principalmente, contra dirigentes campesinos y grupos sociales organizados, así como las detenciones ilegales".
El ministerio investiga
Por su parte, la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Diana Vargas, aseguró a BBC Mundo que todas las denuncias se están investigando pero que “que se presenten denuncias no significa necesariamente que haya ocurrido el hecho violatorio”.
“Sin caer en la irresponsabilidad de dar una respuesta general puedo afirmar que algunas denuncias fueron desestimadas pero en otros casos se dieron los hechos que la Codehupy apunta aunque no en los términos que se mencionan”, expresó.
“Por ejemplo, la tortura es un concepto que requiere de mayor precisión y nosotros decimos que pudo haberse dado algún tipo de abuso excesivo de la fuerza por falta de entrenamiento suficiente de la Policía y como consecuencia quizás se pueda hablar de malos tratos o tratos inhumanos pero no de tortura, así como ellos hacen figurar”, agregó.
La Codehupy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia con carácter reservado, durante el próximo 140º Período de Sesiones, que se realizará en noviembre, para presentar información relacionada con la situación de los Derechos Humanos en Paraguay en el marco de las Políticas de Seguridad del Paraguay.
Envió, asimismo, el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el Examen Periódico Universal (EPU) que debe llevarse a cabo en enero del año próximo.
El Consejo reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos en 2007 y es un organismo que tiene procedimiento intergubernamental, donde se examinan aquellos asuntos que son considerados por defensores de DD.HH como los principales problemas que se observan en el terreno.
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Las autoridades atribuyen al EPP los secuestros de dos empresarios ganaderos, Luis Lindstron, en julio de 2008, y Fidel Zavala, en octubre de 2009, pero en ningún momento la organización lo admitió.
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