Carlos Reyna / Mariátegui
24/11/10
Hace unos días, una marcha de la gente de Ancón (bahía ubicada al norte de la ciudad de Lima) expresó su oposición al puerto de la empresa Santa Sofía. Estaban desde pobladores permanentes hasta residentes veraniegos, pasando por los pescadores artesanales y el alcalde recién electo.
Es tan obvio el inminente daño ambiental a la bahía que también se oponen varios ex líderes empresariales. Incluso El Comercio ha opinado en ese sentido. Pero allí siguen sus promotores, como el ministro de Transportes, arriesgando que el conflicto llegue a extremos.
Extremos como los de Islay (Región Arequipa), muy al sur, en donde agricultores protestan por el proyecto minero Tía María de Southern. En medio de daños e intentos de bloqueo de la carretera, la represión policial ya dejó varios heridos.
La mina abrirá dos enormes tajos en pleno Valle del Tambo. De las tierras voladas saldrán 100 mil toneladas diarias de mineral durante 18 años. En el 2009, en la zona de impacto directo, una consulta expresó un mayoritario no al proyecto. En abril pasado, luego de un paro y bloqueo, el gobierno admitió que carecía de consenso. Pero, con el apoyo del ministerio del ramo, Southern ha seguido avanzando y el diálogo nada.
Las organizaciones del Valle plantean una nueva consulta, pero esta vez de carácter vinculante. El gobierno dice que eso no es legal. Lo que quiere decir el Ejecutivo es que está legalmente facultado para imponer grandes proyectos sin consultar en serio a las poblaciones afectadas. A lo más, escenifica remedos llamados audiencias.
Lo de Ancón e Islay ya ocurrió antes y seguirá ocurriendo en otros lugares, desde Tambogrande hasta Espinar. Para el caso indígena, mientras madura otro conflicto por la mina Afrodita en el Cenepa, el gobierno pretende convertir la ley de consulta en una de imposición.
Cuando el centralismo y el verticalismo generan regueros de protesta, solo cabe hacer los cambios para dar algún valor vinculante a las opiniones regionales y locales respecto a los proyectos ubicados en sus lugares. Una democracia es sobre todo un régimen en el que la opinión de la gente cuenta.
Cabría preguntarse si alguno de los candidatos dirá algo serio sobre este problema y cómo resolverlo. O, para el caso de Lima, si la alcaldesa electa tiene alguna solución a proponer por lo de Ancón.
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