Mariátegui
21/12/10
Mariátegui. La revista de las ideas entrevistó a Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo en Islay, Arequipa, quien nos contó como va el diálogo con el gobierno y aseguró que siguen firmes en la defensa del medio ambiente y en la lucha contra el proyecto minero Tía María de la transnacional Southern Perú.
- ¿Cómo van las conversaciones con el gobierno aprista?
- El jueves 2 de diciembre realizamos una asamblea popular que decidió continuar las medidas de paralización, pero permitió a la dirigencia que pueda en algún momento buscar la salida conversada con el gobierno. Así de esta manera cursamos un documento por escrito sobre la petición concreta de una consulta de partes. Hemos tenido una reunión con el Ejecutivo y tenemos la promesa según las conversaciones que hemos sostenido, de que en las próximas horas debe estarse comunicando la fecha de la reunión, donde el otro actor del conflicto -que es la Southern Perú- estaría con nosotros pero únicamente para tratar el tema de una consulta de partes y poder darle una salida, ese es el pedido desde la sociedad civil.
Obviamente, si no lo acepta la Southern estaríamos agotando la vía del diálogo y en lo que significa el aspecto social tendríamos que retomar nuestra paralización, porque en nada ha variado el acuerdo del Valle del Tambo de la provincia de Islay de decirle No a la minería.
En el aspecto técnico se ha formalizado anteayer con la Red Muqui un espacio con la finalidad de tener un nuevo análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y poder establecer el trabajo de la línea socio-económica básica. Esto con la finalidad de poder valorizar nuestro Valle del Tambo. Y en el aspecto legal a partir de que el 1 de diciembre se publicó en el diario oficial El Peruano las resoluciones 397 y 398, hemos presentado con fecha 6 de diciembre nuestro recurso de reconsideración en la vía administrativa.
Entendiendo de que si Southern ha presentado un programa con la finalidad de difundir el impacto -porque así decía esta resolución- tendríamos que presentar un recurso inmeditamente como acción de amparo, porque de acuerdo a la ley mientras que no se resuelva hasta la última instancia estos escritos -Ley 2744- ellos deben paralizar todo tipo de acción.
- La intención de ustedes es que esta nueva consulta sea definitiva, así gane cualquiera de las dos partes...
- Nosotros tenemos una consulta de fecha 27 de septiembre del 2009 en la cual el pueblo dijo mayoritariamente No a la Minería, pero el gobierno pese a todo esto siempre tiene una salida, dice que no es vinculante, que no hay una ley que lo acepete. Nosotros creemos que es parte de una licencia social, pero si la Southern afirma que tiene 30 mil firmas, que lo apoya una asociación de mil 400 agricultores y mucho más. Si nuestra población es de un promedio de 37 mil habitante, entonces la consulta la tienen ganada anticipadamente. Por eso deben aceptar la consulta de partes, donde los dos estemos de acuerdo en respetar un resultado vía un documento. Si nos ganan, tendremos que aprender a convivir con la minería y si les ganamos pues tendrán que irse de nuestro valle. Esa es la mejor salida conversada que podemos tener, no le encontramos realmente otro punto de partida en vista de que el gobierno actúa como árbitro o intermediario y ahí termina su función.
- ¿Cómo va lo del Estudio de Impacto Ambiental?
- Las dos resoluciones a las cuales les hemos interpuesto recursos de reconsideración, la primera la 397 establece de que esto a través de la UNOPS debe ser evaluado. Y el gobierno sostiene de que si la UNOPS le dice de que si, entonces el proyecto va y si le dice que no, entonces el proyecto no va. Pero la UNOPS es un organismo de las Naciones Unidas que su función principal es encargarse de contratar más no de evaluar. Por otro lado, si nosotros cuestionamos el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por inconsistente e incompleto, entonces como podemos aceptar que se evalúe algo incompleto.
También debemos entender que la otra resolución le crea mecanismos complementarios de participación ciudadana, pero la ley de participación ciudadana dice claramente que sólo se aprueban mecanismos de participación cuando una audiencia pública ha sido frustrada 3 veces y en nuestro caso sólo se fustró una vez porque las otras veces fue suspendida por decisión unilateral de Southern.
Por lo tanto, no creo que tampoco se pueda atropellar los derechos que tienen los pueblos simplemente para favorecer un proyecto minero. Es por eso que en la vía administrativa hemos interpuesto los recursos porque hay una norma la 2744 que así lo establece, al terminar esto iremos a un proceso contencioso el cual tenemos que trabajarlo, mientras dure esto la Southern debe abstenerse a todo tipo de acciones.
- ¿Que ocurriría si la consulta favorece a la Southern Perú?
- Si nos ganan tendremos que aceptar el proyecto y en ese entonces tendremos que sentarnos a conversar condiciones. Porque hay límites permisibles y tiene que evaluarse la licencia social, que es la convivencia de las buenas costumbres entre el que viene de afuera con los pueblos. Y actualmente este pueblo no le ha dado una licencia social, por eso existe una situación de conflicto de revanchismo, quizá hay un afán en la población de venganza por los atropellos que hemos recibido en el último paro, por el abuso indiscriminado, la violencia, más de 100 heridos, detenidos, dirigentes denunciados. A la población todavía no se le ha pasado ese sentimiento, aunque estamos apostando a la paz, la tranquilidad y la justicia pero ojalá que lo entienda el otro actor que es Southern.
- ¿Y si no se llega a ningún acuerdo con el gobierno?
- Seguir con la lucha es un acuerdo de la asamblea popular, eso ya no depende de Pepe Julio ni de ningún dirigente. Más bien esa es una de las cosas que no nos gustaría llegar, porque creo que una nueva lucha tendría un costo social elevado que nadie quiere. Y esto no siginifica ser amenazante pero creo que más bien es responsabilizar a un Estado por simplemente no asumir su verdadero papel y que en un momento en una situación de conflicto grande, puede llegar a cancelar inclusive una licencia de concesión como ha sucedido en Ancash que no es un mal ejemplo ni un referente, pero que si significa saber escuchar a los pueblos.
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