Mariátegui
14/01/11
Gloria Ines Ramírez es senadora por el Polo Democrático Alternativo (PDA) de Colombia, en entrevista con Mariátegui. La revista de las ideas, analizó el difícil momento que vive su país por la criminalización de la protesta y de las ideas, el continuismo uribista del actual presidente Santos y el proceso judicial en la que el Estado intenta sentenciarla por supuestamente apoyar a las FARC y al ELN.
- ¿Cuál es el balance del gobierno de Juan manuel Santos?
- El balance en lo social no es positivo, el gobierno de Santos es la profundización y la continuidad temática de Alvaro Uribe Vélez. Es decir, mantienen sus tres ejes que son la seguridad democrática, la inversión extranjera y desde luego todo lo que tiene que ver con darle la partida a lo que son las multinacionales y las transnacionales como tal.
El gobierno del presidente Santos lo ha llamado prosperidad democrática pero su esencia es exactamente la misma. Hay que decir que ha cambiado un lenguaje y un estilo y han sido cosas importantes por ejemplo: el restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela, de igual manera volver al canal diplomático para resolver el conflicto con Ecuador. Esto yo pienso que es importante pero no es una concesión de Santos no es porque sea bueno sino porque eran cosas que eran indefensables, había que hacer una rectificación de esas políticas para poder continuar en el poder y eso es lo que ha venido haciendo.
También ha querido mostrarle al país su proyecto de unidad nacional, es decir están casi todos los partidos que tienen representación política en el Congreso de la República son parte de ese acuerdo nacional a excepción del Polo Democrático Alternativo que se ha declarado como el partido de la oposición, porque consideramos que la política continuista es una política que no le hace bien a las mayorías colombianas.
Y eso lo evidenciamos en el aumento de la pobreza, que vemos en la ampliación de la brecha de inequidad social, Colombia es el país más inequitativo de América Latina. Es el país que tiene por ejemplo el índice GINI de propiedad de la tierra es el de más alta concentración, lo que implica que hay muchos recursos, hay plata fluyendo, pero esa plata no está beneficiando a la gente pobre a las mayorías nacionales, sino que se está concentrando todos los días en unas cuantas manos que son los grupos económicos de siempre.
Hay que decir también que tenemos un desempleo estructural con un índice del 13%, Colombia tiene un subempleo y una informalidad que está por el orden del 60%, tenemos un sistema de salud que ha colapsado. Sin embargo, las propuestas reformistas del presidente Santos no apuntan a dar una solución al problema estructuralmente sino de mantener lo que nosotros llamamos un maquillaje. Es decir seguir fortaleciendo la salud como un negocio y no como un derecho.
De igual manera en asuntos de la paz, el gobierno mantiene su teoría de que en Colombia no hay conflicto, que lo que hay es una lucha terrorista. Y con este argumento pues se sataniza lo que es la lucha y la protesta social, se siguen encarcelando y judicializando a los defensores de los derechos humanos, de igual manera siguen los asesinatos de sindicalistas.
El ejército colombiano sigue con su degradación y su corrupción, los falsos positivos se están descubriendo mucho más. Es decir, las ejecuciones extrajudiciales de aquellos campesinos e indigentes que eran asesinados y luego eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Todo esto hace parte de la política de persecución que se ha venido haciendo, es la política de agresividad para acabar supuestamente a la guerrilla, pero en lo que se ha convertido es en asesinatos y en ejecuciones extrajudiciales, donde los que son sacrificados son justamente la gente del pueblo.
Pero tenemos también que plantear de que en el marco de esto sigue el hostigamiento a la oposición, el mundo entero ya ha conocido las famosas chuzadas del DAS, que ha sido la manera de como se hizo espionaje a los miembros de las Cortes, tanto de la Corte Suprema como a los magistrados de las altas Cortes y a los líderes de la oposición.
Esto es algo que como escándalo ya debiera haber tenido un costo político, sin embargo en Colombia persiste y no se les olvide que el DAS dependía del Ministerio de la Presidencia directamente, es decir de Alvaro Uribe pero además el actual presidente -Juan Manuel Santos- era el Ministro de Defensa de aquel entonces.
Se habla de que hay garantías para la oposición, sin embargo el director del DAS que es el responsable de todas esas chuzadas sigue y ha sido ratificado en su cargo.
En la parte social se han tomado como banderas unos temas que son de mucha sensibilidad en el país como la repartición de la tierra, la ley de tierras como un principio de restitución a las víctimas y la ley de víctimas. Sin embargo, estas no colman las aspiraciones ni de las víctimas ni de los campesinos. La ley de tierras no significa reforma agraria y la ley de víctimas no necesita reparación integral.
Por eso nosotros hemos dicho que no acompañamos este tipo de proyectos porque instrumentalizan un discurso a favor para cooptar a la gente digamos hacia las expectativas de gobierno.
Y finalmente hay que decir que el problema del conflicto se sigue agudizado, nuestro gobierno no tiene una política de paz, todo lo contrario tiene una política de guerra. Tiene 2 enfoques: unos que plantean que la guerra, que al conflicto hay que darle una salida política y negociada sin conflicto y por lo tanto su desemboque debe ser a través de una solución política con reformas estructurales que ataque las causas. Y otros que plantean de que no hay guerra, no hay conflicto y por lo tanto lo que hay es una acción terrorista y sobre esa base su salida es el aplastamiento militar, la desmovilización, la entrega y eso nos lleva entonces a que las salida sea tierra y guerra arrasada.
Estos enfoques han generado una serie de víctimas pero sobre todo la degradación del conflicto donde los que pagan las consecuencias son la población civil, porque no se reconoce el derecho internacional humanitario, no se reconoce por ejemplo el principio de distinción entre los civiles y los combatientes. Se hace uso de las minas personales que en última instancia los que salen afectados son la población civil. Por eso nosotros consideramos que si queremos avanzar en América Latina, si se quiere avanzar en procesos integracionistas, si queremos trabajar por el progreso de la región, indudablemente eso pasa por una política de paz y eso pasa y está mediado por la solución política y negociada del conflicto colombiano.
Por eso hemos llamado para que los escenarios internacionales como UNASUR coadyuden para que en Colombia haya una solución política al conflicto.
- ¿Cuál es su análisis sobre la decisión de la Corte Constitucional haya pedido que se debata en el Congreso el permiso para que se instalen la bases militares norteamericanas?
- Toda esta política está mediada por los intereses norteamericanos, para nadie es un secreto que los EE.UU. a través del pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que está haciendo es intervenciones contra los países en primera instancia. Y que esas intervenciones se hacen con un plan de acción que defiende los intereses geoestratégicos norteamericanos.
De manera clara lo vemos en lo que significan las multinacionales y las transnacionales que están haciendo la extracción de nuestros recursos naturales, sabemos lo que significan el acuífero guaraní pero también la biodiversidad amazónica como una potencialidad energética en la cual los EE.UU. tiene puestos sus intereses fundamentalmente.
Por eso en lo de las bases militares Colombia siempre ha jugado un papel, como lo hemos dicho nosotros es la punta de lanza o el Israel de América Latina, desde el punto de vista que de manera arrodillada defiende los intereses de los EE.UU.. Esta política no ha cambiado sigue igual. Por eso trataron a través de un convenio extendido de 1962 colocaron bases colombianas al servicio o administradas por los norteamericanos.
La Corte Constitucional hizo su revisión y efectivamente tal y como nosotros lo habíamos señalado en su momento era inconstitucional. Este tratado tiene -por tratarse de nuevas condiciones- viola también la Constitución nacional porque nuestra Constitución no permite el tránsito de tropas extranjeras ni mucho menos de manera permanente.
Y lo que tenemos es que en Colombia hay más de 600 unidades militares, además de civiles norteamericanos que están allí y lógicamente que permanecen, viven en las bases militares y hacen trabajo desde las bases militares. Entonces, la Corte Constitucional le ha exigido al gobierno colombiano que debe llevarlo al Congreso de la República y trabajarlo como un nuevo convenio o un nuevo tratado y el gobierno de Santos ha pasado ya el bache frente a esa determinación de la Corte Constitucional.
- Sobre la criminalización de la protesta, hay muchos dirigentes, intelectuales, sindicalistas perseguidos en Colombia, creo que es el país sino me equivoco en América Latina donde la situación está más difícil...
- Sí, es el país que tiene 4 millones de desplazados producto del conflicto, pero sobre todo hay un proceso de criminalización y de judicialización de las luchas sociales. En esto hay una satanización y estigmatización de los campos universitarios de los jóvenes y de los profesores, donde por pensar distinto, por no estar de acuerdo con el pensamiento digamos del gobierno entonces son condenados como voceros del terrorismo o simple y llanamente como personas funcionales a los terroristas.
Esto desconoce los procesos de resistencia que han habido digamos dentro del país, pero sobre todo busca la intimidación de las luchas sociales.
En particular, tenemos que llamar el caso por ejemplo del compañero Miguel Angel Beltrán que es un profesor, académico, un sociólogo destacado y reconocido que ha hecho un gran trabajo de investigación y como pues hoy está en la cárcel aunque aún no tiene juicio va para 24 meses. Pero de igual manera los estudiantes con sus luchas en defensa de la universidad pública y en defensa de la vida también han sido satanizados, han aparecido los planes pistolas pero además hacen parte también del control que los paramilitares han hecho de las instancias universitarias.
También hay que decir de casos agravados como el de por ejemplo de la senadora Piedad Córdoba, es una mujer que ha jugado un papel importante en los procesos de paz sobre todo en la liberación de rehenes por razones del conflicto. Y ella ha sido víctima de un proceso disciplinario que la ha mandado al ostracismo porque le han negado la posibilidad de por 18 años no poder ocupar cargos públicos. Pero sobre todo, le han quitado la investidura, algo que es bastante cuestionable porque se supone que hay un fuero parlamentario y ese fuero solo se lo puede quitar el Consejo de Estado.
Sin embargo a través de una instancia que la Procuraduría General de la Nación se le ha silenciado a Piedad Córdoba llevándola al ostracismo pero de igual manera a varios dirigentes comunistas, quienes tenemos en la Procuraduría procesos disciplinarios o procesos de Fiscalía, donde hemos sido sindicados de rebelión de ser voceros del terrorismo. Lo que implica que hay una satanización para todo aquel que busque una salida distinta a la guerra, para quienes defendemos la salida política negociada, porque sabemos que las consecuencia de las guerras la pagan los pueblos.
Y nosotros hemos dicho que hay que parar la guerra, hay que buscar una salida política porque es la mejor manera de defender las ideas.
- ¿Cuáles son las supuestas pruebas contra tí?
- Con base a los supuestos computadores de Raúl Reyes se nos abrió un proceso, por lo que llamaron en el país la farcpolítica, que no es otra cosa sino crear un imaginario colectivo de que la izquierda es igual a los paramilitares a la corrupción y desde ahí quitarnos nuestra talla moral para seguir avanzando como procesos alternativos. Afortunadamente en nuestro caso, la Corte después de 18 meses de investigación profunda concluyó de que no había delito, inexistencia del delito. Sin embargo, la Procuraduría por el mismo caso a pesar de no existir el delito me ha abierto un proceso disciplinario que ya lleva más de 14 meses y aún no lo ha fallado a pesar de que la Corte ya falló. Y de igual manera se me ha abierto otro proceso por injuria y calumnia contra las fuerzas militares por denunciar lo que son los falsos positivos y los atropellos que las fuerzas militares han hecho frente a los derechos humanos.
- ¿De qué te acusan?
- De extralimitación de funciones, es decir que en defensa de los terroristas en este caso de las FARC y del ELN y la supuestas pruebas son los computadores de Raúl Reyes. Pero además hay una política también a nivel internacional de satanizar la lucha social pues ustedes encuentran que con base de los supuestos computadores. Entonces hoy hay penalizados en Chile, hay gente pedida en extradición, lo mismo en el Uruguay, todos aquellos que han generado procesos alternativos hoy tienen el remoquete de ser voceros de los terroristas.
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