Perú: Trabajadores azucareros exigen Ley de Protección Patrimonial


A pesar que Decreto de Urgencia les entrega acciones del Estado

Yásser Gómez / Mariátegui
23/02/11


En un intento por debilitar su lucha, el gobierno aprista le ha cedido a los trabajadores las acciones que el Estado tiene en las empresas azucareras. Los obreros de la caña de azúcar seguirán en huelga de hambre y acampando en la Plaza Dos de Mayo de Lima, porque este bondadoso acto del gobierno no sirve sino se aprueba la Ley de Protección Patrimonial.

Mientras esperan que en el mes de Marzo se inicie la legislatura del Congreso de la República, los trabajadores articulan acciones con sindicatos azucareros a nivel nacional y con los Frentes Regionales y Organizaciones Sociales para la Jornada de Lucha del 23 de marzo. Porque falta mucho para el objetivo final.

El gobierno mediante un Decreto de Urgencia (DU) le transifirió a los trabajadores las acciones que tienen las instituciones del Estado en las empresas agroindustriales Tumán (7.5% / S/. 9.4 millones), Pomalca (32% / S/. 63.2 millones ) y Cayaltí (33% / S/. 6 millones).



Los obreros de la caña de azúcar que desde hace 45 días acampan en la Plaza Dos de Mayo de Lima, saludaron la medida. Agradecieron la intención de algunos congresistas sobre todo del Partido Aprista (APRA) y la predisposición del Presidente de la República, Alan García de tratar de solucionar en algo la situación.

Del D.U. los trabajadores resaltan que se ha dispuesto retirar de la intención de venta de las acciones a Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) una institución del Estado muy cuestionada.

Además no va haber participación de terceros en la intención de venta, las acciones se van a distribuir de acuerdo a la predisposición de cada uno de los interesados sean trabajadores activos, trabajadores jubilados, viudas, huérfanos, herederos legales, todos aquellos que de alguna manera tengan por ejemplo Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) o adeudos laborales dentro de la empresa.

La preocupación de los trabajadores es que el documento no trae una reglamentación, no están muy claras las reglas de juego, aún cuando mas o menos se orienta de que el valor de la acción va a ser de acuerdo a como se cotiza en la Bolsa de Valores.

A pesar de la buena intención de este D.U. si la Ley de Protección Patrimonial (LPP) no se da es peligroso, más bien los trabajadores correrían el riesgo de que si ellos con su dinero, su CTS se dedican a comprar acciones, luego el precio de estas -ante la ausencia de una LPP- se irán al suelo. Entonces la medicina pude ser más nociva que la propia enfermedad. Por eso los trabajadores se reunirán con sus asesores para plantear una posición al respecto.

El objetivo de los trabajadores de Tumán, Pomalca y Cayaltí es quedarse en Lima hasta que se reúna nuevamente el Congreso de la República y contemple en su agenda la ampliación de la LPP, tal como lo ha a reiterado la Comisión Agraria del Congreso.

Hay que tener en cuenta que gracias a La Ley de Protección Patrimonial las actuales administraciones han desarrollado un proceso de saneamiento empresarial y reflotamiento de las empresas.

La entrega de las acciones del Estado a los trabajadores no significa que las deudas donde el Estado es acreedor de la empresa azucarera desaparecerán. Por que los montos que se podrían recuperar de esta posible venta no van a cubrir en un 100% los adeudos que el Estado tiene con los trabajadores.

Lo único positivo es que los trabajadores van a seguir controlando el paquete del accionariado en Pomalca, Cayaltí y Tumán sobre los porcentajes que tenía el Estado (escrito líneas arriba).

De esta manera podrían recuperar porcentajes muy importantes de la propiedad, pero esta podría ponerse en riesgo si es que no hay una LPP que las proteja -sobre todo- las administraciones, porque hay una serie de acreedores que quieren tomar el control de estas.

Y eso se va a reflejar inmediatamente en la Bolsa de Valores, va haber una tremdena crisis y lo que los trabajadores hoy pueden invertir en la intención de comprar las acciones con sus CTS, vendría a ser casi lo mismo que hizo Alberto Fujimori con la Ley 802. Sería una nueva estafa colectiva a los trabajadores pero un poco más disfrazada.

Ante el riesgo de que grupos monopólicos como Gloria intenten comprar estas acciones indivudalmente a los trabajadores, este D.U. tiene una norma que dice que todos los que adquieran las acciones no podrán comercializarlos dentro de un plazo de 2 años.

Aunque durante este tiempo no habría la preocupación de que vengan terceros a comprar las acciones, pero hay empresas que por su capacidad productiva son demasiado rentables y hablando de este tipo de transacciones 2 años para ellos no son nada.

En este tiempo se podría agudizar el valor de la acción, podría caer mucho más de lo que está en el mercado y de aquí a 2 años los terceros, ya liberados completamente podrían adquirir estas azucareras mucho más barato, casi a precio de regalo a diferencia del buen precio de hoy.

Para los dirigentes azucareros que resisten la lucha en la Plaza Dos de Mayo, este es un caramelo muy bien envuelto, es un arma de doble filo. Porque lo único que garantizará que esta "buena intención" del gobierno pueda tener un final feliz para los trabajadores, es que de manera urgente el gobierno y el Congreso de la República amplien la Ley de Protección Patrimonial.

Las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí han paralizado la producción por una decisión de los trabajadores y la administración. Uno de las razones es que están sin protección patrimonial, además han habido una serie de intentos de tomar la administración de Tumán y Pomalca.

El caso de Tumán ha sido bastante publicitado, se pretendió imponer una administración judicial de manera irregular, pero hay una unidad monolítica de los trabajadores lambayecanos que en todo momento han defendido el control, la gestión de la empresa y no lo han permitido.

Las fábricas están paralizadas porque si los trabajadores comienzan a producir azúcar, en el caso de que las administraciones que pretenden ingresar -a la fuerza o sin ella- lo hagan, van a llevarse la producción.

Así que por eso han optado por tener ahí las cañas de azúcar, madurando un poco más y ver qué es lo que sucede en el mes de Marzo -que es vital para ellos- cuando el Congreso reinicie sus funciones.

El jueves 24 de febrero en la Plaza Dos de Mayo se realizará una asamblea nacional donde estarán representantes de los trabajadores de todas las empresas azucareras del país. En esta reunión se tomarán medidas de lucha y acuerdos unitarios ante los atropellos del gran capital y del gobierno aprista.

En estos momentos la industria azucarera que se encuentra en manos privadas está convulsionada, son los casos de Cartavio, Casagrande, San Jacinto donde está el Grupo Gloria como administrador.

Los sindicatos están denunciando abusos contra los dirigentes, no reconocimiento de compromiso de pagos con la clase trabajadora, no respetan los pliegos de reclamos. Es decir, la industria del azúcar está convulsionada tanto en el nivel de la propiedad privada completamente en manos de nuevos dueños y en la asociativa que todavía está en manos de los trabajadores.

Hay un caldo de cultivo muy interesante que podría después de mucho tiempo convocar a los más importantes dirigentes azucareros.

Y el sábado 26 de febrero los obreros de la caña de azúcar participarán en el VII Encuentro Nacional de Frentes Regionales y Organizaciones Laborales y Sociales que se realizará en el local de la Federación de Construcción Civil en Lima, para definir la plataforma de la Jornada Nacional de Lucha del 23 de marzo. Las condiciones están dadas.

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