Venezuela: Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa

Mariátegui
17/02/11

SINTESIS

Este documento está basado en los comunicados emitidos por diversas organizaciones e individuos en relación al conflicto que sostienen los yukpa de la Sierra de Perijá con diversos actores, particularmente en relación a los sucesos del 13 de octubre de 2009 y el proceso judicial que se sigue contra tres indígenas involucrados en los hechos de violencia. Del análisis de dichos documentos se desprende que actores no indígenas del sector privado y del sector público se asocian para hostigar en sus tierras ancestrales a indígenas que resisten a la invasión cultural y territorial de la que están siendo víctimas. Empresarios y funcionarios inescrupulosos recurren a estrategias de división, promoviendo enfrentamientos entre comunidades, y después de que logran generar un conflicto y se producen pérdidas de vidas humanas, se apresuran para accionar acusando ante los tribunales ordinarios a los que se resisten, con el propósito de que reciban las sanciones penales de la cultura occidental después de un proceso judicial plagado de irregularidades de evidencia innegable. Los instigadores quedan a salvo. El conflicto se genera desde afuera, las agresiones se producen dentro de las comunidades, y con desproporción de medios, intereses espurios utilizan las instituciones del Estado para aplicar castigos ejemplares para que otros indígenas desistan de ejercer el derecho a vivir con dignidad en las tierras de sus abuelos. En un país en el que la enorme mayoría de los homicidios queda impune porque las capacidades policiales son rebasadas por las cifras del crimen, el Estado concentra sus esfuerzos para que unos indígenas en Perijá paguen caro por el desenlace de un conflicto alentado por oscuros intereses capitalistas que han permeado a las instituciones públicas. En otros pueblos indígenas ha habido casos aislados de homicidios y el Estado prácticamente se ha desentendido de ellos. ¿Por qué actúa de forma diferente con estos Yukpa?

PRONUNCIAMIENTO

El Hermano José Korta, Causa Amerindia Kiwxi, la Universidad Indígena de Venezuela y …………….., ante la inminencia de una posible sentencia en el juicio penal que se sigue en los tribunales ordinarios del estado Trujillo al cacique Sabino Romero y a otros dos indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, estado Zulia, se dirigen a la opinión pública para refrendar los planteamientos que han sostenido sobre la legitimidad de la lucha por las tierras ancestrales Yukpa, el rechazo a la invasión colonialista de ganaderos apoyados por funcionarios públicos y el desconocimiento de la Constitución vigente que establece la jurisdicción indígena de cada Pueblo para juzgar y sancionar delitos cometidos en su seno.

Los firmantes reconocen y dan voto de confianza a los pronunciamientos de la Sociedad Homo et Natura, por su acompañamiento perseverante, leal y solidario con el Pueblo Yukpa. Sus comunicados, que pueden leerse en http://www.elpueblosoberano.net/, han sido la fuente informativa fundamental para nuestro pronunciamiento.

HISTORIA DE LOS YUKPA EN LA SIERRA DE PERIJÁ

La historia escrita registra la presencia del pueblo Yukpa en el piedemonte de la Sierra de Perijá desde mediados del 1600 cuando los conquistadores españoles comenzaron las exploraciones cien años antes de la fundación de la Villa del Rosario en 1733. Sin embargo existen estudios antropológicos que sostienen que la presencia de los indígenas Yukpa en ese territorio se remonta a más de mil años.

En 1920, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, el Estado venezolano, a través del Presidente Provisional Vitorino Márquez Bustillos, le entrega 4500 hectáreas de superficie en el piedemonte de la Sierra de Perijá a la familia García en las personas de José Trinidad García y Joviniano García con indígenas, bosques y ríos incluidos. Más adelante hubo otras entregas a grupos familiares privilegiados por los gobiernos de turno.

Durante el siglo XX algunos miembros del sector ganadero, con la connivencia de diversos gobiernos, emprendieron el despojo de tierras de los pueblos originarios bajo la excusa del desarrollo agropecuario.

HECHOS RECIENTES

En tiempos actuales, cuando ya no es posible materializar la expulsión o la extinción física como vía para disponer de las tierras ancestralmente indígenas, presuntamente la familia Vargas envió grupos de sicarios para atemorizar al pueblo Yukpa en reiteradas ocasiones. Al comprobar que no obtenían los resultados deseados de ese modo, un grupo de ganaderos asumió otra vieja estrategia que han padecido numerosos pueblos aborígenes durante la conquista y colonización: dividir las comunidades y las familias, sembrando discordias y comprando a los que no mantienen una posición firme.
En la Sierra de Perijá se solapan intereses de ganaderos, con intereses mineros (carbón y otros minerales) y otros asociados a la condición fronteriza de la Sierra de Perijá. La frontera colombo-venezolana es reconocida como una de las más conflictivas de la América del Sur. Allí los ganaderos invasores se han apropiado de las tierras más fértiles y han empujado a los indígenas a otros espacios en los que se hace más difícil producir, recolectar y cazar el alimento según sus patrones tradicionales.
Chakpata es una de las comunidades Yukpa. Sabino Romero es el cacique de la comunidad y uno de los líderes que no aceptó ser acorralado por el “desarrollismo” en su propia tierra. Después de infructuosos años en los que no prosperaban las acciones para lograr la demarcación de tierras para su comunidad, prometidas por el presidente de la República para los pueblos indígenas, en los últimos años comandó la “recuperación” para el pueblo Yukpa de dos haciendas invadidas por un grupo de ganaderos de apellido Vargas: hacienda La Tizina, donde se asentó la comunidad Chaktapa y hacienda Kusare, donde se asentó la comunidad Guamo Pamocha.

A los responsables de la Comisión de Demarcación que se eternizaban en los interminables procedimientos administrativos les contrarió esa acción. Fue cuando se pudo observar claramente cómo se ponían del lado de los ganaderos los Ministerios del Ambiente, de Relaciones Interiores y –dolorosamente cierto- de los Pueblos Indígenas, con su ministra indígena ye´kwana a la cabeza.
En julio de 2008 es agredido salvajemente el anciano José Manuel Romero de más de 100 años de edad, padre del Cacique Sabino. El anciano muere como consecuencia de las lesiones el día 22 del mismo mes. Hay bastantes motivos para presumir que la agresión fue ordenada por ganaderos involucrados en las pugnas por la tierra y ejecutada por peones bajo su mando. Pero ese caso, curiosamente, el Estado no lo ha resuelto ni se ha iniciado juicio contra ninguna persona hasta la fecha actual, y hasta se le negó a su hijo Sabino copia del Informe de Fiscalía, a pesar de que el propio presidente Hugo Chávez encargó públicamente en dos oportunidades a la ministra Nicia Maldonado que estuviera pendiente de las investigaciones del caso.
El Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre de 2009, un grupo de funcionarios públicos fue a celebrar a la Sierra de Perijá en un acto que ofendió a todos los que defendemos los derechos de los indígenas. Ese día el Ministro del Interior Tareck El Aissami, llevó un mensaje bien claro para los pueblos indígenas, televisado a toda la nación: para las comunidades Yukpa que se doblegaron ante las presiones de los ministerios para que renunciaran a la idea de un territorio Yukpa continuo, y que aceptaran que los ganaderos se quedaran con las tierras buenas que están ocupando, hubo en calidad de premio, pequeñas porciones de tierras poco fértiles y un combo de regalos, materiales de construcción, tractores y camiones; para las comunidades Yukpa que resistieron no hubo tierras ni atenciones de ninguna especie.
Cualquier lector de estas líneas podrá imaginar sin mucho esfuerzo que las conversaciones entre las diferentes comunidades Yukpas, previas a esta irónica celebración, estuvieron rodeadas de fuertes tensiones, debatiendo entre ellas si aceptaban las dádivas del Gobierno o si resistían dignamente, exigiendo lo que la Constitución les reconocía. Sabino Romero, cacique de Chaktapa, era el líder que defendía con más pasión la idea de resistir.
Consumada la celebración, el sol volvió a salir al día siguiente.

SIERRA DE PERIJA 13 DE OCTUBRE DE 2009
A través de varias emisoras de radio locales, entre ellas LUZ-FM, algunos ganaderos y miembros del Frente Revolucionario Campesino por la Defensa del Mediano y Pequeño Productor difunden la acusación de que Sabino Romero ha robado varios lotes de ganado, aunque nunca presentaron pruebas.
Entre tanto, en la situación de tensión causada por la claudicación de las comunidades que habían aceptado las dádivas gubernamentales, Sabino Romero, ofendido porque el Cacique Olegario Romero también colaboraba en la campaña difamatoria que le acusaba de robar ganado, se fue a la Comunidad Guamo Pamocha, según sus propias palabras “con todos, con la familia para resolver la cosa como yukpas”. Iba desarmado y, en efecto, junto a él algunos de sus hijos y algunas mujeres de Chaktapa.
Ya en Guamo Pamocha el diálogo se tornó en tensa discusión, después vino el enfrentamiento físico y finalmente los disparos de arma de fuego que arrojaron el saldo de dos personas fallecidas y cinco heridos por proyectiles, entre ellos, el propio Sabino Romero y dos menores de edad, su hija y un sobrino. Las tensiones inducidas por actores externos habían logrado su cometido: los yukpa fueron divididos y, aunque no se terminó con la vida de Sabino, se tejió la trama para inculparlo por hechos de violencia.
A diferencia de lo que ocurre en casos similares, esta vez las instituciones actuaron con sorprendente eficacia: un comando de decenas de funcionarios acudieron al hospital Coromoto de Maracaibo para detener al líder yukpa. La justicia siempre es eficiente cuando se trata de los pobres, nos advirtió Alí Primera.

EL ASUNTO DE FONDO
El fondo del conflicto en Perijá no debemos buscarlo el día 13 de octubre de 2009 en los sucesos de Guamo Pamocha. La violencia no comenzó ese día y, lamentablemente tampoco es el capítulo final. La resistencia contra la invasión territorial y cultural continuará indefectiblemente como la vida se resiste a la muerte. Ese es el fondo del conflicto. Si el asunto de fondo no se atiende ahora con conciencia del momento histórico, seguirán naciendo Sabinos, porque el que está detenido hoy en Trujillo es apenas uno de los innumerables descendientes de Guaicaipuro entre quienes la semilla rebelde germinó.
A la luz de la historia, si no se corrige el curso de los sucesos, el ganadero y los capitalistas de la industria minera lucirán como encomenderos del siglo XXI y los Ministerios del Gobierno Bolivariano como instituciones coloniales que legitimaron el despojo de la manera más vil. La historia no perdona; tarde o temprano termina por desvelar la verdad.
El conflicto entre los Yukpa y el binomio ganaderos-funcionarios públicos es un capítulo más de las tensiones históricas entre el capitalismo depredador-colonialista y la diversidad cultural y biológica en la Madre Tierra. Si alguien debería ser juzgado por los tribunales del Estado, deberían ser aquellos que prostituyen las instituciones públicas, aquellos que se empeñan en destrozar los ideales más nobles de una revolución que quiere nacer también en la Sierra de Perijá; aquellos que, viviendo en el mundo al revés, no saben sino leer las leyes al revés, convirtiendo el mandato constitucional en papel mojado, objeto de su burla.
En consecuencia consideramos que el Ministerio Público debería estar investigando quiénes organizaron la campaña difamatoria contra Sabino por diversos medios y establecer por qué después no impulsaron investigaciones ni aportaron pruebas. Para culminar estableciendo responsabilidades por los daños al pueblo Yukpa.
Hace unas cuantas décadas no se consideraba delito matar indios en las sabanas de Apure. Hoy parece que predomina la idea de que tampoco lo es interferir en la vida de un pueblo indígena para carcomer su estructuración social y cultural, con el premeditado y alevoso propósito de desintegrarles primero, para apoderarse de sus tierras y recursos después. En las instituciones firmantes pensamos de forma opuesta, que el Estado debe dar claras señales de que esas prácticas serán perseguidas en cualquier territorio indígena, ya sean ganaderos, mineros, madereros o funcionarios públicos quienes las realicen.
En justicia, el mismo Estado debería ser promotor de la recuperación de los mecanismos tradicionales de solución de controversias entre los indígenas. Las prisiones son la vergüenza más escandalosa del sistema de justicia occidental, impresentables a la luz de la historia y la más flagrante violación masiva a los derechos humanos. En una de esas prisiones está detenido el Cacique de Chaktapa y otros dos indígenas.
La Sociedad Homo et Natura ha ido dando a conocer nutridas relaciones de elementos oscuros, extraños y contradictorios presentes a lo largo del desventurado proceso judicial en contra de Sabino Romero y Alexander Fernández, que deberían ser bien evaluados por alguna instancia pública que podamos considerar auténticamente imparcial. Entre tanto, los colectivos, indigenistas y académicos nos constituiremos como “Comisión de la Verdad” asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como actores políticos en un momento crucial del proceso venezolano y latinoamericano.
Cuanto más se quiera quebrar la voluntad de los Yukpa apegados a su tierra madre, mayor ejemplo de resistencia constituirán para el resto de los pueblos indígenas de Venezuela. Tampoco el verdadero pueblo criollo verá con simpatía batallas tan injustas y desiguales. Los capitalistas neoliberales y neocolonizadores son los únicos que podrían celebrar las derrotas de los débiles. Sabino preso o muerto será una victoria solo para los enemigos de la revolución indígena.

POSIBLES CONSECUENCIAS
Queremos advertir que en esta lamentable sucesión de acontecimientos, incluyendo la acusación y juicio de indígenas en desventajosas condiciones, el Estado venezolano podría resultar salpicado por los numerosos errores, extralimitaciones y abusos cometidos por funcionarios de diversas instituciones y de diversa jerarquía. Con la próxima sentencia de este juicio no concluirá el caso. Bien sea para celebrar una absolución o bien para lamentar una condena, los defensores de los derechos de los aborígenes en América Latina y en el mundo se harán eco de lo que suceda en el Tribunal del estado Trujillo.
Igualmente advertimos que, en nuestra opinión, al evaluar la lectura de los numerosos elementos relatados, el Estado corre riesgo de salir mal parado ante la opinión pública internacional. Y no deseamos que eso ocurra, por el bien de la institucionalidad jurídica, por el bien de los pueblos indígenas, por el bien de la interculturalidad del pueblo venezolano y por los derechos de unos indígenas castigados por levantar su voz rebelde contra los atropellos de quienes les hostigan. Ojalá que al Presidente de la República no le sigan ocultando sus más cercanos colaboradores unas cuantas verdades que puedan hacerle sonrojar más adelante, cuando tenga que rechazar la conducta de los poderosos que recurrieron a tácticas indignas de funcionarios que se suponen defensores de una revolución humanista, que se asociaron para aplastar con exceso de medios a unos indígenas que, liderados por un Guaicaipuro del siglo XXI, luchaban por el derecho a seguir viviendo dignamente en sus territorios ancestrales.
No estamos hablando de influir sobre las decisiones de un poder judicial que en nuestra opinión debió haber remitido a la jurisdicción indígena la resolución de este caso. Estamos hablando de la responsabilidad que tienen otras instituciones por los vicios que pueden haber introducido en el proceso, por los atropellos contra los derechos de mujeres y hombres indígenas, vejados y maltratados.
En el Anexo que sigue puede apreciarse un extracto de la desproporcionada cantidad de irregularidades, registradas por el colectivo zuliano que apoya a los Yukpa y publicadas en http://www.elpueblosoberano.net

ANEXO
Relación de vicios, irregularidades y atropellos observados en el caso contra Sabino Romero

Antes del 13 de octubre de 2009:
Había un prolongado proceso de rumores y propaganda por diversos medios tratando de desprestigiar y criminalizar al líder yukpa Sabino Romero Izarra y al Profesor y luchador social Lusbi Portillo.
El Fiscal 40, Víctor Raúl Valbuena, había impedido en el pasado que Sabino tuviese copia del informe del caso que llevaba dicha Fiscalía relacionado con el homicidio de su anciano padre, José Manuel Romero, en el que se acusaba al presunto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas.
Después de la detención de los tres indígenas Yukpa:
Posición parcializada y politizada por parte del responsable del CICPC Machiques.
En el CICPC de Machiques se torturó a Alexander Fernández Fernández para que culpara a Sabino y se auto culpara en sus declaraciones.
Detención ilegal y arbitraria de Sabino cuando recibía asistencia médica por heridas de arma de fuego en el Hospital Coromoto de Maracaibo, por parte 4 funcionarios del CICPC Maracaibo y más de 20 efectivos de la Guardia Nacional, posiblemente coordinada desde Caracas.
Incomunicación de Sabino (no se le permitía visitas de los abogados, prensa y familiares) por varios días en el Hospital Militar de Maracaibo.
Nunca hubo orden de captura ni documento alguno que manifestara la causa de la detención de Sabino
Nunca se tuvo en cuenta la condición de víctima y de herido del cacique Sabino.
Llamativo y sospechoso exceso de medios: en los inicios siete abogados/Fiscales acusadores fueron asignados por el Estado (en las etapas finales fueron nombrados tres fiscales).
Uno de los Fiscales, Víctor Raúl Valbuena (hoy recusado), tenía enemistad con Sabino y fuerte inclinación a favorecer a los ganaderos y militares agresivos del Fuerte Maroa contra Sabino y su familia.
La Jueza de Control del Circuito Judicial Penal de la Villa, abogada Judith Esperanza Rojas, negó la jurisdicción indígena, la reconstrucción de los hechos y la presencia en el juicio de académicos expertos en la cultura y jurisdicción Yukpa. Tiene intereses personales vinculados con el sector ganadero local.
Sabino y Alexander fueron torturados sicológicamente durante la estadía de 10 meses en instalaciones del Fuerte Maroa de Machiques
La esposa, hijas y hermanas de Sabino eran obligadas a desnudarse en presencia de los soldados en las visitas al Fuerte. Su hija Guillermina Romero Martínez en el mes de diciembre de 2009 fue agredida sexualmente y casi violada por uno de los soldados que controlan las visitas. La denuncia formulada ante la Fiscalía 2 y 3 de Maracaibo permanece engavetada.
El general Mateo Adames Weiland, a cargo del Fuerte, nunca atendió las denuncias ni investigó nada. Incluso mediante oficio número 52-033100000010 de fecha 13 de febrero 2010, con número de serial 0551, le comunicó a la juez del caso su decisión de suspenderles la visita, violentando la normativa vigente.
Hubo demasiados meses de mora por parte de la Magistrada Ponente y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Dra. Luisa Estella Morales para responder al Amparo Constitucional introducido ante la Sala Constitucional el 10 de marzo de 2010 por los abogados de Sabino y Alexander, Ricardo Colmenares y Leonel Galindo. La respuesta a la solicitud de Amparo Constitucional se produjo a través de la página Web del TSJ 10 días después de la toma de una de las puertas de las instalaciones del TSJ por más de 90 indígenas Yukpa y dirigentes sociales de varios sitios del país.
El Magistrado Aponte Aponte logró que la Sala Penal del TSJ radicara el juicio en el estado Trujillo alegando una supuesta conmoción pública en las comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá que las actividades y acciones de los grupos sociales solidarios con los Yukpa que socavarían la “neutralidad” del juicio realizado en la ciudad de Maracaibo.
En realidad el cambio de juzgado y de estado sirvió para impedir que la Jueza Erika Carroz, del Circuito Judicial del Zulia, continuara juzgando el caso, ya que había manifestado verbalmente y por escrito que ese juicio debería realizarse en la jurisdicción especial indígena Yukpa, de acuerdo a los criterios de los abogados defensores y a la Constitución. También se inclinaba a que los imputados fueran trasladados a un lugar de reclusión más apropiado a su condición de indígenas, conforme a la ley y a los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela.
El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, manifiestó públicamente que los hechos violentos acaecidos el martes 13 de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha nada tuvieron que ver con el proceso de demarcación de tierras indígenas. También dijo el viernes 30 de julio de 2010, en reunión con caciques Yukpa en el Tukuko, que no se están violando los derechos indígenas al juzgarles en los tribunales ordinarios, porque en caso de narcotraficantes y asesinos esa es la jurisdicción a aplicarse en Venezuela, no la indígena. Consideramos que esta afirmación es una opinión personal del ministro y que carece de sustentación legal. Por inducción de la Ministra Indígena, también presente, algunos caciques afectos a ambos ministros y miembros de Consejos Comunales intentaron detener y apresar a los dirigentes indígenas dignos que tuvieron la valentía de replicarle al ministro en el transcurso de la reunión.

Desde la radicación del caso en Trujillo:
El Juez del Circuito Judicial del estado Trujillo, Antonio Moreno Matheus, violando la LOPCI y el Convenio 169 de la OIT suscrito por Venezuela, envió a los tres imputados indígenas a la Cárcel Nacional de Trujillo
Dicho Juez niega la jurisdicción especial indígena, tal como hizo en su momento la Jueza de Control Judith Esperanza Rojas.
El detective del CICPC Nerio Castillo Paz, jefe del Departamento de Investigaciones en la Sub-Delegación Machiques del CICPC para la fecha de los acontecimientos, ante la pregunta que le hizo el fiscal auxiliar Lenín Terán sobre el motivo por el cual no pudo acceder el mismo día 13-10-2009 la Comisión Conjunta encargada de investigar lo sucedido entre las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha, respondió que un conflicto en la vía entre ganaderos e integrantes del pueblo Yukpa les obstaculizó el paso dos horas antes aproximadamente, a tal punto que el comisario que lideraba la operación tuvo que suspenderla hasta la tarde del día siguiente. Pero un acta suscrita por el mismo detective hablaba solamente de ganaderos y Federación Campesina. Esto parece muy extraño y da pie para sospechar que no había interés en los funcionarios del CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana en llegar oportunamente al sitio y esclarecer los acontecimientos.


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