Perú: Demandas y propuestas sobre industrias extractivas a candidatos presidenciales

Mariátegui
23/03/11

Ante la campaña electoral y la necesidad de pensar en alternativas frente al modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, 16 organizaciones de la sociedad civil que agrupa a expertos de diversas disciplinas se han unido para elaborar 28 propuestas y plantear demandas a los candidatos presidenciales en el plano político, social, ambiental y económico.

“Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión. Hay graves impactos sociales, ambientales y económicos que demuestran que la política actual centrada en el extractivismo tiene que revisarse”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza.

Las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas en 1991 a 19,8 millones en 2010 a la par que los conflictos socioambientales que en un 76% están vinculados a la actividad minera y de hidrocarburos. El 80% de los lotes de hidrocarburos están superpuestos sobre derechos de comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales.

“Para fortalecer la democracia necesitamos garantizar la consulta previa a las comunidades y la participación efectiva de la población. La explotación de los recursos naturales está asociada a una alta conflictividad social que debe encarar el próximo gobierno”, señaló José de Echave, economista de Cooperacción.

En lugar de garantizar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales.

“Hay un modus operandi desde el Ejecutivo que trasgrede la Constitución porque muchos de estos proyectos no califican para ser considerados de interés nacional y tampoco la excepcionalidad de emergencia“, señaló Antonio Zambrano de Forum Solidaridad.

Costos ambientales versus ganancias económicas

Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos. César Gamboa de DAR señaló como ejemplo que el proyecto Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$90 millones según el propio Ministerio del Ambiente. Por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares.

“Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas de ecosistemas frágiles, de flora y fauna, para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos de inversión”, aseguró Gamboa, quien consideró que el nuevo gobierno debe establecer cuál es la demanda energética del país en 20 o 30 años para no exportar recursos en cantidades que resultan perjudiciales para el país como sucedió con el proyecto gasífero Camisea. No podemos poner en riesgo la seguridad energética del país”, agregó.

Redistribución de los beneficios

El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.

Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria. El “Aporte Voluntario” tampoco ha resultado ser un buen mecanismo efectivo de redistribución porque a diciembre de 2010 sólo se ejecutó el 61% de sus recursos.“También debe replantearse la distribución del canon que se ha convertido en un generador de desigualdad entre las regiones porque hay algunas que se benefician más que otras”, agregó Epifanio Baca.

Cambio climático agrava el problema

La vulnerabilidad de recursos naturales escasos como el agua se agrava con los efectos del cambio climático por lo que urge evaluar estos aspectos en la política económica que emprenda el próximo gobierno. “El propio Ejecutivo ha señalado en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático que entregó a Naciones Unidas que hay una limitación en enfrentar el cambio climático porque existe en el país una política de desarrollo basada en las industrias extractivas“, aseguró Rocío Valdeavellano, coordinadora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc).

Estas consideraciones son importantes para definir dónde sí y dónde no pueden ejecutarse proyectos extractivos y de gran inversión ya que por ejemplo en la región Piura más del 40% de los páramos, que son fuentes de agua, fueron entregados a proyectos mineros a mayo de 2010.

“Al 2021 el Perú se ha comprometido en llegar a la deforestación cero y que el 40% de energía será de fuentes renovables, pero ¿será posible alcanzar estas metas nacionales si se continúa depredando y afectando los recursos con estos proyectos? Debe haber mayor coherencia”, aseguró Valdeavellano.

Hacia un nuevo desarrollo

El experto uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social consideró que las transiciones a nuevos modelos de desarrollo ya son inevitables debido a los cambios globales como el agotamiento del petróleo, el encarecimiento de los alimentos, el impacto del cambio climático, la crisis económica de los países industrializados y la dependencia de los países asiáticos de los recursos naturales de países en vías de desarrollo como el Perú.

“Perú no puede ser ajeno a estos cambios y cuánto antes se preparare para enfrentar estos cambios estará en mejores condiciones para garantizar energía y alimentos suficiente para su población”, aseguró Gudynas.

Por ello, la Asociación Nacional de Centros (ANC), APRODEH, CEPES, CONADES, CooperAcción, Fedepaz, Forum Solidaridad, DAR, Allpa, Propuesta Ciudadana, IPROGA, MOCICC, Jubileo Perú, RedGE, Red Muqui y Revenue Watch Institute se han unido parar elaborar 28 propuestas vinculadas a las industrias extractivas y grandes proyectos de inversión para que en la campaña se discutan estos temas de interés nacional y el nuevo gobierno asuma estos desafíos.

Tales planteamientos serán discutidos en un foro público el miércoles 23 y jueves 24 de marzo a las 6 p.m. en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú (Av. 28 de Julio Nº 776. Miraflores). Para el jueves está programada la participación de los representantes de los candidatos presidenciales de Alianza por el Gran Cambio, Fuerza 2011, Gana Perú, Perú Posible, Solidaridad Nacional y como comentaristas figuran los expertos Marc Dourojeanni (Consultor Ambientalista) y Javier Iguíñiz (PUCP).