Antonio Peredo Leigue / Mariátegui
24/04/11
Otra vez, la bandera autonomista se agitó para defender delincuentes. Así lo han hecho, reiteradas veces en Santa Cruz. También lo hicieron la semana anterior en el juicio contra los mercenarios contratados para desatar la guerra civil en Bolivia. Con la boca cubierta y luciendo poleras que mostraban la consigna autonomista, familiares y amigos de quienes están implicados en ese caso, quisieron reavivar viejos enfrentamientos que ellos provocaron.
De contrapartida, durante el fin de semana, el gobierno condecoró a los policías de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Conflictos (UTARC), por las acciones que permitieron, hace dos años, desarticular una tenebrosa célula que pretendía, según confesiones propias, dividir al país. Ese reconocimiento, aunque tardío, es una clara señal de que se pondrá todo empeño para lograr la conclusión del juicio y se establezca la verdad sobre lo sucedido en Santa Cruz con relación a este grupo de mercenarios.
Dos años después de la detención de los principales implicados, luego de un enfrentamiento en el que murieron tres de ellos, el fiscal de la causa presentó su requerimiento, pero la juez pidió precisiones sobre el mismo, que deben cumplirse en cinco días.
Resulta curioso que, en las semanas previas a este hecho, se haya desatado una campaña con la pretensión de desprestigiar a los funcionarios que encabezaron las operaciones. Videos mostrando acciones presuntamente ilegales, grabaciones del mismo tipo y abundantes comentarios de los interesados, han pretendido desviar la atención hacia incidentes menores de aquel hecho que tiene todas las características de traición a la patria.
Es más: al mismo tiempo que la juez del caso pedía al fiscal precisiones sobre su requerimiento, los abogados de los implicados declaraban festivamente que el juicio volvía a fojas cero. Y, al mismo tiempo, los medios de comunicación eran surtidos por otra serie de grabaciones y videos con la misma intención de desviar la atención pública.
A propósito de toda esa batería de videos y grabaciones, es importante que, las autoridades, pongan las cosas en su lugar. La condecoración a los policías que actuaron el 16 de abril de 2009, es una clara afirmación de que, aquel operativo, tuvo la legitimidad y la legalidad suficientes, así como la preparación y celeridad requeridas para aprehender a los mercenarios. Si se reconoce tal procedimiento, es justo que sean reconocidos quienes prepararon, organizaron y actuaron en ese operativo, además de los policías.
No será necesaria ninguna condecoración, pero sí la decisión pública de las autoridades, reconociendo la actuación de éstos. Con el despliegue de una campaña mediática, han desprestigiado la función que éstos cumplieron y, en los hechos, les dieron muerte civil. Porque ¿podrán trabajar en alguna oficina pública o empresa privada?, ¿podrán desarrollar sus actividades sociales con normalidad?, ¿tendrán tranquilidad y satisfacción personal, como debe corresponder a quienes cumplieron con su deber?
Está visto que no será así. Se han convertido en chivos expiatorios de delitos no cometidos. Para prueba basta un botón: los mercenarios que hoy están encarcelados, con gran desenfado los acusaron de ser torturadores, como ellos lo fueron en sus andanzas en guerras y matanzas. Esa transgresión de valores no puede permitirse más. Se necesita, para ello, una declaración firme que dé, a todo el país, un mensaje de honestidad y entrega por quienes mostraron y muestran los que ahora son vilipendiados por los reos de traición a la patria.
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