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Mariátegui
24/04/11
Tras 104 días de permanencia a la intemperie en la Plaza Dos de Mayo, soportando la inclemencia del tiempo y la indiferencia de las autoridades, centenares de trabajadores de tres empresas azucareras de Lambayeque dejarán el lunes 25 de abril la plaza limeña, con la satisfacción de que sus reclamos fueron atendidos, después de pasar por un Vía Crucis en Lima.
El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), Demetrio Ruíz Ríos, dijo hoy que la céntrica explanada será entregada a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y se procederá a la remodelación de la plaza, que incluirá un nuevo césped, higienización y arreglo del lugar.
Este fin de semana comenzaron a retirarse las carpas levantadas en la parte central de la rotonda y en las primeras horas de la mañana del lunes habrá una jornada de limpieza, con el apoyo de tres cisternas de agua. Los azucareros se han comprometido a dejar la Plaza Dos de Mayo en mejores condiciones de la que la encontraron, incluso desean mejorar la iluminación de la zona, explicó.
La Plaza Dos de Mayo, escenario de grandes luchas de la clase trabajadora peruana, se convirtió en un punto de concentración de los azucareros norteños para llevar a cabo masivas movilizaciones hacia el Congreso, recibiendo la solidaridad de los diversos gremios sindicales, especialmente la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que tiene su sede en dicha plaza.
Unos 600 azucareros se instalaron en precarios campamentos desde el 11 de enero, soportando el intenso calor de la mañana y las bajas temperaturas de la noche. Cumplieron una huelga de hambre masiva, algunos de los trabajadores tuvieron que ser llevados de emergencia a centros hospitalarios, y otros se encadenaron al pie del monumento para resistir un desalojo violento.
Alejados de sus familias y totalmente extraños en una ciudad cansina, los azucareros llegaron a Lima decididos a defender sus derechos y puestos de trabajo. Así lo entendió la mayoría de la población y algunos congresistas llegaron hasta la plaza para escuchar sus demandas.
Los trabajadores habían heredado las empresas en una situación de “desastre” y de “asfixia” financiera, ya que no eran objeto de créditos ni de capital fresco. Al pasar a manos de sus trabajadores y con aporte del grupo Oviedo, accionista minoritario, las haciendas azucareras volvieron a ser productivas y se aumentó de 20 toneladas a 150 toneladas por hectárea los cultivos de caña de azúcar, gracias a las nuevas inversiones.
Para cubrir los gastos de permanencia en Lima y sus necesidades, los azucareros lambayecanos tuvieron que vender azúcar directamente al público, a dos soles el kilo, en la misma Plaza Dos de Mayo, lo que fue resaltado por la ciudadanía, ya que beneficiaba a la economía popular.
Miles de azucareros tuvieron que realizar movilizaciones en Lima y Chiclayo para ser escuchados. Tuvo que transcurrir casi cinco meses para que el Congreso insistiera, por 71 votos contra 4, en la prórroga de la Ley 4363 de protección patrimonial de las empresas agroindustriales Pomalca, Tumán y Cayaltí. El 2 de diciembre del 2010 el Legislativo había extendido hasta el 2011, sin embargo el presidente Alan García la vetó el 4 de enero, pese a que el Ejecutivo la promulgó y ratificó desde el 2003.
A pesar de que las Comisiones Agraria y de Economía del Parlamento votaron por la protección patrimonial, a fin de que las empresas administradas por sus trabajadores pudieran cumplir con un cronograma de pagos de deudas, reflotar las haciendas azucareras y evitar los embargos, algunos sectores políticos dilataron el tema y luego lo postergaron hasta después de las elecciones.
La transferencia a los trabajadores de las acciones del Estado en las tres empresas lambayecanas, sin protección patrimonial, según el Decreto de Urgencia 008 del 22 de febrero del 2011, lejos de solucionar el problema, terminó por generar mayor preocupación entre los azucareros, ya que abrió el camino a los embargos por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otros acreedores.
Mediante sendas notificaciones la Sunat dio un corto plazo para que las empresas Pomalca y Tumán pagaran más de 208 millones de nuevos soles, contraídas por diferentes administraciones en los últimos 30 años. Esta situación generó intranquilidad jurídica y los trabajadores quedaron más vulnerables al pasar de acreedores a accionistas.
El Ministerio de Economía pretendía que las azucareras llegaran a las instancias de Indecopi para que fueran declaradas en insolvencia, mientras por otro lado el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) llevaba a cabo una campaña para convencer a los azucareros de que recibieran dinero en lugar de acciones.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se condicionó a los azucareros a cambiar el modelo cooperativo por sociedad anónima con el pretexto de sanear sus finanzas, pero las empresas azucareras fueron rematadas a los grupo dominantes de del sector, siendo los trabajadores los grandes perjudicados.
Ahora que los más de diez mil trabajadores de Tumán, Pomalca y Cayaltí manejan sus propias empresas, esperan conseguir inversiones internacionales para relanzar las compañías agroindustriales y ampliar las áreas de cultivos, añadió Ruíz Ríos, líder de 35 mil azucareros a nivel nacional.
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