Mariátegui
30/04/11
Una protesta contra una exploración minera en el distrito de Secclla (región Huancavelica) acabó con la vida de un poblador, denunció el alcalde provincial de Angares (Huancavelica), Ramiro Guzmán Ibañez.
La autoridad edil contó en RPP que el deceso ocurrió durante un enfrentamiento en el yacimiento Pampamali. Los pobladores exigen su cierre y mantienen tomado el campamento minero desde ayer. Guzmán solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la presencia de una comisión de alto nivel en la zona para evitar más hechos violentos.
“El conflicto tiene varios años y ninguna autoridad ha escuchado a los pobladores. Todo comenzó por el rechazo al funcionamiento de la mina, que hasta ahora no ha presentando su proyecto de impacto ambiental. También existe el riesgo de contaminación de los ríos Sicra y Atuna”, alegó.
La gerencia de la mina Pampamali indicó que cerca de cien personas tomaron el campamento, impidiendo que salgan los ingenieros y trabajadores, aunque después algunos lograron escapar. Aseguró que toda la documentación en regla y que cuentan con un sistema de control de calidad de aguas.
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Alerta: envían contingentes policiales a Angaraes (Huancavelica, Perú)
Dos mil pobladores permanecen en campamento minero. Se teme represión indiscriminada pese a que manifestaciones son pacíficas.
Angaraes (región Huancavelica, Perú) cumplió ayer con éxito un paro provincial de 24 horas, una de cuyas acciones fue la toma del campamento minero Pampamali, exigiendo la formación de una comisión negociadora del Gobierno Central. Cerca de dos mil pobladores permanecen en las instalaciones mineras de manera pacífica, pese a la cual el Gobierno está enviando fuertes contingentes policiales desde Ayacucho. Se teme una represión violenta.
El Paro Provincial se cumplió con total tranquilidad, lo cual fue verificado por representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Pese a ello, el gobierno de Alan García nuevamente responde con la violencia y la criminalización del ejercicio de derechos indígenas, como ya lo hizo en Bagua (Amazonas, 2009) y recientemente en las regiones de Arequipa, Cajamarca y Puno, con el saldo de muertos, heridos y procesados judicialmente.
El paro provincial de 24 horas del jueves 28 de abril fue acordado por el Comité de Lucha de la Provincia de Angaraes. Su exigencia central es la derogatoria de la resolución de funcionamiento de la empresa minera Pampamali SA y el retiro de esta empresa de su territorio en un plazo de quince días.
Este pedido se sustenta en el inicio ilegal de las operaciones mineras, porque Pampamali solo se basa en un silencio administrativo inaplicable para los casos que afectan la vida, la salud y el medio ambiente. Además, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de esta empresa tiene 49 observaciones, de las cuales 8 relacionadas al agua son insubsanables.
De acuerdo con el comunicado, “las operaciones mineras instaladas en la cabecera de las cuencas de los ríos Sicra y Atuna ya vienen causando serios daños al medio ambiente al no tratar las aguas ácidas provenientes de sus bocaminas que van a parar a las cauces de estos ríos, trasladar sus minerales en pesados camiones sin ninguna protección, dañando seriamente las carreteras y poniendo en peligro de caerse el puente Masías que une nuestra provincia con Huancavelica”.
En consecuencia, la plataforma del paro provincial incluyó la exigencia de la reparación inmediata de nuestras carreteras y puentes a punto de colapsar, la sanción y destitución inmediata a las autoridades cómplices que permiten el funcionamiento de empresas mineras contaminantes y el paso de pesados camiones por el puente Masías ya declarado en emergencia.
Otro grave problema es la criminalización, porque “la defensa del medio ambiente de nuestra provincia ha generado una feroz persecución y denuncia de parte de la Empresas Minera Pampamali contra dirigentes y autoridades de Secclla y Lircay, para quienes han solicitado pena de cárcel de hasta 20 años”.
Abril 29 del 2011
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
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