Antonio Peredo Leigue / Mariátegui
03/04/11
La guerra da derechos de conquista; Bolivia no tiene nada que reclamar. Una vez más hemos escuchado esas voces destempladas en Chile; voces ante las cuales, como siempre ocurrió, los gobernantes de La Moneda, con muy pocas y honrosas excepciones, han endurecido posiciones. Es que así reza el lema inscrito en su escudo nacional: “Por la razón o la fuerza”.
La respuesta del presidente Evo Morales fue anunciar, el 23 de marzo pasado, la apertura de una demanda, ante tribunales internacionales. 132 años después de la ocupación militar de Antofagasta, el documento que rige nuestras relaciones con Chile es el vergonzoso tratado de 1904 con sus adendas. Por supuesto, dicho tratado no hace mención alguna a las arbitrariedades que pudieran cometerse en el futuro. Y no fue la reivindicación marítima o alguna gestión al respecto, la que provocó la ruptura de relaciones en 1962; fue el desvío arbitrario de las aguas del río Lauca.
En 1975, el dictador boliviano Hugo Banzer reanudó relaciones con su homólogo Augusto Pinochet. Entre ambos encararon la reivindicación marítima boliviana e incluso avanzaron hasta acordar reunirse con su par peruano, por entonces el general Francisco Morales Bermúdez. Pero se trataba de una trampa muy bien urdida por la cancillería chilena y poco después, avergonzado por el abrazo de Charaña, Banzer rompió relaciones una vez más.
A fines del siglo pasado, Chile se comprometió a retirar las minas personales que sembró a lo largo de la frontera con Bolivia. Es cierto que ha retirado algunas centenas, pero son decenas de miles las que aún permanecen activas y que, de vez en cuando, estallan matando algún animal y hasta una persona.
Vino luego la decisión unilateral del gobierno mapochino de privatizar los puertos, incluyendo por supuesto aquéllos por los que transita el comercio boliviano. Esto ha creado obligaciones que, el tratado de paz mencionado, promete no imponer; textualmente, dice: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Sin embargo de que no cumple esa estipulación, el Palacio de La Moneda sostiene que, las relaciones entre ambos países, se rigen por aquel tratado.
Pero, además, está el tema del Silala. Viene de 1908, cuando la empresa ferroviaria Railway obtuvo un permiso de uso de los manantiales del Silala para alimentar las calderas de sus trenes, permiso que le concedió la prefectura de Potosí. Para hacerlo construyó canales que llevaron las aguas de esos manantiales sin salida, a lo largo de la vía hasta llegar a Antofagasta. Años después, cuando dejó de darle tal uso, no devolvió las aguas a su estado inicial, sino que dejó que siguieran fluyendo para alimentar poblaciones tan importantes como la misma Antofagasta y empresas tan grandes como la mina de Chuquicamata. Chile habla del Silala como un río de curso internacional aunque, en los últimos años, ha reconocido que “cierto caudal” es propio de Bolivia.
Resumiendo: Chile no ha cesado de tomar para su beneficio los bienes bolivianos que necesita, sin requerir ningún permiso y, mucho menos, negociar tal o cual provecho. Al contrario, cuando ha podido, limitó los derechos de libre tránsito de su comercio internacional y, paralelamente, negoció tratados bilaterales, buscando compensar lo que no obtiene del comercio boliviano.
La voluntad del presidente Evo Morales tuvo una interlocutora asequible en la presidenta Michelle Bachelet. Concluido su mandato, nuestro presidente trató de mantener esa buena relación lograda, después de tantos y tantos desencuentros, con el presidente Piñera. Pero habían regresado a La Moneda los más cerrados conservadores. Más temprano que tarde debió producirse este rompimiento del clima de confianza que, con tanto esmero, se dedicó a cultivar el presidente Morales.
Vamos ahora a los tribunales. Dos ex presidentes han aplaudido la decisión; sean bienvenidos. El cardenal Terrazas ha opinado en contrario; tiene derecho a disentir. Un ex canciller ha alabado el abrazo de Charaña, calificándolo como el momento que más cerca estuvimos de llegar a una solución; curioso ejemplar de demócrata que añora la dictadura.
Pero el presidente Morales no se queda en anuncios. Ya comenzó a hablar sobre la necesidad de un embajador especial que se dedique exclusivamente a esa gestión ante los tribunales internacionales. Los rumores comenzaron a correr rápidamente porque, además de esta idea, Evo tomó la palabra a los ex presidentes y dijo que los convocaría junto a ex cancilleres para munirse de los materiales y las orientaciones necesarias en este proceso.
Hagamos un paréntesis. Es preciso tomar algún tiempo para preparar las cosas. Sería importante que, una comisión de alto nivel presidida por el canciller, reúna la información y que los mejores abogados internacionalistas que tenemos diseñen la estrategia a seguir. Recién entonces debiera nombrarse un personero que, con el rango de embajador si es necesario, acometa la difícil tarea de lidiar con Chile en los estrados internacionales.
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