Emeterio Tacuri Huarcaya / Mariátegui
20/05/11
La minería en la región es una actividad económica ancestral, pero no lo principal, no puede anteponerse a la actividad agropecuaria, puesto que es la forma de vida del Altiplano, partiendo de esta reflexión enfocaremos el problema de la minería en la región. Es evidente, la lucha de los pueblos contra las concesiones mineras, puesto que ellas representan la negación de la vida, la usurpación de una filosofía de la cultura andina del buen vivir, donde predomina la armonía entre el hombre y la naturaleza, convivencia y esperanza.
En cambio, la minería rompe drásticamente la armonía, en su metodología de explotación, contaminando el medio ambiente y el agua. No hay respeto a la naturaleza, hay imposición de hechos, hay otra visión del mundo; para ellos el dinero es lo más importante, además de las rentas, las ganancias. No les interesa la vida, la biodiversidad, el agua; en otras palabras, no les interesa que el pueblo se muera de hambre y enfermos.
Los pueblos originarios, las comunidades campesinas, las naciones quechuas y aymaras defienden sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de casi de todos los países del mundo. La vida, el agua, la armonía con la naturaleza, el respeto, la solidaridad son los elementos más importantes para el buen vivir y entendimiento con la Pachamama; sin embargo, la minería es la negación de la vida.
Si bien es cierto que la minería aporta el 17.33% al PBI regional, pero esto no justifica, que el mismo Estado liderado por Alan García no cumpla con los tratados internacionales como el convenio 169. Art. 6. de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que obliga a consultar a las comunidades, a los pueblos ancestralmente dueñas de esas tierras. El problema no es oponerse por oponer, o por ser radicales, terroristas, o ser enemigos de inversión de capitales; sino es defender el medio ambiente, el agua, la tierra, su producción, la vida misma.
Lo que nuestro Estado no cuida ni se preocupa de las grandes necesidades, de la extrema pobreza, motivado por cumplir su proyecto neoliberal. Concesiona nuestros recursos naturales y riquezas a grandes empresas transnacionales en precios nada razonables, ni justas; atentando el desarrollo de pueblo peruano y de la región de Puno.
El presidente Regional, Mauricio Rodríguez, no solo sopesará las protestas de las comunidades aymaras (Huacullani, Keluyo, Zepita, Desaguadero y Yunguyo), problema surgido con respecto a la explotación de la mina Santa Ana; sino se avizora muchas más. Los pueblos exigen con legítimo derecho el cumplimiento de lo ofertado en su campaña para lograr ser presidente regional, lo cual solamente es respetar el medio ambiente. No explotación del Uranio de Macusani; no a la concesión del proyecto de la hidroeléctrica del Inambari; no a las concesiones petroleras en los lotes ubicados en Azángaro, Huancané y Melgar.
Asimismo exigirán el cumplimiento del Estudio Impacto Ambiental de la minera Arasi, que probamente contamina la cuenca lechera de Llalli, Cupi, Umachiri; la lucha por la carretera Sina Yanahuaya de la Provincia de Sandia; carretera Santa Rosa, Nuñoa, Macusani, provincias de Melgar y Carabaya ; problemas de agro, la fibra de alpaca, lácteos y los proyectos de irrigaciones. Los cuales fueron compromiso de Mauricio Rodríguez.
En ese contexto como para agravar el asunto. El presidente de la República Alan García, advierte intervención de la Policía en Desaguadero. ¿Querrá otro Baguazo en el sur del país?, ¿antes de irse del gobierno pedirá más sangre?.
Esperamos que el presidente de la Región no permita el derramamiento y se convierta en gestor del diálogo, con firmeza y valentía, con posición de las aspiraciones de la región; pues hay experiencia de otros lugares sobre las comisiones de alto nivel que no han sido fructíferas y saludables; al contrario han agravado los problemas, como en Moquegua, Sicuani, Salca Pucara, Chala, los más cercanos, para ejemplo.
Luego el presidente de la Región, debe estar a la altura de su compromiso con el pueblo, no debe permitir la criminalización de la protesta, esto quiere decir no permitir que después de las jornadas del legítimo derecho, haya presos, procesados, perseguidos. Señor Rodríguez cumpla con su misión.
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