Víctor Ortega Vargas* / Mariátegui
23/05/11
El conflicto social surgido ahora en la región Puno por el tema minero no es el único. Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 86 de la Defensoría del Pueblo de 9conflictos latentes son referidos a temas socioambientales.
Las poblaciones se resisten al ingreso de una empresa minera, ante el temor que esta contamine los ríos, lagos y pastos que usan para su ganado, para sus sembríos y el agua que usan para su propia sobrevivencia.
Así por ejemplo las poblaciones de la provincia de Moho, Huancané, Azángaro, Chucuito, El Collao y Puno, solicitan al Gobierno Central la nulidad de las contrataciones de los lotes 155 y 156, de los cuales se pretende extraer petróleo.
Las poblaciones temen que esta actividad genere problemas ambientales para la actividad agropecuaria que desarrollan. Las empresas que realizarían estos trabajos son Pluspetrol, Petro Perú, RelianceExploración& Producción.
En la provincia de San Antonio de Putina, en el distrito de Quilcapuncu, la comunidad campesina de Condoraque denuncia que sus captaciones de agua están contaminadas por los relaves de la minera Sillustani S. A.
Sin ir muy lejos, en la provincia de Puno, la comunidad campesina de Jilatamarca, en el distrito de Acora, teme que la actividad minera de la empresa Aruntani, contamine las aguas de la Laguna Surani.
Mientras que en la provincia de Lampa, distrito de Ocuviri, los pobladores demandan una serie de cumplimientos de parte de la minera Arasi S.A.C. ante la posible contaminación del río Challapalca.
Así también en la comunidad campesina de Alto Ancomarca, en el distrito de Capazo, en la provincia de El Collao, los pobladores temen que la minera Ayllu S.A.C. contamine las aguas de los ríos Pisacoma, Tupala, Huenque y Mauri.
La comunidad campesina de Tambillo, en el distrito de Pomata, en la provincia de Chucuito- Juli, se oponen a la concesión minera a favor de la empresa Patagonia Minerales S.A. que pretendía explotar el cerro Khapia y la laguna Wawarani, hoy esta concesiones fue anulada luego de la emisión de la Resolución Viceministerial N° 589 que declara al Khapia como patrimonio cultural de la Nación.
Sin embargo otra es la realidad para los alpaqueros del distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, que temen que la actividad minera informal en la cuenca del rio Suches, termine por diezmar sus aguas necesarias para el ganado.
Mientras que en los distritos de Ananea, en San Antonio de Putina, Macusani y Crucero, en Carabaya y Azángaro en la provincia del mismo nombre, las autoridades se oponen a la contaminación causada por la minería informal a lo largo del río Ramis.
Más recientemente y objeto de este informe es el rechazo de las poblaciones de la zona sur, entre ellas Huacullani, Zepita, Pomata, Desaguadero al proyecto minero Santa Ana, por parte de la empresa canadiense Bear Creek, que pretende extraer plata de las entrañas de la tierra.
Las poblaciones temen la perdida de tierras para pastoreo y la contaminación de las aguas de los ríos en el lugar. Hasta hoy hace ya quince días que las autoridades del nivel central no dan solución a este problema que podría replicarse en los próximos meses en los casos descritos anteriormente.
* Tomado de Los Andes
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