
(video): Con Marcha del Silencio uruguayos protestaron contra ley de caducidad que favorece a ex represores
La Ley de Caducidad, creada en 1986, permite la impunidad de los crímenes realizados durante la dictadura
Pedro Madariaga / Mariátegui
22/05/11
El debate que desde los últimos años se había suscitado entre el pueblo uruguayo, incluidos varios plebiscitos populares, sobre la Ley de Caducidad se ha culminado con la decisión tomada en el parlamento nacional de no revocarla y por lo tanto de que permanezca la impunidad para poder juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura que duró desde 1973 hasta 1985.
La votación que se ha llevado a cabo durante el día 19 de mayo, la sesión se ha alargado hasta casi las 5 de la mañana, llegaba precedida por el amplio y controvertido debate interno que tuvo la coalición gobernante, el Frente Amplio (conglomerado de partidos de izquierdas), y que decidió finalmente hace unos días optar por decantarse por eliminar la ley que impedía juzgar los crímenes de la época dictatorial.
La polémica entorno a dicha norma, sobre todo en lo relativo a su suspensión, se ha dividido en dos bloques. Los contrarios argumentaban que en las votaciones populares (1989 y 2009) a las que ha sido sometido dicho tema el resultado había sido mantener dicha ley y por lo tanto sería no respetar la voluntad popular , opción en la que se encontraba el propio presidente José Mújica que siempre aclaró por otra parte que acataría la decisión.
Por otro lado varios juristas creían que a pesar de los resultados de los plebiscitos y dado que chocaba frontalmente con el respeto a los derechos humanos no era inconstitucional convertirla en inaplicable, tal y como expresaba el diputado del Frente Amplio Felipe Micheleni : "Votar negativamente esta ley, más allá de las intenciones, es mantener el status quo de una ley que ataca nuestra dignidad como nación y como Parlamento".
El resultado de la sesión plenaria (iguales a 49 por lo que se mantiene la ley) ha llegado tras la el voto de rechazo de toda la oposición y la abstención del diputado de la coalición gobernante Víctor Semproni que abandonó la sala. Se trata de un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, y que no cumplió la disciplina de voto, tal y como ya había advertido días antes, alegando que se trataba de una iniciativa "poco segura" y "generadora de mayores dificultades".
Las afueras del parlamento transmitieron la desolación de los centenares de militantes pro derechos humanos allí situados, aunque a pesar de la noticia expresaron su confianza en que la norma será anulada en el futuro. El Frente Amplio a partir de ahora tendrá que manejar la crisis interna que ha supuesto este nuevo varapalo incluido la forma en que se ha producido.
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