Argentina: El estallido de la crisis habitacional de Jujuy y el Parque Indoamericano


Más que "seguridad" hacen falta viviendas

Mariátegui
11/08/11


Envío Especial Prensa De Frente en Jujuy - La crisis habitacional que estalló a fines del año pasado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires fue resuelta de la peor manera: en lugar de atender los gravísimos problemas de vivienda, los gobiernos porteño y nacional amenazaron con dejar sin ayuda social a quien haya ocupado tierra. Se puso el tema en la órbita de la “seguridad”, dándole rango de ministerio, en lugar de dárselo a la vivienda. El conflicto que estalló primero en Libertador y después en el resto de Jujuy es un baldazo de agua fría para el gobierno y la oposición de derecha, concentrados en la disputa electoral.

En el Triángulo se repite lo que pasó en el Indoamericano: las fuerzas represivas dispararon plomo, apalearon y torturaron a familias sin techo, quemándoles todas sus pertenencias. De nuevo las autoridades hablaron de tumberas. Hay cuatro víctimas: Félix Reyes (21), Ariel Farfán (17), Juan José Velázquez (37), Alejandro Farfán (22). La policía provincial – como en el Indoamericano – atacó brutalmente sin mostrar orden judicial, actuando en combinación con los guardias del ingenio Ledesma.

El drama de Jujuy también recuerda a la cruel represión en La Primavera, Formosa. Es que en la toma de El Triángulo hay comunidades originarias Ava Guaraní, despojadas de sus tierras por los terratenientes que los marginaron a no tener dónde vivir. En lugar de reprimir, el Estado debería haber cumplido con las normas constitucionales que indican que si hay asentada una comunidad originaria, se pone en cuestión el derecho de propiedad.

El juez Jorge Samman luego de mandar a reprimir se fue de vacaciones, llevándose el expediente. Hay innumerables testimonios de que la policía atacó con saña a mujeres y hombres, sin importarles la presencia de embarazadas, niños y bebes, que sufrieron asfixia por los gases, dispararon balas de goma y plomo indiscriminadamente rompiendo las ventanas de las casitas del barrio lindero. Decenas de heridos de plomo no pudieron atenderse debido a que en el hospital Oscar Orias la policía detenía a los manifestantes. En las comisarías 40 y 24 hubo apremios a los detenidos. La cancha ya fue embarrada por la justicia y el poder político local que quiere culpar a las víctimas de la represión, aprovechando que uno de los muertos era policía.

La empresa Ledesma, dueña de todo, colaboró activamente con la represión. Los jefes de seguridad de la empresa, los ex militares Enrique Carlos Ferro y Julio Castellano estuvieron presentes supervisando la brutal labor policial. Como en el Apagón de 1976, las fuerzas represivas actuaron de noche con la colaboración activa de los hombres de Carlos Pedro Blaquier. Esta empresa, además de contaminar, se lleva cifras multimillonarias y cuenta con la complicidad del poder político local y nacional.

La presidenta, que ha sabido posar junto a Carlos Pedro Blaquier, al momento de la represión se encontraba en Brasil con un ejecutivo de Ledesma en su comitiva: lamentablemente, hasta ahora no ha dicho ni una palabra en solidaridad con las víctimas.


En Libertador las 700 familias organizadas en la CCC que tomaron el predio denominado El Triángulo agotaron todas las instancias de negociación y fueron atacados a traición, sin previo aviso. Recién después de las 4 muertes el ejecutivo local atina a dar una respuesta con la expropiación de 40 hectáreas, que ahora suenan ridículas ante la ola de tomas que se produjo los últimos días y que incluyó a las mujeres de los policías que también “usurparon”. En la capital del país no hubo ni siquiera este gesto. Y para colmo, la Cámara de Apelaciones porteña reabrió la causa contra los dirigentes sociales Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, entre otros, acusados de instigar la toma.

Mientras tanto, todavía no hay nadie preso por los asesinatos de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro – asesinados por la Policía Federal y la Metropolitana que dispararon plomo a mansalva contra los vecinos de la Villa 20 y de Los Piletones – y por el asesinato de Emiliano Canaviri, ultimado por barrabravas luego de las declaraciones racistas de Macri emprendieron a los tiros contra los ocupantes, durante dos noches en las que hubo zona liberada. En esa oportunidad, con la gendarmería amenazando con un nuevo desalojo, se censaron a 13.333 personas sin vivienda. Las promesas se desvanecieron, ni una vivienda se hizo y la ley 1770 de Urbanización de la villa 20 sigue incumpliéndose.

Luego del Indoamericano, la problemática irresuelta de vivienda ya había vuelto los titulares de la mano del previsible escándalo por los ostentosos métodos mafiosos de Sergio Shoklender y el tendal que dejó en Chaco, Misiones, Rosario y Capital Federal. Ante la crisis de vivienda en territorio porteño, el macrismo se recostó en al xenofobia mientras que la presidencia apostó por llenar de gendarmes y prefectos las calles, ante la inocultable pudrición de la Policía Federal, tan compenetrada con el crimen organizado que ya no puede ni cumplir con las tareas mínimas de patrullaje.

El tema habitacional fue llevado a la órbita de la seguridad. Fue así como el “comisariato” que durante años el kirchnerismo sostuvo, con la protección explícita del jefe de gabinete Aníbal Fernández, fue debilitado, adquiriendo más poder fuerzas como la Gendarmería y la Prefectura, involucradas también en represiones y casos de gatillo fácil al igual que otras fuerzas. La bonaerense fue dejada en paz y la ministra Nilda Garré comparte actos con Daniel Scioli y Ricardo Casal, apostando a la saturar las calles de los barrios humildes con fuerzas de seguridad, como si así fueran a solucionar el drama del hacinamiento y de la falta de techo, o como si esa fuese la solución a la connivencia entre policía y delito.


Más allá de estos movimientos entre las distintas fuerzas de seguridad, los gobiernos locales afines o no al gobierno nacional siguen optando por reprimir ante las tomas de tierras, tal como lo hizo la caballería de la policía tucumana en el barrio 9 de Julio de San Miguel de Tucumán, donde se produjo una toma.

El gobierno jujeño, aterrorizado por la ola de tomas que se produjo a lo largo de la provincia, recién ahora trata de tomar cartas en la problemática habitacional. Urge un cambio de raíz en las políticas habitacionales, que no es un tema sólo provincial, sino nacional: en vez de palos, gases y balas, hace falta tierra y vivienda.


Más información:
http://www.contraledesma.org.ar/

Radio Minka
http://radiominkafm.blogspot.com/

Video Nora Cortiñas en la toma de tierras - http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/07/31/p6605

Fotogalería de la represión
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2011/07/31/p6602

El viejo contubernio entre poder económico, político y el terror en Jujuy
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/07/29/p6600%3EMovilizaciones%20en%20todo%20el%20país%20tras%20la%20brutal%20represión%3C/a%3E%3Cbr%20/%3E%3Ca%20href=

Comunicado de la CCC
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/07/28/p6598



http://www.prensadefrente.org



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