Hugo Moldiz Mercado / Mariátegui
Foto: AFP
15/08/11
La velocidad del cambio no ha registrado mayores alteraciones en los últimos seis meses. La sensación es de angustiosa calma respecto de la vertiginosidad con la cual se desarrolló en el primer mandato del presidente Evo Morales. Esto provoca ansiedad y la mayor parte de la crítica no es por una nostalgia del pasado sino la espera de una nueva aceleración. Estas sensaciones explican que algo vivo se sigue moviendo.
Las revoluciones, para nunca dejar de ser tales, deben defender lo conquistado y plantearse permanentemente nuevos objetivos. Y lo deben hacer —para no devenir en restauración a pesar de que esa no sea la voluntad de sus conductores—, a partir del protagonismo social y una particular relación de correspondencia entre el Estado y la sociedad civil.
La transformación y el cambio, entendido como síntesis creadora de la revolución “desde abajo” y la revolución “desde arriba”, no recorren un camino pavimentado, llano y lleno de flores. Lo hacen más bien en un camino accidentado, pedregoso y en medio de días de luz y otros de tempestad que demandan, para no caer al precipicio, regular las velocidades.
Entonces, cuando se aprecia lo que la revolución boliviana ha conquistado en el primer mandato del presidente Evo Morales, no hay duda que el sentimiento es de indescriptible satisfacción pues el control estatal de la mayor parte de los recursos naturales, las políticas de redistribución social de la riqueza, la participación del Estado en cerca del 35% en la composición del PIB frente a no más del 5% en el periodo neoliberal, la redacción y aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, la proyección de una nueva imagen ante el mundo y la abierta inclusión de los excluidos por la vía de un gran protagonismo político y social, además de otros logros, se dio en medio de una vigorosa resistencia, principalmente subversiva, del viejo bloque en el poder que empezaba a ser desplazado por otro bloque. La sensación era de una velocidad bastante más fuerte de lo que requería el proceso.
Esta breve relación del primer mandato del presidente Evo —de los cuales tres años se hicieron con el viejo Estado y uno con el estado naciente—, es importante para dejar por aclarada la perspectiva de la que se parte. Frente al pasado esto es lo mejor que ha tenido la historia del país y la crítica no es, como ocurre en los políticos y analistas del derrotado viejo sistema político, una nostalgia del pasado que la mayor parte de la población no lo quiere ni desea.
Deslindada las posiciones frente a lo viejo y nuevo conservador, es importante anotar que el balance de lo hecho en lo que va del año es bastante complejo, sobre todo si el punto de partida exige tomar nota de dos variables antes inexistentes: lo plurinacional y lo autonómico. Por tanto, un línea de valoración crítica de lo que pasa debe estar dirigida a los distintos niveles del Estado —nacional y subnacionales— y a la forma cómo los pueblos pre-existentes a la invasión y la fundación de la república han participado en los últimos meses.
A nivel estatal, hay un logro que no se puede olvidar: la convocatoria para la selección de 56 autoridades del Órgano Judicial, ya que si bien el oficialismo contaba con dos tercios para asegurar todo el procedimiento, la re-emergencia de la línea política de la oposición de derecha (abiertamente contraria a la democratización de la justicia desde la Asamblea Constituyente), la posición adoptada por el MSM en la fase final y el conocido conservadurismo predominante de los hombres y mujeres de derecho, es algo que en el balance general queda como positivo.
Es muy difícil anticipar el resultado de estas elecciones. Ya con todos a favor, no había manera de asegurar que estas “primeras” justas para el Órgano Judicial estarían exentas de problemas. El hecho de ser políticas pero no partidarias y de tener como actores a personas del derecho no muy conocidas y no a los políticos, son dos de ellas que pueden determinar un porcentaje de voto real por debajo de lo esperado. Pero eso es otro tema, pues habrá que hacer la diferencia entre lo rural y lo urbano.
Siempre en el plano estatal, es evidente que la mayor parte de los recursos están ahora en manos de los gobiernos subnacionales —lo cual debe llevar a pensar en otra forma de lograr equilibrios— y en rigor es muy poco el porcentaje de inversión presupuestada y, más aún, la orientación y la calidad de lo invertido deja mucho que desear. Es como si los gobernadores, principalmente, y los alcaldes, ya con algo de experiencia institucional en la autonomía, no se habrían dado por enterados del nuevo tipo de estado en construcción.
Algo adicional a nivel estatal. La nacionalización del petróleo y de otras empresas, así como de la creación de no pocas, no ha merecido nuevas formas de gestión con protagonismo social. El estado redistribuye mejor lo que genera, no hay duda, pero el saldo pendiente sigue siendo el producir de manera distinta. Esto abre el riesgo de una nueva tecnocratización en la gestión y en la elaboración de políticas públicas y al mismo tiempo no permite acercar al pueblo organizado a un conocimiento objetivo de las limitaciones con las que se trabaja y las barreras aún por vencer en la dirección de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para todos. En el primer caso le da al Estado más poder del que debe tener y en el segundo alimenta las tendencias corporativistas que se quiere evitar.
Y entonces, el inevitable ingreso al plano de la sociedad civil. Dos aspectos a resaltar: primero, las organizaciones sociales han retornado a su “estado natural de desarrollo” y se movilizan solo cuando la materialización de sus intereses de grupo están en juego. Segundo, sus dirigentes, salvo honrosas excepciones, se han convertido en gestores de empleo y dan señales de una peligrosa “aristocratización”.
Al volver a su “estado natural”, las organizaciones sociales pierden la perspectiva de “lo plurinacional” y al igual que los partidos del pasado ponen en marcha dispositivos para controlar una parte (cuotearse) —cualquiera que esta sea— del estado en construcción. Es más, el empleo de adjetivos para sus no iguales (indígenas o no) es una manera enmascarada de evadir su cuota de responsabilidad de lo que se está haciendo.
Los movimientos sociales —devenidos ahora en organizaciones sociales— no dan señales de volver a mirar “lo plurinacional” aún a costa de sacrificar sus intereses corporativos y tampoco se observa una propuesta para lograr una nueva forma de articulación del Estado y la sociedad civil, dado su doble condición (de estar en el gobierno y fuera de ella al mismo tiempo) y de gestionar lo público —incluidas las empresas estatales— de forma diferente. No es malo que el pueblo organizado actúe como clase dominante que es; dejar de hacerlo sería una ingenuidad y grueso error. Lo malo es que al mismo tiempo no siente las bases para dejar de ser tal, condición indispensable para caminar hacia una nueva forma de organización de la vida social nada compatible con el capitalismo.
A todo lo anterior habrá que anotar lo siguiente: a pesar de lo difícil de construir lo nuevo —pues hay que vencer las resistencias de los desplazados que aspiran a volver, pero también derrotar a la vieja ideología todavía presente en muchos de los actores y conductores de ahora—, es inobjetable que el presidente tiene un alto nivel de popularidad. El más bajo se presentó en febrero (cerca del 30%) y a fines de junio se ha ubicado en alrededor del 45% en las diez ciudades más grandes del país, lo cual conduce a dos conclusiones: su liderazgo no ha registrado modificaciones peligrosas y la gente cuestiona mucho de lo que se hace —porque lo quiere distinto— pero no quiere volver al pasado con viejos o nuevos rostros.
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