Perú: (Áncash) Identifican plenamente a cuatro de los desaparecidos del Santa víctimas del Grupo Colina

Elízabeth Prado.
larepublica.pe
14/08/11

Antropólogos forenses entregarán informe complementario en seis días. Gloria Cano, asesora legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), fue informada del hecho por la Fiscalía Provincial de Virú.

Cuatro de los nueve cuerpos descubiertos hace cinco días en unas fosas ubicadas en un descampado del kilómetro 465 de la Panamericana Norte, en el sector Huaca Corral, del distrito de Virú en La libertad, fueron plenamente identificados por los antropólogos forenses encargados de efectuar los estudios correspondientes.

Son los de Jesús Noriega Ríos, Federico Coquis Vásquez, Carlos Barrientos Velásquez y Gilmar León Velásquez. Ellos, junto a cinco campesinos más, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por el grupo Colina el 2 de mayo de 1992 en el distrito de Santa, Áncash.

“Es la primera entrega de identificación plena que antropólogos forenses hicieron a los restos descubiertos en Virú. La Fiscalía Provincial Penal de esta provincia me entregó la información y conforme vaya avanzando el trabajo vamos a ir recibiendo los informes finales que será en unos seis días más”, refirió la asesora legal de Aprodeh Gloria Cano.

Elementos de prueba

Cano informó a La República que para la identificación de las osamentas fue de gran importancia la ubicación de la vestimenta que llevaron las víctimas al momento de su desaparición. Y también el descubrimiento de otros elementos que el grupo forense especializado del Ministerio Público de Lima tomó muy en cuenta.

Luego de concluir con todos los exámenes biológicos, antropológicos y de las evidencias contundentes, refirió la doctora Cano, los peritos reportaron la identificación de cuatro de los cuerpos de los campesinos desaparecidos de Santa.

Los especialistas también indicaron los elementos que les permitieron llegar a conocer la identidad de los restos encontrados en Huaca Corral, a cuarenta minutos de Chimbote.

Es así que en el caso de Jesús Noriega Ríos fue determinante la prótesis dental que le pertenecía y que su familia guardó durante los 19 años en que lo buscaron incansablemente.

A Gilmar León Velásquez se le identificó por la corona de platino que llevaba en uno de sus dientes.

De Carlos Barrientos Velásquez se sabía que tenía una antigua fractura en la muñeca. Esto fue corroborado por los peritos forenses.

Federico Coquis Vásquez también sufría de una lesión en el hombro derecho que lo obligaba a usar una venda en forma permanente. Esta venda apareció dentro de la vestimenta recuperada en la fosa clandestina donde este campesino fue enterrado por los agentes del grupo Colina.

“La información completa sobre el resto de los cuerpos hallados será entregada dentro de seis días”, indicó Gloria Cano.

Respecto a las pruebas de ADN que se les ha tomado a los familiares de las víctimas, la asesora legal de Aprodeh manifestó que es parte del protocolo legal y se dispondrá de sus resultados cuando sea necesario.

“Será de gran utilidad en el caso de que no se llegara a identificar con exactitud a alguna de las víctimas”, acotó.

Gestionan donaciones

Cuando aún no terminan de procesar todo el dolor sufrido al descubrir las fosas de sus seres queridos, los deudos de los nueve campesinos asesinados hace 19 años ahora afrontan la imposibilidad de realizar los gastos que les reportará darles cristiana sepultura a sus seres queridos.

De ahí que la Comisión de Justicia Social de Chimbote, organización que pertenece a la iglesia católica y también forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, haya iniciado gestiones para obtener la donación de espacios en el cementerio del distrito de Santa para la inhumación de los cuerpos de los nueve campesinos.

“Esta organización está realizando gestiones para que la municipalidad les entregue a los familiares un terreno para que puedan realizar el sepelio. Este es un crimen ejecutado por el Estado y es obligación del Estado cubrir todos los gastos que demande el sepelio”, señaló Gloria Cano.

Cuatro Cruces

En tanto, los familiares procedieron a colocar cuatro inmensas cruces junto a las fosas donde se descubrieron las osamentas de las cuatro primeras víctimas identificadas.

Los nombres de los asesinados por los agentes militares comandados por el mayor Santiago Martin Rivas se perciben impresionantes en los maderos plantados en el descampado de Huaca Corral, donde fueron escondidos desde el 2 de mayo de 1992.

Los deudos expresaron su deseo de que los restos de las víctimas les sean entregados en forma conjunta a todos los familiares.

Tambien afirmaron que luego de enterrar a sus seres queridos seguirán demandando justicia para que se castigue a los miembros del grupo Colina por el delito que cometieron.

Asesinato vil

Según información de la Fiscalía Provincial de Virú y de los peritos forenses que ven este caso, los nueve campesinos del Santa fueron asesinados en forma brutal y de manera extrajudicial.

Los nueve cráneos hallados en las fosas de Huaca Corral evidencian que terminaron muertos con arma de fuego. Todos presentan orificios de bala en número de tres y cinco. Solo una de las víctimas muestra dos impactos.

Sentencia Judicial

Por este feroz delito los Colina fueron procesados y sentenciados el año pasado a distintas penas de cárcel por la Primera Sala Penal de Lima.

Tras dieciocho años este tribunal también dispuso el pago de una reparación civil ascendente a 175 mil dólares por cada una de las víctimas del Santa.

Asimismo recomendó continuar con las investigaciones para dar con el paradero de los restos de los desaparecidos y anotó que las víctimas no habían tenido relación alguna con Sendero Luminoso ni con otra agrupación similar.
Buscaban amnistía

A pesar de los años transcurridos los deudos recibieron la decisión de los magistrados como un triunfo debido a que el caso estaba en peligro de quedar impune.

Asimismo existía la pretensión del Ejecutivo de promover el Decreto Legislativo Nº 1097 que en opinión de Francisco Soberón, directivo de Aprodeh, se trataba de una norma que buscaba una amnistía encubierta.

El fallo de la Primera Sala Penal de Lima fue apelado por los procesados miembros del comando de aniquilamiento del Ejército. Ahora, se espera la opinión de la Fiscalía Supraprovincial de Lima para que la Corte Suprema emita después su sentencia.