Condena Bolivia a ex militares y ex ministros por masacre
La Fiscalía anuncia que ahora gestionará la extradición de Sánchez de Lozada y de sus otros 9 colaboradores
Juan Pedro Debreczeni
paginasiete.bo *
31/08/11
Sentencia. Roberto Claros, ex comandante de las FFAA, y Juan Véliz, ex comandante del Ejército, recibieron 15 años de cárcel. El general Oswaldo Quiroga y el almirante Luis Aranda recibieron 11 años. El general Gonzalo Rocabado, diez años de condena penal.
Histórico. Ex autoridades del alto mando militar y ex ministros de Estado fueron declarados autores mediatos y cómplices por el delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, en el marco del juicio por octubre 2003. Con penas de entre tres y 15 años, se trata de la culminación de un proceso que se extendió por más de dos años en los estrados judiciales. Coincidiendo con el plazo otorgado por los familiares y las víctimas para que las autoridades judiciales condenen a los acusados por los vejámenes y muertes durante la guerra del gas en El Alto en octubre de 2003, el tribunal de sentencia dictaminó reclusión en la cárcel de San Roque de Sucre para las ex autoridades implicadas en el caso.
Ayer, luego de instalada la sesión, al promediar las 13:00, el tribunal dio lectura a la sentencia contra los siete acusados; cinco militares del ex mando militar que fungían como tales hasta antes del 17 de octubre de 2003 y dos ex ministros de Estado.
El presidente del tribunal del juicio de responsabilidades, Ángel Irusta, leyó el falló: declarar al general Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y al general Juan Veliz Herrera, ex comandante general del Ejército, autores mediatos del delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno, condena que será computada para el primero del 30 de agosto de 2011 hasta el 2 de marzo del 2027, mientras que en el segundo la pena será computada desde la fecha de su detención preventiva, es decir el 2 de marzo de 2011, y correrá hasta el 2 de septiembre de 2026.
Se declaró al general José Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Aérea, y al almirante Luis Alberto Aranda Granados, ex comandante general de la Fuerza Naval, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 11 años a cada uno, condena que será imputada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022. En el caso del general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, ex comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas, se lo declaró autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, recibiendo una condena de presidio de diez años, sentencia que se pone en vigencia a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2021.
Irusta aclaró que se aplicó sentencia condenatoria en contra de los acusados, además de habilitarse el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan.
Es importante explicar además que durante la sesión se procedió a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, mientras que la lectura de los fundamentos de la misma está prevista para este viernes, en una audiencia pública a partir de las 14:30, para lo cual se citó a las partes. Se conoce que se trata de un folio de entre 1.000 y 1.500 páginas, por lo que se infiere que la lectura podría extenderse hasta la próxima semana.
Concluida la sesión, uno de los principales acusadores dentro del proceso, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, expresó su satisdacción.
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Sánchez de Lozada y 8 de sus ministros aún en lista del primer juicio de responsabilidades del siglo XXI
Sucre.- Sentenciados el martes a penas de cárcel de entre 15 y 10 años para 5 ex jefes militares y de 3 años para 2 ex ministros, otros 9 civiles prófugos, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) entre ellos, se hallan aún en la lista del primer juicio de responsabilidades instaurado por genocidio el siglo XXI en Bolivia.
Los 9 civiles, Sánchez de Lozada y 8 de sus exministros, deben, en caso de ser extraditados a Bolivia, ser sometidos a un juicio oral por la Corte Suprema de Justicia, que ya ordenó, de manera inapelable, prisión para otros 7 de los 17 ex funcionarios y ex jefes militares encontrados culpables de "masacre sangrienta" durante la represión militar que ahogó en sangre una serie de tumultos sociales entre septiembre y octubre de 2003 y que dejó 67 muertos y cerca de 500 heridos por bala en las ciudades de El Alto y La Paz.
El ex ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc, fallecido en Bolivia en junio último, zafó de enfrentar a la justicia boliviana y debe ser descontado de la nómina.
La Ley de Procedimiento Penal boliviana, vigente desde 2002, impide el enjuiciamiento y, peor aún, la dictación de sentencias en ausencia.
Se trata, además de Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos desde octubre de 2003, de sus exministros Carlos Sánchez Berzaín (Defensa), Guido Añez (Agricultura) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos), refugiados en el mismo país.
El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema facultó a la Cancillería boliviana a tramitar, en 2007, la extradición del ex presidente ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos.
Hasta el día de hoy Washington no ha contestado al trámite escrito en inglés en un legajo de 800 hojas que junta polvo en algún archivo estadounidense.
También de Mirtha Quevedo (Participación Popular), Jorge Torrez (Finanzas), Dante Pino (Justicia) y Javier Tórrez Goitia (Salud), refugiados en Perú desde 2009.
Lo mismo, Hugo Carvajal (Educación) avecindado en España, según la Interpol de ese país.
Tras la sentencia dictada contra 5 miembros del alto mando militar y 2 ex ministros de entonces, Sánchez de Lozada y 8 de sus colaboradores prófugos, descontado ya Kukoc, deben pasar por un juicio oral antes de escuchar sentencia por la Suprema.
Podría tratarse de un proceso de 2 años, según opinión coincidente de expertos locales.
Los 17, Kukoc incorporado, fueron imputados después que el Ministerio Público radicara una investigación de gran calado en 2007.
Sánchez de Lozada huyó de Bolivia el mismo día de su renuncia, el 17 octubre de 2003, lo mismo que Sánchez Berzaín.
Más tarde, en 2009, ante la inminencia de la instauración del juicio oral, se les unieron Beringoague y Añez, que se escurrieron de Bolivia en circunstancias veladas.
Carvajal, de cuyo paradero no se tenía pistas desde principios de 2006, apareció inopinadamente en España.
En la lógica de cuenta gotas, también se esfumaron de Bolivia, en 2009, Torres, Tórrez Goitia y Quevedo que ante la inexistencia de una sentencia pasada por autoridad como cosa juzgada, obtuvieron refugio en Perú, lo que enturbió las relaciones de Lima y La Paz.
Más tarde se les unió Pino, que puso pies en polvorosa a principios de 2010, cuando el juicio contra él y sus ex colegas Adalberto Kuajara (Trabajo) y Eric Reyes Villa (Desarrollo Sostenible) comenzaba a correr por tramos irrevocables.
"La primera parte de este juicio en la ciudad de Sucre concluyó este martes con sentencias condenatorias a 3 años de presidio para Kuajara y Reyes Villa, que ejercieron su derecho a la defensa, y también para los altos jefes militares de la época.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", completa la sentencia que ordenó penas mayores para los jefes militares de entonces.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar de Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
El 14 de octubre de 2004 el entonces Congreso boliviano autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de sus miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
La sentencia se escuchó en medio de gran expectación en el país, tras 2 años y 5 meses de alegatos.
Tras sentencia a jefes militares y ministros, Mayta va por Sánchez de Lozada
Sucre.- El abogado defensor de las familias de las víctimas de la represión militar de septiembre y octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), refugiado en Estados Unidos hace 8 años, luego que 5 jefes militares y 2 ex ministros en su gobierno fueron sentenciados el martes a expiar penas de entre 15 y 10 años de cárcel, por genocidio.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es la extradición de Sánchez de Lozada. Este es nuestro próximo camino y estaremos seguramente prestos para seguir luchando", afirmó un sereno Mayta luego de escuchar las sentencias por la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.
La sentencia, que Mayta calificó de histórica, fue leída en la sala de la Corte Suprema poco después de mediodía.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar de Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
La Suprema también ordenó guardar cárcel a 2 ex ministros de Sánchez de Lozada.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia
Mayta, que representa a familiares de 67 muertos y cerca de 500 heridos por bala durante la represión militar que bañó en sangre una insurrección popular alzada, en las ciudades de El Alto y La Paz, contra la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas a Estados Unidos y México por una puerto de Chile, dijo que este momento será reconocido como "hito" en la historia de la justicia y política bolivianas.
"Nunca antes dentro un gobierno democrático se había sancionado a un gobierno también democrático, de Sánchez de Lozada", afirmó.
Con tal antecedente, el segundo desde 1989, cuando la Corte Suprema sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a perdón judicial al ex dictador militar, Luis García Meza (1980-81), "seguramente nunca más militares actuarán al margen de la ley".
El 14 de octubre de 2004 el entonces Congreso boliviano autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de sus miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
La sentencia se escuchó en medio de gran expectación en el país, "2 años y 5 meses de lucha, juicio constante, 8 años de persecución por la justicia", reseñó Mayta.
"Esto ha llevado a un cansancio y agotamiento total", agregó el defensor.
* Con información de ABI
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