Mariátegui
Desde Arequipa
14/09/11
En el segundo día del Foro Nacional de los Pueblos Alternativos a la 30va Convención Minera dirigentes y representantes de diferentes pueblos originarios de Perú y Sudamérica debatieron sobre las consecuencias del modelo de desarrollo extractivista, los conflictos socioambientales que genera, además de la criminalización de la protesta que sufren por defender su propio estilo de vida.
Rufino Machaca, dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, dijo que el modelo extractivista afecta a la Pachamama y a los Apus. "Ese es el motivo por el que el pueblo aymara se ha levantado. Denunció que los aymaras defienden con su vida sus territorios y la naturaleza por eso están siendo perseguidos.
"El 80% de la Región Puno está concesionado a diversas transnacionales para que exploten yacimientos de plata. Han impuesto las conseciones sin consultarnos"
Machaca afirmó que las protestas en Puno sólo son un pretexto para encarcelar a los dirigentes, no quieren que la gente se organice ni proteste contra las conseciones.
"Seguiremos luchando para que haya nuevas leyes y nueva Constitución Política" finalizó.
Henderson Rengifo, representante de AIDESEP, originario del pueblo Ashuar en la Región Loreto, aseguró que hace casi cuatro dècadas su pueblo esta luchando contra las transnacionales pretoleras Occidental Petroleum y Plus Petrol. Sin embargo, resalta que a pesar de su poder económico han logrado muchas victorias con luchas propias, sin apoyo de los gobiernos. "Los pueblos indígenas hacemos que respeten nuestros derechos".
Por su parte, Marcelo Manccini, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería a cielo abierto de Argentina, afirmó que como el derecho a la libertad de expresión está jerarquizado (medios de comunicación) por eso al pueblo sólo le queda salir a protestar.
"A través de la criminalización la justicia quiere llevar la protesta de lo político a asignarle una naturaleza criminal. Y así ejercer control de la acción política. Por eso hacen una construcción pública-mediática de aquel que reclama un derecho como si fuese criminal para impone run discurso único".
Manccini resaltó que la criminalización es una práctica ilícita de los estados y las transnacionales para el control social "Porque las protestas siempre han plasmado una mirada contrahegemónica".
Magdiel Carrión, presidente de CONACAMI, aseguró que como en la década del noventa el precio de los minerales aumentó, se aceleró también el modelo extractivista. De ahí surgieron resistencias emblemáticas contra la minería como son los casos de Río Blanco (Ex Majaz) propiedad de Zijin.
"Las transnacionales mineras respondieron a las luchas de los pueblos con campañas intimidatorias mediante la prensa por encargo de las empresas y autoridades. Reglaje y seguimiento a dirigentesn que defienden el medio ambiente y paramilitarización de territorios. El derecho a la defensa muchas veces es restringido o vulnerado, además de la inhabilitación a autoridades locales si participan en movilizaciones sociales en solidaridad con sus pueblos". El dirigente de CONACAMI asegurá que ha llegado a tener 21 procesos judiciales sólo por defender su territorio.
Mar Pérez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que la criminalización de la protesta se sustenta e intenta legitimarce mediante los aparatos: legal, judicial, policial, militar y propagandístico.
"Se expresa mediante la impunidad de los excesos policiales que son acompañados de decretos legislativos (DL) como: 982, 983 y 989 y la disminución de garantías procesales con DL: 982, 983 y 989"
Pérez señala que a esto se suma las detenciones arbitrarias, los servicios privados policiales y militares, militarización de territorios, normas que facilitan la intervención del ejército como el DL 1095. "Y el abuso de utilizar los estados de emergencia por parte del estado".
Jaime de la Cruz, presidente del Frente Amplio del Valle del Tambo (Ilo, Arequipa) y presidente del recién constituido Frente Macroregional del Sur, afirmó que los pueblos no se sienten incluídos con la recièn aprobada Ley de Consuta Previa porque esta no es vinculante. "Los pueblos son los que deben decidir si este tipo de leyes les favorece o no".
De la Cruz rechazó el Estado de Emergencia impuesto por el actual gobierno en la selva central, ante las protestas de los campesinos cocaleros contra la erradicación forzada. Además señaló que en el Valle del Tambo seguirán firmes en la lucha contra la transnacional minera mexicana Southern, que intenta retomar el proyecto Tía María en Islay.
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