Perú:(Ayavaca-Piura) La justicia no llega para los campesinos



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Mario Tabra Guerrero / Mariátegui
06/09/11


Otro fin de semana y se cumple el primer mes del nuevo gobierno, en Ayavaca, se obtuvo el 84% de votos para gana Perú, su mayor población vive en la zona rural, población que ha depositado su confianza en este gobierno, pero la justicia no llega, tarda o tal vez no se acuerde de sus afligidos trabajadores.

Este miércoles 24 de agosto luego de un año de presentar la denuncia contra Wilmer Mondragón Abad por el delito de asesinato y lesiones graves en agravio de Arcesio Gonza Castillo (asesinado) y Benicia Chinchay Mulatillo (herida) el juez de Ayavaca Carlos Muñoz Alfaro realizó la audiencia pública de control de sobreseimiento en el proceso seguido.

La agraviada Benicia estuvo presente junto su abogado Quique Rodríguez Rodríguez, quienes pidieron se acuse a Wilmer Mondragón Abad por el delito de asesinato y lesiones graves, siendo testiga ella misma y habiendo comprobado con indicios y testimonios del asesinato con doce puñaladas a Arcesio Gonza Castillo, sin embargo el fiscal adjunto de la Fiscalía Mixta Provincial Penal Corporativa de la provincia de Ayavaca Carlos Grado La Rosa, siguió sosteniendo el sobreseimiento del caso de asesinato por “falta de pruebas” para vincular como autor del acto delictivo al señor Wilmer Mondragón Abad.

Fueron dos horas y cuarto de sustentaciones de ambas partes, a lo cual el juez resuelve diferir la Resolución de conformidad al artículo 346 del Código Procesal Penal, debiendo esperar quince días más para saber si se archiva el caso o dictamina apertura del juicio.

Por su parte Benicia Chinchay Mulatillo que fuera herida con tres puñaladas el día 22 de agosto de 2010 donde resultó asesinado su esposo Arcesio, pidió justicia a las autoridades judiciales provinciales ya que en el distrito de Suyo donde reside no la ha encontrado y se pretende dejar en la impunidad este asesinato, que esta vez cobró la vida de un defensor del medio ambiente el señor Arcesio Gonza Castillo que era el fiscal de la junta directiva de la comunidad Santa Rosa de Suyo, comunidad campesina que en magnas asambleas comunales ha acordado resistir y defender sus territorios y sus aguas comunales frente a la minería informal, que vienen contaminando en otras comunidades del distrito de Suyo, a vista, paciencia y complacencia de las autoridades competentes.

Es realmente deplorable de que aquellos que deben administrar justicia nunca lo hagan y más bien encubran a asesinos y contaminadores destructores del medio ambiente y persigan criminalizando a los defensores de la Pachamama, quienes tienen una serie de juicios por el mero hecho de hacer respetar sus derechos.

Si realmente este gobierno quiere hacer justicia tiene que hacer una gran depuración en este sector, porque la vida vale más que el “aporte” que puedan dar las empresas mineras, petroleras o gasíferas.

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