Giselle Salazar Blanco / Mariátegui
03/10/11
El reciente anuncio del Primer Ministro de reducir los plazos tanto para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como para los procesos de consulta, deja en claro la importancia de leer con mucho cuidado, los últimos gestos del actual gobierno y de la aparente continuidad en las políticas de inversión privada y el modelo extractivista, que ha traído como consecuencia en América Latina, mayores índices de pobreza y conflictividad social.
Herramientas como los EIAs, son de suma importancia porque incorporan obligaciones ambientales y sociales vinculantes hacia las empresas; reducir los plazos para su aprobación, significaría acelerar los procesos, con el objetivo de dar muestras claras de garantía para la promoción de la inversión.
A principios de año, en su intento por beneficiar a 30 proyectos de inversión, el gobierno anterior propuso flexibilizar el proceso de otorgamiento de EIAs, señalando que las certificaciones ambientales no formarían parte de los requisitos para la obtención de las autorizaciones administrativas.
Es cuestionable el hecho de que sea el mismo sector que otorga las concesiones, el encargado de otorgar las certificaciones ambientales. Y es más preocupante aún, que la opinión pública no haya percibido, hasta la fecha, signos claros de una voluntad política para fortalecer el sector ambiente. El MINAM aún no tiene competencias para el otorgamiento de las certificaciones ambientales y aparentemente se sigue viendo a los EIAs como herramientas de naturaleza privada.
En su momento, resaltamos la importancia de la recientemente aprobada Ley de Consulta Previa y su actual proceso de reglamentación, por contribuir a una democracia participativa y multicultural, y por la prioridad que le dio este Gobierno, a la implementación de una política eficaz de atención y transformación de los conflictos sociales.
En ese sentido, se le encargó al INDEPA la tarea de elaborar el reglamento de la ley de consulta, teniendo como principio rector el respeto del enfoque intercultural, tomando en cuenta la visión y perspectivas de los pueblos indígenas para el logro de consensos. Para garantizar este enfoque, la temporalidad (plazos, establecidos y concretos, enmarcados en procedimientos administrativos rígidos) constituirían un obstáculo, que a mediano y largo plazo vaciarían de contenido a dicho derecho.
¿Cómo leer entonces la necesidad de acortar los procesos de implementación de consulta y de otorgamientos de EIAs? ¿Es que acaso estamos construyendo normas que ayudan a legitimar procesos que no garantizarán precisamente un debido respeto a la participación auténtica con un enfoque intercultural para los pueblos indígenas?
Este contexto nos llama a la reflexión y análisis, para una función vigilante y proactiva en el respeto y garantía del derecho de los pueblos indígenas, medio ambiente y desarrollo sostenible en nuestro país.
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