Linda Lema Tucker / Mariátegui
15/11/11
Una de los esfuerzos más trascendentales del gobierno ha sido aprobar la Ley del Derecho a la Consulta Previa. Ley a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de OIT pues manifiesta el reconocimiento de los derechos indígenas. Luego de la promulgación, muchas voces saludaron la medida que Alan García no aprobó. Se esperaba entonces que un tema urgente a resolver sea el referido a la institucionalidad estatal encargada de la elaboración del Reglamento.
Hace unos días el Ministerio de Cultura fue sacudido por una crisis institucional que acabó con la destitución de la Jefatura del INDEPA y del Viceministro de Interculturalidad. Esto se dio en momentos que apremia la Reglamentación de la Ley de Consulta Previa, norma indispensable para que se escuche la opinión de los pueblos indígenas sobre medidas que afectan directamente, y en particular los proyectos de industrias extractivas en sus territorios o a su alrededor y se solucionen los 251 conflictos existentes.
En el caso de abogada, Raquel Yrigoyen, no hubo razones para su destitución. Su retiro se dio a pesar de estar en plena realización de actividades para elaborar el reglamento de la Ley de Consulta que coordinaba con las organizaciones indígenas. La razón de su destitución se debió a que Yrigogen emitió la Resolución Jefatural Nº 027-2011-INDEPA/J, mediante la cual, anula la opinión del anterior jefe de la institución, sobre un estudio de impacto ambiental hecho por Pluspetrol con el fin de obtener el derecho de ampliación de la explotación de hidrocarburos sobre el lote 88, superpuesto a la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti. Se cuenta que la norma despertó tal ira en la multinacional argentina Pluspetrol y presionó al gobierno hasta lograr la destitución de la especialista.
La crisis se agudizó y seguidamente el Viceministro de Interculturalidad, el sociólogo de izquierda, Vicente Otta, fue dado de baja. Según el propio agraviado, antes de su salida sostuvo que su destitución se debía por haber hecho suya el enfoque indígena en la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previa y esa posición desagradó "a los que antes manejaron sin control los territorios indígenas y los recursos naturales." (La Primera. 25.10. Pág. 8).
Lo cierto es que la crisis ocurrida en el Ministerio de Cultura se debe a que el Perú no cuenta con una institucionalidad indígena estatal. Sucesivos gobiernos rehusaron contar con una entidad indígena a la altura de un Ministerio con decisión política y eficiencia técnica que establezca políticas públicas de acuerdo a las necesidades y demandas indígenas. Al promulgarse la Ley de Consulta y al no contar con esta institucionalidad, su reglamentación se asentó en los escombros dejados por el gobierno de García. Los titulares del INDEPA y del Viceministro de Interculturalidad al hacerse cargo de sus altas funciones se hallaron sumergidos en un conjunto de indefiniciones e enredos administrativos. Situación presentada como si las discrepancias se hubieran dado porque los titulares pugnaban por elaborar el reglamento de la Ley de Consulta. Y eso no es cierto.
Las confusiones y los enredos son de vieja data y producto de los intereses del gran capital movidos alrededor de los territorios indígenas donde se encuentran los recursos naturales. Estos grupos presionan fuertemente para frenar la creación de institucionalidad indígena al interior del Estado. El gobierno de García encarnó los intereses multinacionales, elaboró el discurso del Perro del Hortelano que implicaba un nulo reconocimiento de la valía indígena, remató lotes en la Amazonía que dieron origen a los sucesos de Bagua. Para lograr toda esta barbarie, García necesitó convertir al INDEPA en simple unidad ejecutora dependiente del Viceministerio de Interculturalidad sin que contara con participación de las organizaciones indígenas.
Se espera que el gobierno de la Gran Transformación de Ollanta Humala tome históricas decisiones respecto a los pueblos indígenas que votaron por él y que no se amilane cuando los grupos de poder lo presionen a fin de impedir la presencia de las organizaciones indígenas en el INDEPA y la Comisión Multisectorial que elabora el Reglamento de la Ley de Consulta.
Linda Lema Tucker. Es socióloga y trabaja desde hace once años en temas relacionados al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular de la Amazonia.
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