Perú: Criminalización de la protesta. Procuraduría denuncia a presidente regional y 8 dirigentes de Cajamarca

Foto: (izq.) Idelso Hernández con camisa blanca y (der.)Wilfredo Saavedra, denunciados preventivamente sólo por organizar y participar en protestas contra Minas Conga

Mariátegui
01/01/12

El titular de la Fiscalía Preventiva del Delito de Cajamarca, Jhonny Díaz, tiene en sus manos una denuncia en contra del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos y de los dirigentes de los Frentes de Defensa: Wilfredo Saavedra, Ydelso Hernández, Óscar Huaccha, Ernesto Terrones, Samuel Ramos, Mercedes Saucedo, Óscar Ortiz y César Girón, en razón a la movilización que organizan para el 2 y 3 de enero próximos en protesta por el proyecto minero Conga. La documentación fue presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior.

Los dirigentes denunciados serán citados por la Fiscalía para que procuren evitar posibles actos de violencia y también el bloqueo de carreteras durante la manifestación.

El fiscal Jhonny Díaz adelantó que su despacho está coordinando con la Policía Nacional para que se identifique a quienes atenten contra el orden público durante esos días.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, respondió que el Ejecutivo busca debilitar la protesta ciudadana en rechazo a las políticas autoritarias que está aplicando el gobierno para solucionar el conflicto. "Esta es la décimo tercera denuncia que recibo, y siempre antes de que se inicie una protesta. Es evidente que su intención es amedrentar a la población, pero la protesta del 2 y 3 de enero será contundente", afirmó la máxima autoridad regional.

Mesa de Diálogo

Respecto al frustrado diálogo entre el Ejecutivo y el gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos manifestó que para retomarlo se requieren mesas de diálogo transparentes, así como representantes del Ejecutivo dispuestos a escuchar al pueblo organizado.

"En Cajamarca están sorprendidos de que un gobierno democrático elegido por votos progresistas persista en aplicar medidas que criminalizan la protesta social. Vivimos una persecución política, el Servicio de Inteligencia nos vigila y hasta me han prohibido que hable sobre política regional", aseveró Santos.