Mariátegui
07/06/12
La clase en el poder ha tratado de vendernos la idea de que el problema de la minería en el país es sobre su carácter, si es una minería ilegal o es una minería legal.
Y, siendo para ella lo determinante la ilegalidad, entonces la política minera tiene como fundamento perseguir la minería calificada de ilegal, para abrirle paso a las inversiones que cuenten con el visto bueno institucional o sea, que se enmarquen en el campo de la legalidad.
Los discursos de las autoridades mineras así lo constatan, comenzando por el ministro de Energía y Minas, hasta el funcionario medio en la cadena de la administración. Para éstos su principal labor es perseguir a los pequeños y medianos mineros, llamando ilegal este trabajo que es la base del sustento familiar y comunitario
Reprimen a los mineros artesanales expropiándoles las propiedades, decomisándoles las herramientas de trabajo, los gramos de oro extraídos y llevándolos a la cárcel. Esta es la política preferida del régimen para combatir la supuesta ilegalidad de los mineros.
Esta política es reforzada por la llamada justicia mediática, quien condena de antemano a los mineros, irguiéndose los medios de comunicación oligárquicos en jueces y fiscales, acusando a los pequeños y medianos mineros de ser testaferros de la insurgencia y de narcotraficante. El propósito fundamental de esta política es garantizar la “seguridad democrática” de inversores e invasores extranjeros.
Demonizar para ocultar o tergiversar la realidad se ha convertido en una potente herramienta ideológica imperial, calcada magistralmente por la oligarquía colombiana, para cometer tropelías y evitar que la sociedad colombiana pueda participar en el moldeamiento del país que queremos.
Esta estigmatización política que banaliza la problemática, no deja opción para que la sociedad se interrogue que esta pasando en el país, en relación a la minería y el modelo económico, y que pueda cuestionar la cacareada perspectiva de convertir a Colombia en un país minero.
Es justo preguntar por qué no hemos sido consultado los colombianos si el modelo de futuro que le conviene al país, es minero o si por contrario pueden haber otras alternativas?. No se ha actividado un sistema informativo y decisorio nacional que nos involucre a todos, sin excepciones, en las determinaciones del plan nacional de desarrollo, ni han sido escuchados los mineros y las comunidades como parte de un proceso participativo.
La política represiva vigente también tiene como objetivo impedir que en la sociedad concursen varias maneras de apreciar el rumbo económico del país. Acertadamente un editorial del Espectador dice que " El dilema no es solo entre minería legal o ilegal, o las anteriores frente a la criminal. Es en gran parte sobre el país que queremos. Sin duda la minería tiene el potencial de contribuir al salto económico. Falta probar que con ella siempre aumentará el bienestar. Está probado que tiene alto riesgo de arruinar el patrimonio natural. Son dos visiones del país, para un mismo territorio. Este es el dilema."
Aquí está el nudo de la cuestión, que ha sido dejado de lado, al cual tenemos que hacerle frente los colombianos, colocarlo en el centro del debate político, de la reflexión y en acción de lucha por un modelo económico sustentable y sostenible para el país.
EL AMBIENTE QUE SUSTENTA EL PAIS MINERO
Desde el pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez se viene impulsando, y ahora retomado y repotenciado por el actual gobierno, proyectar a Colombia como país minero.
Un testimonio de ello fue el ofrecimiento que hizo el Presidente Santos en su reciente visita a China, de venderle todo el Coltan que ellos quisieran. Esta proyección ha convertido en la actualidad al sector minero-energético como el de mayor crecimiento económico, equiparado con el sector agropecuario, pasando por encima de la industria, el comercio y otros rubros económicos.
El impulso a la “locomotora” minero energético ha producido que en el año 2010 la participación de la minería en el Producto Interno Bruto fuera del 7.5 del ciento y en el primer trimestre del 2011 del 7,8 por ciento. Participa con el 60 por ciento de las exportaciones del país.
Las condiciones favorables en el mercado internacional permiten acentuar la tendencia de país minero. Los precios de los productos minerales han sufrido un alza en estos últimos años. La tonelada de carbón casi ha duplicado su precio, pasando de 90 dólares la tonelada en el año 2004 a 160 dólares en la actualidad, el barril de petróleo ha sobrepasado los 100 dólares; la onza de oro ha sufrido alzas igualmente considerables.
Lo anterior ha sido la base para sustentar la política conocida como la locomotora minera, la cual según la oligarquía, repartirá beneficios para todos los colombianos porque habrá más ingresos para distribuir, lo cual está por comprobarse. Las bonanzas en Colombia tradicionalmente no han significado progreso para las regiones y los pueblos.
La región de la Guajira sigue en la misma pobreza de hace 20 años, sin agua y sin servicios, a pesar de que la producción carbonera ha aumentado y disparado los precios. El Lucro ha sido para las transnacionales y un puñado de oligarcas articulados a ellas.
Los altos precios, más la política de seguridad inversionista promovida en el exterior como el país de la oportunidades para las transnacionales mineras y energéticas, y una legislación muy flexible que garantiza altos niveles de rentabilidad al capital, disparó la titulación minera en Colombia. .
Algunos investigadores sociales han llamado la seguridad inversionista, como una política favorable los derechos del capital.
UN CUARTO DEL PAÍS, REGALADO A LAS TRANSNACIONALES
Las facilidades y garantías otorgadas por el gobierno, llevaron a que Transnacionales desplegaran una lluvia de solicitudes de títulos mineros. Los cálculos mas conservadoras hablan de 20 mil solicitudes convertidos sin ninguna dificultad en títulos para explorar y explotar yacimientos mineros, mediante contratos bajo la modalidad de concesiones, vieja figura jurídica que permite la explotación de los recursos renovables y no renovables a cambio de una pírrica regalía para el país.
Estas 20 mil concesiones cubren aproximadamente 22 millones de hectáreas, de las 114 millones que constituyen el territorio colombiano, es decir cerca de la cuarta parte del país, regalado a las Trasnacionales a costa de pérdida de soberanía. Una muestra del dominio y acaparamiento es el caso de la empresa Anglo Gold Achanti (AGA) que a julio de 2011, tenía mas de 389 títulos mineros en todo Colombia que suman algo más de 700 mil hectáreas.
El gobierno ha entregado las concesiones mineras sin respetar el ecosistema de páramos, fuentes productoras del agua para la población colombiana, ni las áreas naturales protegidas como lo son los parques nacionales y regionales; y mucho menos los territorios sagrados y colectivos de los indígenas, afro descendientes y comunidades campesinas, los cuales son vitales para la seguridad alimentaría del país y mantener vida armónica con la naturaleza, donde se construye una dinámica económica distinta a la voracidad destructora del capitalismo trasnacional.
Este desconocimiento ha llevado a que 8 millones de hectáreas de páramos y áreas protegidas, de alto valor estratégico en términos de conservación de la biodiversidad y de recursos hídricos, hayan sido entregadas en concesiones mineras y energéticas para la explotación de las Trasnacionales.
Todos estos aspectos ambientales, sociales y culturales que configuran una Colombia distinta, en sus lógicas de reproducción de la vida, fueron y viene siendo sistemáticamente desconocidos por la clase gobernante colombiana, para quien vale más un gramo de oro o un barril de petróleo, una tonelada de carbón, que toda la vida acumulada en la biodiversidad, nuestra gente y el medio ambiente.
Esta política constituye un crimen de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza. En consecuencia es un deber de todos los colombianos investigar, cuestionar, sancionar e impedir que se produzca una terrible tragedia ambiental, la cual aún estamos a tiempo de evitarla
Lo anterior es de mucha gravedad. Constituye una marcha en vía contraria a los procesos de trasformación social y políticos que se expresan en la mayoría de los países del continente, los cuales vienen recuperando las empresas y los recursos naturales estratégicos víctimas de la oleada de privatización neoliberal.
CORRUPCION Y COLAPSO AMBIENTAL
Toda esa apropiación privada del territorio colombiano por las trasnacionales minero energética, ha sido facilitada por la complicidad, de toda una cadena de instituciones y autoridades mineras, las cuales engordan sus bolsillos a punta de dólares que funcionarios de las compañías extranjeras van repartiendo para lograr sus propósitos de saqueo.
Mientras que para los mineros artesanales la política de legalización de sus minas es todo un trámite engorroso, a pesar de tener décadas enteras de posesión del territorio y después de varios años de batallar, algunos pequeños mineros obtienen el titulo, encuentran que los predios ya han sido titulados o sobrepuestos por otro titulo, que coincide con ser de una transnacional; en cambio, las transnacionales les entregan los títulos en un proceso fugaz y sin trabas.
Valga un ejemplo para graficar la injusticia en esta situación. Según María Teresa Ronderos, en artículo publicado por la Revista Semana, fechado el 9 de junio del 2011 dijo: "los pequeños mineros organizados en varias asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el Código Minero de 2001 les diera tres años para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del Pueblo hay en el país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias décadas atrás".
Y es que esta planeación o ingeniería de la corrupción practicada y estimulada desde las altas esferas gubernamentales, está a punto de hacer colapsar la sociedad colombiana. Los otroras departamentos de color verde y del arco iris de la biodiversidad van cediendo lugar al color gris de los huecos mineros, trazando una perspectiva de socavón minero a lo que fueron y son florecientes despensas agrícolas.
Sería muy ilustrativo para todos los colombianos, hacernos el ejercicio de colocar delante de nosotros, el mapa del departamento del Guainía, ubicado al sur del país, donde hace dos años existían menos de 10 títulos mineros, hoy todo el mapa del departamento es una sola mancha de titulaciones mineras en manos de las transnacionales.
Igual sucede con el departamento del Cesar, ubicado al norte del país, que años atrás era una región ganadera y de muchos cultivos entre ellos el de algodón, ha sido convertido hoy en un enorme socavón por las empresas explotadoras del carbón que operan en el norte y centro del departamento.
Y así podemos ver cada departamento en su anterior vocación productiva y ver las actuales condiciones o perspectivas, lo que hace predecir que nos estamos enfrentando a un colapso ambiental de enormes repercusiones en la vida de los pueblos y comunidades que habitan nuestra Colombia, convertida en sociedad inviable. Es el tránsito doloroso de una patria, ensangrentada por el terrorismo de estado que la convirtió una gran fosa común, y ahora convertida en una fosa o “mina de cielo abierto”.
EN LA RESISTENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES HAY UN NUEVO SIGNO DE NACIÓN
No hay duda que la alarma están prendidas en el país de los de abajo y los que amamos a esta patria de bolivar, de la intelectualidad honesta y crítica, de los movimientos sociales, del pensamiento progresista, de la pujanza campesina, del florecer indígena y afro, de los ciudadanos urbanos, de los sectores patriotas, que vienen proponiendo una reflexión nacional para cambiarle el curso a este hermoso país suramericano, el de mayor biodiversidad y de mayor potencial de sustentabilidad de la vida en armonía humana y de la naturaleza.
Si bien es cierto, los miles de pequeños mineros que explotan riquezas auríferas en el lecho de los ríos, están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al cianuro, esta modalidad es la que menos impacta al medio ambiente y tiene posibilidad de reconvertirse, si se hace realidad una reforma agraria y una reforma ambiental.
Ha sido la ausencia de estos dos elementos, claves de la política colombiana, más la dejadez absurda del estado y la ausencia de voluntad política transformadora, la causa de la contaminación no deseada por las comunidades mineras que sufren ellos y la población del entorno. Sin duda, esta realidad hay que cambiarla por mejores condiciones de sustento de la vida.
Pero no hay que cerrar los ojos, como viene haciendo el Estado y sus dirigentes, que por cientos de millones de dólares, o tal vez miles de millones de dólares, se va a arrasar con la vida, sobredimensionando el dinero y subvalorando la vida de la población y la naturaleza.
Por ello, han estallado y seguirán estallando, las movilizaciones populares como las que vienen haciendo los habitantes de Bucaramanga y municipios vecinos, una de las principales zonas metropolitanas, ante el peligro que significa la ejecución del contrato de exploración y explotación de mineral aurífero que contiene el páramo de Santurban, nicho ecológico donde nacen las fuentes hídricas que abastecen a mas de dos millones de pobladores; porque el estado colombiano cedió el páramo a la transnacionales, entre ellas a la compañía canadiense Grey Star.
La falta de conciencia humanista de la oligarquía se expresa en el hecho de que en los páramos se encuentran 630 casos de superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca. Situación que según los funcionarios, que asignaron las titulaciones, desconocían que fueran espacios protegidos o sea que allí no se registraba la existencia de estos ecosistemas, cuento que no se cree nadie.
Solo la Anglo Gold Achanti tiene 40 títulos mineros en páramos, bendecidos con el agua bendita de todas las autoridades mineras gracia al santo llamado “sanbillete”.
La transformación de los ecosistemas, todos sabemos, tienen unas grandes y graves repercusiones sociales que deben ser tenidas en cuenta para viabilizar o no las políticas mineras. Es de sobra conocido que la modificación de los factores ambientales se han constituido en elementos generadores de violencia pues el deterioro ambiental empobrece las personas, las comunidades y los pueblos, también a la sociedad en su conjunto.
Ha sido un hecho histórico que la escasez de tierra y de recursos naturales termina por desplazar, aumentar la pobreza, las inequidad social y se disminuyen los niveles de vida.
La resistencia naciente es síntoma de un nuevo país. En ese sentido, diferentes tendencias defensoras del medio ambiente, plantean la oposición al modelo extractivo de recursos naturales, su articulación al gran movimiento alternativo social que viene tomando cuerpo que le apuesta por la transformación del modelo energético y minero, que se sustenta en la utilización de combustibles fósiles y minería a cielo abierto que significa la muerte de la vida, del agua, de la soberanía alimentaría y de la autonomía de las poblaciones.
El problema, pues no es la legalidad o ilegalida. Es la vida de nuestros pueblos. O son los derechos del capital y el colapso ambiental, O los derechos de las gentes a vivir en bienestar y en armonía con la naturaleza.
http://eln-voces.com
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