Segunda parte: Colombia, negociando la paz en medio de la guerra




Guillermo Bermejo Rojas / Mariátegui
23/09/12


(De 1998 al 2008, Gobiernos de Pastrana y Uribe)

En la primera entrega dejamos constancia como una protesta por reforma agraria de extensos territorios colombianos fue reprimida con furia militar por un Estado al servicio de la Oligarquía.

También como estos campesinos terminaron, luego de buscar todas las puertas democráticas y pacificas, organizándose en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para responder al plan de exterminarlos.

Explicamos también como se paso del sicariato narcotraficante disperso en carteles a los grupos paramilitares con formación de las FFAA y Policiales y con el apoyo  de los distintos gobiernos por darles seguridad jurídica y reconocimiento estatal. Y que estos fueron financiados por los carteles de la droga, la oligarquía colombiana con el apoyo económico y militar de los EEUU. Contamos también el exterminio de la Unión Patriótica, intento de legalizar por vía democrática los reclamos de los alzados en armas.

Ahora, en esta segunda parte y penúltima parte, seguiremos entregando partes del Libro de Hernando Calvo Ospina “Colombia, laboratorio de embrujos” y datos de distintas organizaciones de DDHH y reportes de Naciones Unidas al respecto de la Guerra Colombiana que van del gobierno de Andrés Pastrana y Alfaro  Uribe respectivamente.

Gobierno de Pastrana y la negociación de San Vicente del Caguán

El 7 de enero de 1999 se iniciaron los diálogos  entre el gobierno de Pastrana y las FARC, aceptando el gobierno la desmilitarización de 42 mil km al sur del país. Esta zona de distención tenía el propósito de ser el lugar de debate nacional  sobre las transformaciones que Colombia requería.

Organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, pobladores, empresarios nacionales y extranjeros y políticos de todas las tiendas hacían presencia en dicha zona y en los debates propuestos. Y siempre salía denuncias de los abusos y violaciones de derechos humanos contra los miembros de las Fuerzas militares y policiales y su complicidad con el paramilitarismo.

El dedo apuntaba también a la indolencia del Estado con los pobres, sobre todo campesinos y pueblos originarios. El modelo económico del que tanto se jactaban los distintos gobiernos de hacer crecer a Colombia, era otro blanco de las críticas de los asistentes al Caguán. Claro menos de los miembros del gobierno y los banqueros.

Era más que evidente que el gobierno y su patrón desde Washington no aceptarían ni la más mínima reforma. Se estaba ganando tiempo para que la maquinaria militar vuelva con mayor ferocidad contra los armados y civiles opuestos a sus designios.

Manuel Marulanda Vélez, al ver la poca intención de negociar del  gobierno pregunto qué cosa era negociable, porque  a cada propuesta le respondían que era imposible.

Moribunda la negociación y con un Estado al que los pobladores les desnudaban sus crímenes, el Gobierno de Pastrana comenzó a acusar que la desmilitarización era usada por las FARC para el tráfico de drogas y armas, secuestros y subir nuevos guerrilleros. Más, nunca presentaron una sola prueba de ello.

Para 2001 no quedaban dudas que el dialogo agonizaba. Pastrana se alegraba de haber pasado de tener 22 mil soldados profesionales a 55 mil. De haber tenido 57 mil soldados regulares a 73 mil con expectativas de llegar a 103 mil. Todo esto entre 1998 y 2001. La política del dialogo por la paz se estrellaba entrenando mas civiles para la guerra.

A esto hay que sumarle el avance del paramilitarismo. El jefe narco paramilitar Carlos Castaño declaro, al asumir Pastrana el cargo de presidente:”Vamos a trabajar para el patrón”

Hasta octubre del 2001 los paras habían tomado 47 municipios y dos provincias en 13 departamentos.  Y sus masacres se multiplicaron por 5, según el informe del Ministerio de Defensa de Colombia: si en 1998 habían sido 111 las personas masacradas, para el 2000 fueron 577. Mientras la cantidad de asesinados por motivaciones políticas  aumento de 929 en 1998 a 1,226 para el 2000.

La Casa Blanca tenía nuevo inquilino: George Bush. Y política militarista imperial batía nuevos records a partir de los atentados a las Torres Gemelas, que engendro la “guerra al terrorismo”.

Y de un día a otro, los negociadores farianos, que eran reconocidos al menos por 28 de gobiernos y hasta por emisarios del Departamento de Estado Norteamericano, se convirtieron en “narcoterroristas”. El 20 de febrero del 2002 se rompió la negociación del gobierno con las FARC, demostrando hasta donde la política del imperio del norte es acatada a raja tabla por el gobierno colombiano.

A solo horas del anuncio presidencial del rompimiento del dialogo, se inicio la Operación militar bautizada como Tanatos, similar al nombre del Dios de la muerte griego Thanatos. Pasaron por encima de los 28 gobiernos que apoyaban la negociación y por el mismo enviado de la ONU que apoyaba esta. Todo con el apoyo del Tío Sam.

Se había pactado entre ambas partes que si se rompía el dialogo se darían el menos 48 horas para que la guerrilla evacuara la zona de distención. Pero solo 3 horas después del rompimiento unilateral por parte del Gobierno de Pastrana, las FFAA apoyadas por 200 aviones y helicópteros bombardearon 87 posiciones importantes en el Caguán. Una vez más, como en Marquetalia en los 60s o la Casa Verde el día de las elecciones por la Constituyente, este artero ataque tenía la intención acabar con las dirección de las FARC.

Pero al guerrilla no opuso resistencia en la zona de distención, se replegaron monte adentro. Hubieron solo 20 bajas farianas, entre heridos y muertos, ni una captura de mandos medios siquiera y más bien, por culpa del bombardeo se afectaron bienes civiles. Se demostró además  que en “Tanatos” participaron activamente miembros de las fuerzas especiales del ejército de los EEUU, como también la participación de los paramilitares que habían sido entrenados en la Base militar de Tres Esquinas y Larandia comandadas por estadounidenses del Comando Sur.

Llega el Plan Colombia

Como todo proyecto del Imperio, este plan estaba escrito en inglés. Para poder darlo a conocer se tuvo que traducir el texto. Y más allá de la propaganda de lucha contra  el narcotráfico, (con el que, como demostramos en la entrega anterior, convivio a través de los carteles y convive en la actualidad a través de los paramilitares) este plan busca aniquilar la resistencia armada colombiana y hacer de este territorio cabecera de playa para el resto de América del sur.

Según datos de la Dirección Nacional de Planeamiento, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, el gasto de este Plan ascendió en la primera etapa 2000-2004 a 10,732 millones de dólares. 6,950 millones de dólares puso el gobierno colombiano y 3,782 el gobierno de los EEUU. Aquí el tipo de gasto: el 26,6% para fortalecimiento Institucional, 57,5% para el combate a drogas ilícitas y crimen organizado y solo 16% para reactivación económica y social.

En su segunda etapa, 2007- 20013 se asume que el gasto será de 43mil millones de dólares. Es decir que en 13 años entre el gobierno colombiano y su amo imperial se habrán gastado 54 mil millones de dólares solo en este Plan  de muerte y destrucción. Y los resultados hablan por sí solos: Colombia sigue caminando entre el primer y segundo lugar de producción de cocaína de la mano del paramilitarismo y la guerrilla, a pesar de los golpes sufridos, ha resistido.

El plan Colombia trajo de regalo  400 militares yankees al conflicto y otros 400 por medio de las Compañías Militares Privadas que fueron autorizadas una vez iniciado el Plan. Se legalizaba así el derecho de los terratenientes y trasnacionales a tener compañías de mercenarios.

Parte de la política del plan Colombia es esta  que se parece a la ley del viejo oeste: premiar económicamente a quienes den muerte a guerrilleros. Y como militarmente ha sido un fiasco la lucha contra la guerrilla, se dio el fenómeno de los falsos positivos. Esto es matar inocentes y hacerlos pasar como guerrilleros.

Solo el año 2009 la Fiscalía General de la Nación investigo 946 casos y la Procuraduría 1,043. Y a pesar de estos escandalosos crímenes al menos 40 militares denunciados por estos actos fueron liberados por vencimiento en los plazos, haciendo que la justicia le calce a los asesinos.

Uribe y la desmovilización paramilitar

Uribe fue alcalde de Medellín cuando Pablo Escobar, capo del Cártel y miembro del Parlamento hacia obras  en los barrios pobres de dicha ciudad. Después Uribe fue  Jefe de Aeronáutica Civil. Antes de la jefatura de Uribe, de 1954 a 1981 el Estado había concedido 2,339 licencias. Y en los 28 meses que Uribe estuvo al mando, concedió 2,242 licencias, casi lo mismo que en los 35 años anteriores. Se calcula que al menos 200 licencias quedaron en manos del Cartel de Medellín.

El papa de Álvaro Uribe, Alberto Uribe Sierra, murió en un ataque de las FARC  a su hacienda. La guerrilla lo hizo para desbaratar el campo de entrenamiento paramilitar que ahí existía. Cuando Uribe se entero, se monto en un helicóptero para ir a la hacienda asaltada. El helicóptero era, de Pablo Escobar. Hasta aquí para dejar claro la relación de Uribe con el narcotráfico antes de ser elegido presidente.

El 2002 con esta millonada en gasto militar gana las elecciones el que más mano dura prometió: Álvaro Uribe Vélez. Saco 53%, pero la abstención fue del 52%. Y puso al país entero en Estado de sitio.

Uribe  implanto su política de Seguridad Democrática en los siguientes términos: “No existe conflicto armado en Colombia sino una guerra contra el terrorismo. Todo el servicio estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se deben otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer al enemigo terrorista. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”

Y creo una red de informantes, que estarían controlados, evaluados y supervisados por las Fuerzas Militares: el día después de su posesión en 2002 tenía 1,220 informantes. En abril del 2003 existían ya 246 mil y para  febrero de 2004 la red estaba compuesta por  un millón seiscientas mil personas. Las 4,200 empresas de seguridad privadas se pusieron al servicio de esta red.

Si las fauces del lobo era el  Plan Colombia, la política uribista de Seguridad  Democrática  tenía en el Plan Patriota su diente más filudo.  No era una operación mas, era un inicio sin fin hasta derrotar a la Guerrilla de las FARC.

Con el monitoreo, apoyo y asesoramiento de los EEUU, 18 mil efectivos expertos en contra insurgencia de las fuerzas combinadas del ejército, la marina, fuerza aérea,  y la policía se lanzaron contra los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, en el sur colombiano, que representa el 20% del territorio y tiene una población estimada en un millón  setecientos nueve mil habitantes.

El diario el Tiempo de Bogotá describe así el Plan Patriota: “Nunca antes los EEUU se había metido de manera tan directa en la guerra contra insurgente en el país….Una estrategia militar rodeada por hermetismo que por primera vez vincula sin tapujos a EEUU en la lucha contrainsurgente, que ha enviado a decenas de sus más experimentados militares y contratistas, que juegan un papel clave en la planeación y soporte logístico de los operativos”. Para Uribe era simplemente: “la campaña libertadora del siglo XXI”.

El primer problema, aunque sea difícil creerlo, era la poca información sobre las enfermedades de los lugares donde los militares iban a combatir. Por enfermedades endémicas quedaron fuera de combate 884 hombres  y por paludismo 671. Y a pesar del gran entrenamiento y profesionalismo con que suele propagandizar sobre el valor de los soldados, un grupo de 18 soldados, luego de dos meses de combate, secuestraron un helicóptero. Dijeron al salir  de la zona de combate, a una sicóloga: “no queremos seguir ahí, la manigua nos está volviendo locos”.

El 10 de marzo del 2002 se dieron las elecciones legislativas en Colombia. Solo fue a votar el 56% de los habilitados. El narco paramilitar Salvatore Mancuso, jefe de las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, manifestaría esto al leer los resultados de los comicios:”Podemos afirmar con los datos en la mano, que la meta original de 30% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC”.

En diciembre de ese mismo año el gobierno de Uribe inicia conversaciones con los narco paramilitares de las AUC. El Estado Colombiano iba a negociar con el grupo armado que mas acciones terroristas a cometido contra población civil indefensa en la historia del  hermano país.

El estado creó el paramilitarismo para blanquear las acciones de sus FFAA contra poblaciones desarmadas, les dejo la  tarea de exterminio que ocasiono desplazamiento forzado de millones de colombianos pobres y a su vez les entrego el dominio territorial para obligar a los pobladores a votar por candidatos serviles a la oligarquía.

Ahora con miles de millones de dólares del Plan Patriota y Colombia para continuar la Guerra, necesitaban a estos criminales en sus filas de manera ordenada y para eso se invento esta negociación, en la que ninguna reivindicación social política o económica se discutió y menos aplicó con seriedad.

Se les quitó la orden de detención a los jefes paracos, simple formalismo pues en la realidad nadie los perseguía. Y a pesar de su llamada tregua a un Estado que los alimento, vistió, calzo y entreno, los paras continuaban con su sangría: en 2003 y 2004 sus crímenes fueron 2,350, en medio del dialogo por la paz. Y tenían 509 personas secuestradas.

El informe del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los derechos Humanos del 2005 decía del actuar de los paras por ejemplo:”la violación sexual contra mujeres, sigue siendo utilizada como arma de guerra por las FFAA, pero principalmente por sus paramilitares. Entre los años 2003 y 2004 los paramilitares aumentaron el porcentaje de violaciones contra mujeres campesinas, indígenas, militantes sociales y políticas. En el 2004  hubo aumento del 250% con respecto al 2003”.

El regalo de las negociaciones a los paras era sencillo: podían desmovilizarse y pasar al ejército colombiano, las penas contra sus jefes serian de máximo 8 años y se les consideraría delitos políticos a sus atrocidades, pudiendo ser amnistiados. Tanto para Amnistía Internacional, como para el Alto Comisionado de NNUU, se trataba de un pacto por la impunidad. En el editorial del diario The New York Times titulado “Capitulación en Colombia” decía que esta ley debe llamarse: “ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y grandes traficantes de cocaína”.

Mientras el diario gringo publicaba esto, Condolezza Rice, Secretaria de Estado, a nombre de los EEUU felicitaba y apoyaba la “desmovilización”.

Salvatore Mancuso jefe de los paras de la AUC, diría: “dejamos de ser la amante, para ser la esposa”. Y que duda quedaría: ahora los amigos paramilitares elegidos en el congreso cambiarían las reglas de juego electoral y Uribe iría a la reelección. El 2006 saca el 62%, pero sólo asisten a votar el 45% de los habilitados según fuentes del gobierno.

La torpe política de rendición incondicional es lo que ofrece Uribe a las guerrillas a diferencia  del guante de seda que le dio a los paramilitares. Mientras tanto aparece uno de los horrores más grandes de las últimas décadas en el Mundo: aparece en el pueblo de La Macarena una fosa con al menos 2 mil cuerpos de asesinados por las fuerzas del orden del 2005 para adelante.

Este pueblo a 200 kilómetros de Bogotá tiene al lado de la fosa, un Cuartel militar. Una fosa con esa cantidad de víctimas tendría que llevarnos a buscar en el Holocausto Nazi o en la Camboya de Pol Pot. Y sin embargo ha significado un silencio casi total de los grandes medios de comunicación y de los gobiernos llamados democráticos en el mundo.

Uribe y los miles de millones gastados en armamento y guerra en el Plan Colombia y Plan Patriota, (con lo que se hubiera podido palear el hambre de millones de Colombianos), se irían en el 2010, luego de 8 años  de brutalidad militar y paramilitar. Y su promesa de acabar con la guerrilla, se estrello contra la realidad, al igual que la de sus antecesores.

Fin de la Segunda Parte

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