Horacio Bustingorry / Mariátegui
15/02/13
El congelamiento de precios por dos meses que implementó el gobierno es una medida de neto corte popular. Pero también implica un reconocimiento de que la inflación está carcomiendo los ingresos de un sector de la población. No es casual que la medida se tome un mes y medio después de los saqueos del año pasado.
Este provisorio acuerdo rubricado con las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos retoma lo mejor del kirchnerismo. En los últimos dos años la secretaría de Comercio Interior había relajado los controles de precios que tantos éxitos le dieron en un principio.
El intento de volver a transitar ese camino implica un diagnóstico que -aunque no sea explícito- reconoce un empeoramiento de la situación de los trabajadores en el último año. Una inflación persistente y una franja de la población que no goza de paritarias son un cóctel explosivo cuyas consecuencias no excluyen saqueos a comercios y otras acciones similares.
Sin embargo buena parte del kirchnerismo prefirió reflotar la teoría del complot. Desde los sucesos del Parque Indoamericano a esta parte esa explicación pone las causas de los conflictos que desbordan el marco institucional en conspiradores de toda laya. Podrán ser políticos, sindicalistas, dirigentes territoriales u otra alternativa, -no importa el culpable de ocasión- lo que los unifica son intenciones desestabilizadoras y una falta de apego a las reglas democráticas.
Se crea o no este razonamiento, la conclusión que esta mirada propone es que todo entorpecimiento al normal desarrollo del gobierno de Cristina es un freno al proyecto y un juego a la derecha. Paradójicamente, la tesis complementaria es que la presidenta está a la izquierda de la sociedad y que, por ende, no existen demandas reales de profundización del modelo.
El pueblo no necesita pensar con categorías de izquierda para reclamar la profundización. Simplemente con las acciones concretas que desarrolla en su vida cotidiana formula las demandas de todo lo que falta. Si dejamos de lado las mentadas conspiraciones, observaremos que los últimos saqueos tuvieron como común denominador ser un reclamo no conciente - pero sí objetivo- para superar los límites del modelo. El accionar no fue político pero su contenido último sí lo fue.
Los saqueadores plantearon una crítica práctica a la política económica más allá de la ausencia del cualquier contenido programático. Colocaron en agenda las extremas dificultades que sufren todavía algunos sectores de la población, los efectos de un año de desaceleración económica y las penurias de los trabajadores en negro.
Si a eso le sumamos las broncas intensificadas por no alcanzar el dinero para afrontar las fiestas, quedará claro que los saqueos pusieron en tela de juicio la solidez del proyecto, y no la estabilidad del gobierno nacional. La alegría que el cobro del aguinaldo provoca en los trabajadores registrados debería alertarnos que, en la forma de terminar un año, se encuentra el misterio que encierra diciembre, mucho más que en las “oscuras” reminiscencias al 19 y 20 que supuestamente algunos conspiradores querrían instalar.
El gobierno, enhorabuena, tomó cartas en el asunto. Es cierto que las medidas deben contemplar múltiples áreas de intervención pero es un sano comienzo. La lección política que debe sacarse es que los conflictos sociales son ineludibles para que el proyecto avance, incluso cuando asume formas tan perniciosas para otros sectores de la población. No está de más volver sobre un tópico planteado en otros artículos: la clave de la profundización reside en una correcta resolución de la tensión entre el conflicto social y el gobierno de Cristina. La ausencia de cualquiera de los dos factores significará un impedimento para la mejora del modelo.
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