Ecuador: ¿Hay salidas coherentes a la crisis universitaria?



Redacción Opción 
24/04/13

"La soberbia esel abismo donde suele desaparecer hasta el mérito verdadero".
Juan Montalvo

Los contrasentidos y absurdos caracterizan a la actual reforma universitaria, que pretende, según los sueños de Rafael Correa, europeizar a la educación superior y, como consecuencia, a la sociedad ecuatoriana.

Un botón como muestra: desechan a los docentes que tienen70 años de edad, por considerar que han cumplido su “vida útil”, como lo dijo Enrique Santos, director del Consejo de Educación Superior (CES) en un canal de televisión, y a los docentes que se quedan les imponen un currículo que se sustenta en el paradigma constructivista, uno de cuyos fundadores en el plano educativo es Jean Piaget, catedrático que formó a varias generaciones de educadores en el viejo continente, hasta cuando ya tenía 80 años de edad. Si este eminente educador habría sido profesor a sus 70 años en Ecuador, ¿René Ramírez ya lo habría jubilado?

Para Juan Borja, miembro del Frente Unitario de Docentes Universitarios (FUDU), la universidad ecuatoriana enfrenta una crisis como producto de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y los reglamentos conexos: el de Escalafón Docente y de Tipología Académica. “Estos instrumentos han sido impuestos sin tomar en cuenta los criterios de la Academia y por lo tanto no responden a la realidad del sistema de educación superior”, sostiene.

La LOES dispone que CES y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) se encuentren conformados por personas que no están ligadas al sistema, con el argumento de que los regulados no pueden ser reguladores. Esto ha determinado que las políticas que se generan desde los más altos organismos de dirección estén sometidas a los intereses políticos del gobierno, puesto que son dirigidos por los vocales designados por el Ejecutivo.

A través del Reglamento de Tipología Académica, el régimen propone que solo las universidades que cuenten con el 70% de la planta de docentes con grado académico de Ph.D podrán ofertar programas de postgrado e investigación, lo que significa que hasta el año 2017 la Universidad Central del Ecuador debería formar 1.400 docentes con este grado, requisito imposible de alcanzar.

Por otro lado, se exigen profesores de cuarto nivel, pero se les niega a las universidades ofertar postgrados. ¿Cómo se entiende esto? En el fondo, lo que busca el gobierno es reducir la función de las universidades públicas a simples institutos superiores que formen solo profesionales de pregrado, y apuntalar sus proyectos de universidades modelo como la Yachay, Estatal Amazónica, Pedagógica y de las Artes.

¿Por qué la salida de los profesores que no tienen estos títulos acelera la crisis universitaria?

Está claro, según Juan Borja, que la vigésima novena disposición transitoria de la LOES es el factor determinante para que los docentes estén optando por la jubilación, puesto que establece como plazo máximo para no perder el beneficio de la jubilación complementaria al mes de diciembre de 2014, por lo tanto la propuesta del rector de la universidad Central, durante la marcha realizada hace algunas semanas, en el sentido de que se extienda a 75 años la edad para la jubilación obligatoria no resuelve el problema, Samaniego es criticado porque lo único que buscaría con este planteamiento es quedar habilitado para su reelección.

La realidad es que en el sistema universitario, a nivel general, cumplir con la norma de los títulos para seguir siendo profesores significaría que las instituciones de educación superior se queden sin la menos la mitad de sus docentes, lo cual, sumado al hecho de que el sistema de admisión de estudiantes diseñado por la SENESCYT está provocando el cierre paulatino de carreras, sobre todo relacionadas a la educación y a la medicina, genera un escenario crítico de la universidad ecuatoriana en el corto y mediano plazos.

El gobierno sostiene que cuenta con más de un millar de nuevos magister que llegarán al país, gracias a la política de becas que ha impulsado, pero no toma en cuenta que de esos profesionales, no todos querrán ser docentes, sobre todo tomando en cuenta dos factores: el ambiente de presión y persecución, con reglamentos punitivos, que se vive en las universidades, y, sobre todo, el tema salarial.

Muchos de estos profesionales tendrán expectativas mayores que las que el sistema universitario ofrece. Veamos: Como para tomar una referencia, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, universidad estatal que ofrece postgrados, pidió hasta mayo del 2012, PHD’s para dictar cuatro cátedras y las siguientes ofertas de sueldos:

a) Profesor titular principal, a tiempo completo, con título de doctor PhD en Ciencias Sociales, con remuneración de 3 168 dólares;

b) tres vacantes para Profesor de Relaciones Internacionales o Derecho Internacional, o Comercio Exterior, igualmente con el título de doctor PhD y con remuneración de 
2 112 a 3 168 dólares; y

c) un Profesor titular agregado, con título de cuarto nivel, magíster en Derechos Humanos, Derecho Constitucional o Derecho Penal, con remuneración mensual de 2 112 dólares.

En Ecuador con un salario mínimo vital de 292 dólares, aquellas cifras son elevadas, pero si es cierto que el país vive un tránsito de su matriz productiva, las empresas podrían ofertar mejores condiciones salariales a estos profesionales, y, por último, ellos mismo podrían estar interesados en convertirse en nuevos “emprendedores” en diversas ramas de la economía. ¿No es esa la lógica del desarrollo que ahora se vive? Entonces, si estos profesionales no aceptan ser docentes ¿el gobierno los va a obligar? Y supongamos que se logre una universidad con el 70% de PHDs, ¿tendrá el gobierno los recursos listos para pagarles a todos ellos?, considerando además, que las condiciones de trabajo que requerirán estos profesionales son superiores en torno a recursos e infraestructura para la investigación. 

Todos sabemos que la idea de Rafael Correa es que las universidades son un gasto infructuoso y les ha ido reduciendo paulatinamente el presupuesto. ¿Qué proponen los profesores que se oponen a las reformas de la SENESCYT?

Reformas a la Ley de Educación Superior:

Cambio en la composición en el Consejo de Educación Superior, este organismo debería estar integrado por personalidades prestantes provenientes de las universidades y escuelas politécnicas y ser presidido por un miembro de la academia.

Elección democrática de las autoridades académicas.

Alcanzar la proporción anterior del cogobierno universitario para docentes, estudiantes y empleados (100 -50 .10) Jubilación complementaria sin fecha límite, con la finalidad de impedir la salida masiva de los docentes. Extender el plazo por diez años para que los profesores principales puedan alcanzar el grado académico de Ph.D Entrega del 1 por ciento de los ingresos corrientes netos del Gobierno Central, para destinarlos para investigación.

Reformas al Reglamento de Tipología Académica.

Las universidades ubicadas en la tipología A, deberían contar con un 30% de docentes con grado académico de Ph.D, y el plazo para alcanzar este objetivo debería de ser de diez años, el Estado deberá entregar el suficiente presupuesto para que las universidades puedan llegar a la meta.

Reformas al Reglamento de Escalafón Docente

Para ascender en el escalafón universitario los docentes deberán haber escrito una obra relacionada con la materia, así como ser parte de un proyecto de investigación o vinculación con la colectividad La jubilación obligatoria de los maestros mayores de 70 años de edad solo se dará en los casos que se demuestre a través de una evaluación la pérdida de las capacidades físicas e intelectuales del docente.

Medidas complementarias al Interior de la Universidad

Permitir que los docentes a medio tiempo puedan laborar en otras instituciones Ascender de tiempo de dedicación a los docentes que quieran dedicarse al servicio exclusivo de la universidad, encargar a estos docentes las cátedras que se encuentran vacantes y capacitarlos en el área del conocimiento de la materia. Que el número de horas destinadas por el docente a la clase en el aula, no sobrepase el 40% del totalidad de su carga horaria.

Entrega inmediata de los nombramientos a los docentes ganadores de los concurso de oposición y merecimientos. Que el gobierno financie programas de becas para los mejores egresados, profesores jóvenes y de mediana edad, y así preparar el relevo generacional de la institución, así como para subir el tiempo de dedicación a aquellos maestros que quieren ejercer a dedicación exclusiva la cátedra.

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