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Ecuador: Asamblea aprueba Ley de Comunicación. Frecuencias asignadas: 34% a medios comunitarios, 33% a medios públicos y 33% a medios privados


Mariátegui
15/06/13

Quito.- Una hora y cinco minutos le tomó a la Asamblea Legislativa del Ecuador aprobar el proyecto de ley de Comunicación, normativa cuyo trámite había sido postergado por tres años y ocho meses, pese a ser un mandato derivado de la Constitución de 2008 y de una consulta popular de 2011.

La aprobación de la ley se dio a través de siete votaciones, correspondientes a los siete títulos que integran el cuerpo legal. El promedio de votos en cada tanda fue 108. La sesión de la Asamblea se desarrolló con la presencia de cientos de personas, representantes de colectivos sociales, que apoyan la iniciativa.

La ley (que tiene 119 artículos y veintidós disposiciones transitorias, seis reformatorias y dos derogatorias) plantea la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas y la redistribución de las mismas, de tal manera que exista un 34% de frecuencias asignadas a medios comunitarios, un 33% a medios públicos y un 33% a medios privados.

Antes, los medios privados tenían más del 90% de concesión de frecuencias. Para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, a los cuales la Ley considera indispensables para la democratización de la comunicación, se contemplan acciones afirmativas para que se instalen y sostengan: préstamos para compra de equipos, exención de impuestos para la importación de equipos, capacitación administrativa y comunicacional.

El articulado contiene principios deontológicos y criterios de responsabilidad ulterior, establece el derecho a la rectificación y a la réplica, determina la posición de los medios respecto a los procesos judiciales, y prohíbe la censura previa.

Incluye la  figura de “linchamiento mediático” que prohíbe la difusión de información que, directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

Dispone la creación de una Superintendencia de Comunicaciones, un organismo técnico  de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación.

La Ley garantiza la seguridad jurídica basada en derechos que impiden a poderes públicos y privados abusar de los ciudadanos. Dispone responsabilidades comunes a todos los medios para consolidar el estado de derecho, el respeto a los derechos fundamentales, profundizar la democracia y democratizar la comunicación.

El artículo 18 establece que queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. La censura previa se sancionará con multas de 10 salarios básicos sin perjuicio de que el autor de esos actos responda judicialmente.

La ley de Comunicación contiene criterios de protección a la ciudadanía para que no reciba contenidos sexistas, xenofóbicos, racistas, que alienten el consumo de drogas y otros por el estilo, así como contenidos informativos que no se ciñan a la realidad.

La información y el contenido multimedia, publicados por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar la fuente. 



La Ley de Comunicación abre una nueva época


El texxto ahora será enviado al presidente Rafael Correa, quien podría aprobarlo o vetarlo

Quienes trabajan en la elaboración de noticias tienen 6 años para obtener un título profesional, mientras que canales y radios tendrán un plazo de 3 años para incorporar producción nacional. Humberto Cholango, titular de la Conaie, pidió a legisladores de Pachakutik que voten a favor de la norma

En una hora la Asamblea Nacional votó ayer el proyecto de Ley de Comunicación, que tardó en aprobarse 1.302 días desde el mandato constitucional de 2008.

Desde las 09:00, las barras altas de la Asamblea se llenaron de ciudadanos, entre ellos, representantes de las 14 radios comunitarias, quienes apoyaron la iniciativa y llegaron con carteles que rezaban frases como “La comunicación es libre y de todos”. A María Ayala, de 65 años no le importó madrugar. Ella cargó desde Imbabura una pancarta con la leyenda  “Por qué mi voz debe ser  escuchada”



La normativa, que se debatió desde 2009 en el Legislativo, se votó finalmente por títulos, luego de una reconsideración de la moción que pedía la votación artículo por artículo, una iniciativa que proviene de la anterior Asamblea. Ese movimiento no agradó a la oposición, entre ellos Lourdes Tibán (Pachakutik),  Cynthia Viteri (PSC)  y  Andrés Páez (CREO).         

Sin embargo, los legisladores que entraron el pasado 14 de mayo lanzaron la propuesta para que la votación fuera por títulos. María Augusta Calle mocionó la iniciativa que contó con 108  respaldos.

La norma tiene seis títulos, de ellos cuatro (Disposiciones preliminares y definiciones, Principios y derechos, Sistemas de Comunicación Social, Regulación de Contenidos) fueron aprobados con 108 votos afirmativos. Mientras que los otros dos restantes (Medios de comunicación social, Del espectro radioeléctrico) con 110.  

Apoyo de Pachakutik    

Los dos apoyos adicionales vinieron de César Umaginga y Lourdes Tibán, ambos de Pachakutik, quienes votaron a favor de la normativa por pedido de las bases indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Humberto Cholango, presidente de la Conaie, pidió a los legisladores que voten a favor de la Ley, que beneficia a las comunidades indígenas ecuatorianas, sobre todo en la creación de medios de comunicación comunitarios (artículo 85) y en la distribución del espectro radioeléctrico (artículo 106) en 33% para medios privados, 33% para públicos y 34% para comunitarios.

Umaginga justificó su voto y dijo que en esos puntos coincidieron con el proyecto de ley. Tibán también manifestó que su lucha será porque el 34% del espectro radioeléctrico vaya a las comunidades indígenas.

Paulina González, representante de la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador, estuvo  contenta con la aprobación de la normativa. Dijo que “la comunicación será transparente y no va estar pintada con la conveniencia de muchos grupos políticos. La verdad será para el pueblo y el sujeto social protagonista de su historia”.  

Cambios, hasta el último

A las 10:45, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, ingresó al pleno, sin embargo, no pudo dar inicio a la sesión porque Mauro Andino, ponente de la Ley, no ingresaba al pleno. Lo hizo quince minutos después, luego de introducir los últimos cambios.

Estuvo trabajando desde las 07:00, ultimando los detalles con su equipo de trabajo en su oficina de la Comisión de Justicia, en el segundo piso del Legislativo.

Por eso llegó apresurado, encendió su computadora y fue a saludar a cada uno de sus compañeros de bancada. Hubo abrazos con  Calle, Paola Pabón, Virgilio Hernández. Le entregaron una bandera amarilla con la leyenda “La palabra ya es de todos”, que colocó en su curul. Se sentó y -a ratos- hablaba por teléfono, mientras que en otros momentos lucía concentrado mientras escribía  en su ordenador.  

Cientos de cámaras de video y fotográficas se centraron en la curul de Andino, que está en la segunda fila, en el ala izquierda de la sala del pleno de la Asamblea.

El ex presidente del Legislativo, Fernando Cordero, también estuvo presente. Dijo sentirse feliz por la aprobación de la normativa. La sesión la siguió  desde la sala de la televisión legislativa, en el ala izquierda del salón.

También estuvo la secretaria de Gestión Política, Betty Tola, y Galo Mora, secretario general de PAIS, quienes apoyaron a los simpatizantes desde las barras altas. Allá hubo también miembros de la Conaie, incluido el propio Cholango, quienes aplaudieron cuando la normativa se aprobó. Frente a eso, Rivadeneira agradeció al líder indígena por el apoyo.

En la sala, los periodistas también comentaron sobre la normativa. Los criterios  fueron  divididos; algunos apoyan la ley y la consideran necesaria para la democracia y para poder ejercer la profesión con responsabilidad. Otros están angustiados, pues creen que las consecuencias de la normativa serán los recortes de personal. Todos coinciden en que por primera vez los comunicadores sociales cuentan con derechos laborales.   


Algunos legisladores se acercaron a dialogar con Andino a último momento, pero poniendo las manos en actitud de súplica éste  les dijo que ya no. Las cartas estaban echadas y fue cuando presentó su ponencia. Apenas se levantó, al frente de él, los  ocho legisladores de  CREO se pusieron de pie.

“La comunicación es un derecho. Los medios de comunicación deben abstenerse de hacer prácticas de linchamiento mediático”, señaló el asambleísta ponente. Entonces los legisladores de CREO rápidamente taparon sus bocas con vendas blancas y levantaron carteles.  

“Una ley impuesta, no debatida, carece de legitimidad”, “La vida es nada si la libertad se pierde”, entre otras leyendas, se leía en pancartas que fueron la atención de las cámaras fotográficas y de video.

Andino siguió. “Nunca más monopolios y concentración en pocas manos... hubo diputados que se dedicaron a chantajear y luego comercializar como mercancía a los medios”.

Los legisladores de CREO llegaron uniformados con camisa blanca y pantalón negro. Durante los 30 minutos que Andino habló se mantuvieron de pie. Al ver esa actitud, los legisladores de PAIS gritaron “que se queden con las mordazas y que regresen las frecuencias que se llevaron”.

Patricio Donoso, de CREO, manifestó que revisarán qué acciones seguir, pues para ellos temas como el linchamiento mediático y la Superintendencia de Información no se discutieron en la pasada Asamblea. Sin embargo, la bancada de PAIS justificó los cambios porque, según ellos, el ponente tenía toda la libertad de introducir cambios.  

Una fiesta ciudadana

Una gran tarima se instaló en las afueras de la Asamblea Nacional, en donde apenas se terminó la sesión, a las 12:00, acudieron  Rivadeneira y Andino. Allá los esperaban Mora y Tola.

El secretario de PAIS fue duro y dijo que con la aprobación de la norma nunca “más habrá concentración de frecuencias, y ahora sí, la participación en el espectro radioeléctrico será de todos, en forma equitativa y responsable”.

Tola calificó como histórica la aprobación de la normativa, que pese a ser un pedido constitucional, tuvo muchas trabas para ser aprobada. Sostuvo que el cuerpo legal permitirá democratizar la palabra y los medios de comunicación, en igualdad de oportunidades.

A la par de la votación, desde el parque de El Arbolito, cientos de simpatizantes de la Ley de Comunicación marcharon a favor de la normativa.          

Allí estuvo Irene Merino, comunicadora cultural. Ella dijo que por no contar con esta ley sus propuestas nacionales fueron rechazadas en los medios nacionales.

Democracia y Medios, aún en discusión

La autorregulación, la profesionalización de los comunicadores y la Ley de Comunicación se trataron en el Foro “Medios de Comunicación, derecho a la información y democracia” organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

El director de EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez, el coordinador del Departamento de Estudios Políticos de la Flacso, Felipe Burbano, y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, manifestaron sus perspectivas, éste último incluso citando a autores como Manuel Castells y Ryszard Kapuscinski.

Burbano y Pérez convergieron en la necesidad de transparentar la estructura de los medios de comunicación. Al respecto, Pérez recalcó que ese tema quedará claro en la Ley de Comunicación y destacó que los medios públicos ya no sean administrados como empresas. “La gente es crítica con los medios y sabe cuándo han hecho un trabajo responsable y profesional”, sostuvo, pero cree necesario generar  audiencias participativas.

Jaime Mantilla sostuvo que “los medios públicos posibilitan la generación directa de pensamiento, de información y opinión de los ciudadanos”, pero rechaza la existencia de medios gubernamentales, porque quien tiene poder los usa para defenderse. Su preocupación surge porque según la Ley de Comunicación el 34% del espectro radioeléctrico debe ser destinado a medios comunitarios, pero cree que no podrán autofinanciarse.  

Sobre  la Ley de Comunicación, Pérez indicó que es “una herramienta con la cual  Ecuador  inicia un proceso para profundizar la calidad de la información, mejorar el profesionalismo de los periodistas, lo que es positivo entre las sociedades porque garantiza una convivencia democrática”.

Burbano fue crítico y sostuvo que el debate sobre la profesionalización de los periodistas “es cruel y polarizado”, pues cree que “periodistas y medios de comunicación privados salen golpeados, se los retrata sin autonomía, sin dignidad, sin formación profesional, sin una capacidad de actuar como portadores de una práctica periodística”.

Los ponentes consideran que los medios contribuyen al fortalecimiento de la democracia, pero  Pérez aclaró que  ese aporte se da solo cuando su trabajo es de calidad. Sin embargo, para el representante de la SIP la democracia se garantizará “mientras haya más medios libres”. Destacó que estando al frente de Diario Hoy nunca ha censurado un editorial y reconoció que si ese medio ha tenido problemas económicos es “por los boicoteos que tenemos respecto a la publicidad”.

Datos

El artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la remisión del proyecto de ley a la Presidencia de la República.   

En ese articulado se dispone que a los dos días siguientes, luego de la aprobación del proyecto de ley, se deberá enviar al Presidente como tiempo máximo.

El Jefe de Estado podrá  sancionar u objetar de forma fundamentada.

Sancionado el proyecto de ley o sin objeciones dentro del plazo máximo de 30 días se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial


* Con información de: Andes y El Telégrafo

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