Juanlu González / Mariátegui
14/01/13
Ayer, una vez más, el pueblo vasco salió a la calle masivamente para pedir avances claros en un proceso de paz que el Partido Popular parece querer ignorar con todas sus fuerzas. Ensimismado en sus problemas internos y en contentar a las bases más radicales de su partido, desilusionadas con la cadena imparable de incumplimientos electorales, trata de sacar a la luz su lado más ultramontano con la esperanza de que olviden la mala gestión de la crisis económica, la desarticulación de los servicios básicos universales y la venta a precio de saldo de las joyas de la corona de nuestro pírrico estado de bienestar. Es en ese contexto en el que hay que situar muchas de las actuaciones recientes del PP, como la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana e incluso la inacción frente a los históricos hechos que están aconteciendo en Euskal Herria.
Las presuntas virtudes de Rajoy eran conocidas por todos desde hace muchos años. El ahora presidente, por reducción al absurdo, nunca enfrenta los problemas, se pone de perfil y espera que pasen por si el tiempo es capaz de solventarlos. Cobardía, atonía, haraganería… son algunos de los epítetos que se han usado para definir su historial político y personal. Pero todo deriva de lo mismo, de la falta de determinación frente a los problemas. Sin embargo, el paso del tiempo no siempre es un bálsamo reparador. Pretender hacer oídos sordos a un clamor popular ensordecedor y silencioso como el que ayer atronó en Bilbo, para pretender solucionar un problema de siglos de existencia, es una señal de irresponsabilidad más que de cobardía o de mal estratega.
Hace años, leía un libro de leyendas antiguas de España que comenzaba con el capítulo de la coronación de un cabrero visigodo al que se se le apareció dios para que fuera investido rey de todos los «españoles». Tras varias vicisitudes, que sería prolijo enumerar, fue coronado y la leyenda milenaria afirma que fue un rey bueno, justo… ¡que consiguió apaciguar a los vascones!. No, el tiempo no lo cura todo, a veces un problema de salud —democrática en este caso— no tratado sólo puede tender a agravarse y a hacerse incurable. Las ilegales medidas de excepción tomadas contra los presos de ETA hace tiempo que deberían haberse eliminado, justo como Aznar hizo en su día con muchos menos avances negociadores sobre la mesa.
Exhibir firmeza con un proceso irreversible de paz es poco menos que un brindis al sol. Esta triste legislatura debería haber sido la del abandono y entrega total de las armas de ETA, pero no lleva ese camino. Al PP nunca le ha interesado la desaparición de su mayor baza política. Al PP le encantaría una ETA muy mermada pero viva, antes que una ETA desaparecida. Siempre ha preferido hablar de terrorismo que de democracia. Siempre ha preferido coartar libertades usando al terror como excusa, que asumir la voluntad democrática de los pueblos del estado. Por eso está alargando lo posible la agonía de ETA, para sacar rédito político de la banda —como siempre hizo— y no tener que afrontar de una vez un nuevo modelo de estado donde encajen de verdad todas las naciones del país. Como cortina de humo, nunca tuvo precio para la derecha españolista.
Esukadi y Catalunya, mayoritariamente, están demandando un nuevo marco de relaciones entre los distintos pueblos que conforman el estado. Pero somos muchos más los que pedimos avances en el modelo constitucional surgido de una transición donde los poderes fácticos del franquismo y las armas involucionistas de los militares no dejaban ir mucho más allá. Ya es hora de avanzar, de romper con la dictadura y con la herencia de la dictadura. Los pueblos poseen el inalienable derecho de autodeterminación democrática y el estado español debe reconocérselo. Por eso, un estado confederal —¿ibérico?— puede ser la expresión máxima del respeto a las libertades y a los derechos de todos los países de la actual España.
Ignorar los problemas sólo provocará su agravamiento. Pero, tristemente, tenemos pocos políticos dignos de la cosa pública en el estado que puedan iniciar la segunda transición democrática, su altura de miras no llega más allá de la próxima contienda electoral. Y mucho menos entre los populares, herederos ideológicos y genealógicos del franquismo y de la dictadura.
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