José de Echave C./ Mariátegui
07/03/14
En pleno “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático”, el flamante Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, acaba de anunciar que en el nuevo Reglamento Ambiental de Hidrocarburos ya no se exigirá la presentación de Estudios de Impacto Ambiental para las actividades de exploración sísmica.
El fundamento de la cuestionada decisión es de ripley. El ministro ha señalado que: “esta industria (la petrolera) tiene normas, principios, prácticas bien establecidas, y la idea es pasar de la tramitología, la permisología, a la acción. Las empresas saben lo que tienen que hacer, han hecho acá mucha sísmica, y hoy día lo que pide es una declaratoria, para pasar a la acción”.
¿Las empresas saben lo que tienen que hacer? ¿Sus normas y principios están bien establecidos? Habría que preguntarles a las comunidades amazónicas y a los pescadores artesanales si las empresas lo hacen bien. Por ejemplo a las comunidades Achuar de las cuencas del Pastaza y del río Corrientes; a los Awajun Huambisa, vecinos del lote 116 o a las poblaciones que han sufrido los impactos de las exploraciones sísmicas del lote 67.
También los pescadores artesanales de Huarmey y Chimbote en Ancash o los de Tumbes y Piura, saben lo que significan las exploraciones sísmicas mal manejadas. ¿Acaso nos hemos olvidado de la muerte masiva de peces y aves en Tumbes hace apenas unos años? Bueno, el ministro Mayorga debería saber que ese desastre fue el resultado de una exploración sísmica mal manejada en nuestro litoral por empresas que según él “saben lo que tienen que hacer”.
Cabe señalar que el cada vez más utilizado término de la tramitología no es una creación del ministro Mayorga. Es el argumento varias veces utilizado, por los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que mal intencionadamente describen cualquier intento de mejorar las políticas ambientales y sociales en el país, como un nuevo trámite burocrático más.
Hace más de 20 años, la Sociedad Nacional de Minería se opuso, por ejemplo, a la entrada en vigencia de los Estudios de Impacto Ambiental en el país, porque “constituirá un nuevo pre-requisito que entrampará las iniciativas productivas” y porque va en contra de “la política actual de minimizar la carga tributaria”. Recientemente han repetido lo mismo cuando se debatió la ley de consulta previa o la creación del nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental o en cualquier otro intento de cambio y mejoras de las políticas públicas.
Es lamentable que un ministro de Estado termine repitiendo los argumentos de los sectores más retrógrados del país, que se oponen y se seguirán oponiendo a cualquier intento de adecuar el país a los mejores estándares internacionales en materia ambiental y social.
Como señala un comunicado que está circulando en las redes sociales sobre esta lamentable decisión, parece una broma de mal gusto que el 2014 haya sido denominado por este gobierno como el “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático”. El 2014 está encaminado a convertirse en el año en que este gobierno pretende llevar las políticas ambientales a la época de la carreta.
¿Y el Ministerio del Ambiente? ¿Qué vela le ha tocado (literalmente) en este entierro? En qué quedo eso de “PON DE TU PARTE”.
Comentarios