Mariátegui
17/04/14
#leyanitipiquete
Es antipopular, busca criminalizar la protesta y legalizar la represión
No pediremos permiso para ejercer nuestro derecho a manifestarnos a las fuerzas de seguridad que asesinan a nuestros compañeros ni a la narcopolicía
Por los derechos básicos y fundamentales de nuestro pueblo, como el derecho a la vivienda, la salud y la educación: los sectores populares tenemos pleno derecho a manifestarnos y lo seguiremos haciendo
Varios diputados nacionales del Frente Para la Victoria presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, que busca regular la protesta y definir cual movilización es legítima y cuál no. Además plantea que hay que avisarle a la Policía 48 Hs antes de la protesta y entregar los datos de un delegado y los motivos de la movilización.
Desde el Frente Popular Darío Santillán rechazamos absolutamente esta iniciativa y consideramos que es un inconfundible gesto antipopular y represivo enmarcado en una política de estigmatización a quienes venimos manifestando en la calle el descontento popular ante la situación económica actual. Sostenemos a su vez el pleno derecho de los sectores populares a manifestarse como derecho fundamental de toda la población.
Además, calificamos de vergonzoso un proyecto que nos obligaría a pedir “permiso” a las fuerzas de seguridad que encabezan los delitos de trata, de complicidad con el narcotráfico y el gatillo fácil. En Rosario, por ejemplo, nos obligaría a pedirle “permiso” a la policía de Santa Fe para realizar las movilizaciones que venimos haciendo hace 27 meses frente a Tribunales, exigiendo justicia por nuestros compañeros Jere, Mono y Patom, precisamente en una causa que tiene procesados a tres policías por el encubrimiento de los asesinatos a manos de una banda narco.
El oficialismo se equivoca. Por tomar la agenda electoral, que está corrida a la derecha, presenta un proyecto que confunde la “legitimidad” y la “legalidad”, a un punto tan peligroso como querer fusionarlos. Que quede claro, el gobierno no puede determinar qué movilización es legítima y cuál no y tampoco puede avanzar sobre un derecho constitucional tan básico como el derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades.
Manifestarse por los reclamos y revindicaciones es un derecho fundamental de toda la población que bajo ningún punto de vista el Estado puede regular, cuando además generalmente apunta a denunciar su propia ausencia o su accionar en contra de los intereses del pueblo.
Este proyecto es un paso en la intención de contener las movilizaciones y el descontento que se expresa ante la agudización de una política económica en contra del bolsillo de los laburantes. Después de la devaluación, el pueblo trabajador busca cómo llegar a fin de mes con el nivel de inflación existente, en un escenario donde la precarización laboral sigue siendo la moneda corriente así como el trabajo informal y la desocupación de importantes capas de la población.
Sin solución a problemas estructurales de vivienda, salud y educación, con un aumento feroz en los costos de vida, la única respuesta que aparece del gobierno es la regulación de la protesta para reclamar por esta situación. Es una receta que se demostró que no funciona. Ante la toma del Indoamericano, la decisión del gobierno nacional fue conformar el Ministerio de Seguridad. Como si más fuerzas de seguridad le pudieran solucionar el problema de vivienda a miles de familias. Hoy, con la nueva toma en Lugano, vemos que el problema de vivienda no se solucionó sino que se profundizó.
De cara a 2015, vemos con preocupación que esta medida tenga el consenso de lo más reaccionario de la política, que va de los Macri a los Massa, pasando por Scioli y busca contener la protesta frente a medidas cada vez más alejadas de los intereses del pueblo.
Desde el FPDS condenamos que la respuesta hoy sea la de criminalizar las luchas, como se ve conprocesados de las Heras, el procesamiento de Diosnel Perez y el Tano Narduli o la condena a los militantes del MPR Quebracho entre otros.
Falta mucho para vivir en un estado de pleno derecho en donde el trabajo digno, la salud, la educación y el acceso a la tierra sean pilares fundamentales de la política en un País, por eso las demandas seguirán. Desde las barriadas populares, los sectores de trabajo, desde las escuelas y las universidades, y desde el campo y la ciudad seguiremos luchando por el cambio social, por el protagonismo del pueblo para crear su futuro de transformación. Lo haremos manifestando nuestro descontento y nuestro anhelo de otro país en la calle, junto al pueblo, sus demandas y su vocación de cambio.
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