Perú. Ante expulsión de ciudadanos extranjeros, carta del Parlamentario Andino Alberto Adrianzén al Ministro del Interior

Foto: trome.pe

Una política preocupante


Mariátegui
21/10/14 


Carta abierta al ministro del Interior General de Brigada EP (R) Daniel Urresti Elera.

Señor Ministro:

Me dirijo a usted públicamente para expresarle mi profunda preocupación por las constantes noticias encabezadas por su sector que informan sobre expulsiones de ciudadanos extranjeros. Entre ellas, llama la atención el informe que hace unos días usted brindó a los medios de comunicación en donde señala que en las últimas tres semanas 200 ciudadanos extranjeros habrían sido expulsados del país por cometer faltas y delitos.

A este hecho se suman diversos incidentes, ya conocidos por la opinión pública, de extranjeros que, a pesar de estar asentados en nuestro país hace años u otros que aún teniendo vínculos familiares con ciudadanos peruanos, se les impone la expulsión por faltas administrativas, varias de ellas inducidas por errores de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones, las que demandarían sanciones menores.

Han habido casos en los que se ha separado a madres extranjeras de sus hijos peruanos menores de edad, como fue la triste situación de la ciudadana china Huang Mailing, sucedida hace unos meses. O en los que a pesar de la existencia de una sentencia judicial para levantar una orden de expulsión de una ciudadana extranjera casada con un ciudadano peruano, la asesoría jurídica del Ministerio del Interior apela este fallo y se niega a cumplirla. Estas decisiones ignoran numerosos mandatos constitucionales, legales e internacionales que abren la posibilidad de demandas internacionales contra el Estado peruano.

Me refiero a tratados en los que el Perú es signatario, como el Acuerdo Residencia Mercosur por el cual los ciudadanos de los países firmantes (Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros) que estén en situación migratoria irregular en nuestro país pueden regularizar su residencia sin pagar multas y sin la necesidad de mostrar un contrato de trabajo.

En los últimos años y gracias a este acuerdo solo en Argentina se han regularizado 47 mil 455 ciudadanos peruanos. Más graves son las violaciones que muchas de estas situaciones hacen a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada y obligatoria para el Perú.

Es incomprensible esta situación por el hecho que —según datos oficiales— en nuestro país, en el año 2012, vivían un poco menos de 90 mil ciudadanos extranjeros, mientras que en el extranjero hay más de 3 millones y medio de peruanos migrantes y se calcula que hasta el 50% de connacionales podría estar en situación irregular.

¿Puede usted imaginar qué sucedería con nuestros compatriotas en el exterior que viven en condición de irregulares si se les aplicara el criterio que el Estado peruano está adoptando con los extranjeros aquí? ¿A cuántas familias destruirían?

Nuestro Estado solicita públicamente para nuestros emigrados un tratamiento opuesto al que se está dando a los extranjeros en nuestro país, donde cada semana se anuncian nuevas expulsiones. Y es lamentable que este trato siempre vaya acompañado con declaraciones que vinculan a los extranjeros, particularmente a los ciudadanos provenientes de países andinos y suramericanos, con actos delictivos.

Nada bueno nos traerá una política que busca el impacto mediático en desmedro de las comunidades migrantes en el Perú porque esto, en la práctica, genera una atmósfera que criminaliza al inmigrante y alienta la xenofobia.

No tengo dudas que hay extranjeros y extranjeras que cometen actos delictivos, pues la migración trae lo bueno y lo malo de las sociedades, y creo que estas personas deben ser juzgadas con todo el peso de la ley. No obstante, que algunas de ellas cometan delitos no es excusa para generalizar y estigmatizar a todas.

Mirémoslo desde el otro lado: hace unos días un medio de prensa nacional informaba que ciudadanos peruanos en Argentina habían sido detenidos por controlar una red de narcotráfico. Este hecho lamentable no puede ser justificación para descalificar y desacreditar a los más de 350 mil compatriotas que viven en ese país.

Vivimos tiempos donde la movilidad humana se incrementa cada día más. Y en este contexto, muchos Estados de recepción establecen políticas de amnistía documentaria o procesos de regularización para preservar los vínculos familiares y sobre todo los derechos de los menores, beneficio que alcanza a nuestros connacionales. Este panorama hace más incoherente y doloroso ver a nuestro país con una política caracterizada por todo lo contrario a esos valores y principios.

Son numerosos y crecientes los sectores que expresan preocupación por esta situación, mediante las denuncias de periodistas e intelectuales, las gestiones de entidades de Estado como la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, así como mi despacho parlamentario, todas manifestaciones infructuosas, al parecer, incluso aquellas gestiones llevadas a través de sectores judiciales y que se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, dependencia de su sector.

Parlamentario andino, Alberto Adrianzen. Foto: andina.com.pe

Por ello, me permito esta misiva pública para preguntarle: ¿Qué razones puede tener nuestro Estado para justificar esta política de criminalización a los extranjeros? ¿No es evidente la incongruencia de esta política ante el hecho de que tenemos en promedio 33 connacionales viviendo en otros países por cada extranjero que vive en Perú?

¿Tendremos que esperar a que se presenten denuncias y juicios internacionales contra el Estado peruano por las violaciones de tratados y derechos que devienen de esta política, para cambiarla?

¿De verdad no le son importantes las familias, los niños y las niñas que son terriblemente afectadas por esta innecesaria política?

Espero, mediante esta carta abrir un diálogo y poder caminar hacia la implementación de una nueva ley de extranjería, acorde a los tiempos, ya que la actual tiene más de veinte años y aún sin reglamento, y así dar un primer paso en la construcción de una política migratoria que respete y garantice los derechos de los y las extranjeras en nuestro país.

Atentamente,

Alberto Adrianzén Merino
Parlamentario Andino




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