(ABUJNA) GAZA.- El 7 de noviembre, la Corte Penal Internacional, (CPI), decidió no seguir adelante para procesar el régimen de Israel a pesar de considerarlo “probablemente culpable de crimen de guerra” en el caso de ataque al convoy desarmado de ayuda humanitaria, Mavi Marmara, en 2010.
Examinar la Corte Penal Internacional y a su nueva fiscal jefa, Fatou Bensouda, echa luz sobre el asunto. La CPI en sí, es totalmente cómplice de los culpables de los crímenes que debe prevenir como la entidad que es.
Ahora, en un movimiento extravagante, escandaloso y sin duda diseñado con el fin de restringir el poder de la CPI, esta entidad ha decidido no procesar al régimen de Israel.
Esta vez se trata del asesinato de 9 periodistas y activistas a bordo de Mavi Marmara, parte de la Flotilla de Gaza que iba con suministros médicos rumbo al enclave costero asediado.
No es que la CPI no haya reconocido este ataque como un crimen de guerra, de hecho es todo lo contrario. El dictamen fue muy claro, no había duda de la culpabilidad de régimen de Israel en una acción que no sólo fue un crimen de guerra, sino también una violación de las normas marítimas, una actitud considerada como un acto de piratería que tuvo lugar sólo a unos pocos kilómetros de distancia de donde el régimen de Israel atacó el barco de la marina estadounidense, USS Liberty, en 1967 matando o hiriendo a 201 de las personas que estaban a bordo.
Según la cadena CNN: La Corte Penal Internacional no procesará a Israel por el ataque que perpetró este en el mayo de 2010 contra el barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza que acabó con la vida de ocho turcos y un estadounidense, a pesar de que no hay duda de que se ha cometido crímenes de guerra, dijo el jueves un fiscal de la corte con la sede en la ciudad holandesa de La Haya.
Si bien, CPI reconoce que el mencionado ataque puede haber sido un caso de los crímenes de guerra pero no lo reconoce lo suficientemente grave “para justificar la intervención de la Corte Penal Internacional”, dijo la fiscal Fatou Bensouda.
“En el análisis final, he llegado a la conclusión de que el caso no cumple con los requisitos legales contemplados en el Estatuto de Roma para abrir una investigación y por lo tanto, estoy anunciando que el examen preliminar se ha concluido”, añadió Bensouda.
La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, nacida en Gambia, educada en Nigeria y esposa de un hombre de negocios marroquí con estrechos lazos con el régimen de Israel y los Estados Unidos, nunca ha abierto una investigación sobre un caso fuera de África.
Un artículo publicado el 13 de octubre 2014 en Toronto Star, explica detalladamente la historia de la inacción de Bensouda citando al profesor Kevin Jon Heller de la Universidad de Londres:
“El hecho de que no hay ninguna investigación formal fuera de África es ‘absolutamente inconcebible’, dice Kevin Jon Heller, profesor de Derecho Penal en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.
“No tiene ningún sentido legal, y tiene aún menos sentido político”, dice. “Creo que podríamos culpar a Fatou Bensouda de ello, porque ella ha tenido tres años para investigar los casos de Colombia, Afganistán, Georgia o cualquier otra parte. Las únicas situaciones que merecen ser investigadas no están en África”.
El momento que Bensouda ha anunciado su decisión es en sí curioso. El régimen de Israel ha estado implicado en actos criminales sin precedentes en los últimos meses, incluso ha bombardeado las instalaciones de las Naciones Unidas en Gaza, utilizando bombas guiadas suministradas por los Estados Unidos.
Desde la masacre de Gaza, en la que miles de personas perdieron la vida, el régimen de Israel se ha apoderado de los santuarios religiosos de los musulmanes y acelerado su programa de limpieza étnica en la ocupada Cisjordania.
Aunque estos actos según los Convenios de Ginebra, son crímenes de guerra, parece que son invisibles para Bensouda.
Bensouda, fuertemente criticada por su falta de acción, dice que ella no tiene ninguna jurisdicción fuera de África, y que el tribunal internacional sólo puede empezar una investigación sobre un caso cuando miembros no identificados del Consejo de Seguridad de la ONU se lo pidieran.
De hecho, nadie ha sido capaz de determinar un patrón o una lógica para justificar sus acciones, ya que por lo general recurre a excusas, alegando que el tribunal carece de fondos suficientes o está sujeto a prohibiciones extralegales no especificadas que le han sido impuestas por parte de grupos que no está dispuesta a nombrar.
El asesinato y la piratería
El caso de ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad en 2010 incluye un alto número de los crímenes de guerra, muchos de los cuales fueron filmados.
La flotilla desarmada fue atacada en aguas internacionales, algo que se considera un acto de piratería.
Periodistas y activistas fueron asesinados, algunos por tiros en la cabeza disparados desde atrás durante su detención por los comandos de la fuerzas de FDI del régimen israelí.
Un activista de paz, también agente de la marina estadounidense, Ken O'Keefe, que se encontraba entre las personas a bordo de Mavi Marmara, desarmó y capturó a 3 “comandos” israelíes y los mantuvo presos hasta que el barco fue rodeado por casi 200 atacantes.
Norteamericanos entre los criminales de guerra
Un tercio de los atacantes a Mavi Maramata eran los ciudadanos de doble nacionalidad estadounidense-israelí, que participando en este ataque, violaron tanto las leyes internacionales como la Constitución estadounidense.
El siguiente texto, el juramento de fidelidad que une a todos los estadounidenses, explica claramente la razón:
“Yo aquí presente, declaro bajo juramento que renuncio y abjuro de forma absoluta y entera de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, poder, Estado o soberanía extranjero de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano hasta este momento; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra los enemigos extranjeros y nacionales; que voy a poner mi verdadera fe y mi lealtad a servicio de la misma; que voy a tomar arma en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que prestaré servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que voy a realizar un trabajo de importancia nacional bajo dirección civil cuando sea requerido por la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión; que Dios me ayude".
El juramento no menciona específicamente las palabras como los crímenes de guerra, el genocidio y la limpieza étnica, pero no es descabellado suponer que la prohibición de tales actos, incluso en nombre del régimen israelí, se deduce de su significado.
El ataque, el perdón
Después del ataque, el régimen de Israel tomó el control del barco llevándolo a las tierras bajo su ocupación, donde los pasajeros, incluyendo O'Keefe, fueron interrogados y torturados.
A su vez, los medicamentos de a bordo fueron robados para aparecer más tarde en África, a donde, según un exfuncionario del Pentágono, una empresa de propiedad israelí, con la sede en Camerún, los había vendido.
En mayo de 2014, el entonces primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acordó aceptar una disculpa del primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, quien admitió abiertamente que el ataque fue una violación injustificada de las leyes internacionales.
Netanyahu admitió no sólo haber autorizado personalmente el ataque, sino también dirigido la planificación de la invasión y las ejecuciones.
Y Bensouda, quien nunca presta atención a cargos presentados contra Netanyahu, tampoco investigó jamás este caso.
Ninguno de los testigos fueron entrevistados, ningún documento fue revisado, no hay investigadores que estuvieran involucrados en el caso, y no hay registros escritos que fueran tomados en consideración.
De hecho, la conclusión a la que ha llegado la CPI no es en absoluto inusual, ya que no hay evidencia alguna de que haya sido iniciado jamás un proceso legal al respecto.
La complicidad de la CPI
La declaración que hizo Bensouda de que el incidente no cumplía con los criterios para considerarse como un crimen de guerra basado en la “escala”, no está respaldada por la lengua jurídica del Estatuto de Roma.
El ataque a la flotilla, era una importante operación militar a gran escala en el que participaron más de 2000 militares israelíes incluyendo unidades de la marina israelí, las FDI y de la fuerza aérea de régimen de Israel.
Esta falta de actitud por parte de la CPI que se debe a una interpretación caprichosa de la ley frente a la admisión de culpabilidad de Netanyahu, probablemente tendrá repercusiones.
No hay duda de que la CPI es ineficaz y ha concentrado sistemáticamente sus investigaciones y críticas en los dirigentes africanos con un historial de posturas antiimperialistas.
Fatou Bensouda, como la primera mujer y la primera musulmana que ha asumido el cargo de la fiscal jefa de la CPI, ha demostrado un flagrante desprecio por la ley en el nombre de régimen de Israel, manchando de este modo su periodo de mandato como representante de una organización que anda muy necesitada de una reforma.
Con decenas de miles de personas con posibles cargos por crímenes de guerra, más de la mitad de los estadounidenses, los funcionarios electos, los militares o las empresas militares y de inteligencia bajo contrato, y con los conflictos que se extienden desde Ucrania hasta Ciudad del Cabo, Islamabad y más allá, la promesa de una justicia a nivel internacional sigue siendo muy poco realista. │ABUJNA Abu Jihad Palestinian News Agency│
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