Mariátegui.info
26/04/15
Lima.- Arrinconado por la oposición en el Congreso de la República, el presidente Ollanta Humala tuvo que reemplazar a la jefa del gabinete ministerial, y a casi un año de cumplir su mandato, sólo le queda contar las horas para que todo esto se acabe. Alguna vez pensó que podía cambiar el país en favor de los pobres, pero se dio cuenta de que era un reto demasiado grande y mucho más fácil ha sido convertirse en el mandadero de la clase dominante.
El nuevo jefe de gabinete (Presidente del Consejo de Ministros) nombrado por Humala, es Pedro Cateriano, un abogado de derecha, ex Ministro de Defensa del actual gobierno, muy amigo del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Tal nombramiento se produjo luego de que su antecesora, Ana Jara, fuera censurada por el Congreso de la República.
Con 77 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el Congreso peruano censuró a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien fue acusada de ser la responsable de rastreos y del seguimiento hecho por la (Dirección Nacional de Inteligencia) DINI, organismo que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Otra de las causas de la censura fue que Jara, no tenía un firme liderazgo ante el gabinete ministerial.
Por ejemplo, mientras ella convocaba a un diálogo con todas las fuerzas políticas, sus ministros de Defensa, Pedro Cateriano y del Interior, Daniel Urresti, se embarcaban en una batalla interminable de adjetivos mediante twitter contra el ex presidente Alan García y el congresista Mauricio Mulder, ambos del Partido Aprista (APRA), así como contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, ex candidata presidencial y su hermano Kenji Fujimori, congresista de la República.
Recordándole a estos su “prontuario” en cuanto a corrupción y a violación de derechos humanos perpetrado en sus respectivos gobiernos.
Sin embargo, está confirmado, no sólo para los que conocemos los entremeses de Palacio de Gobierno y de cómo se maneja la real politik, que en este régimen, los ministros rinden cuentas y obedecen a la Primera Dama, Nadine Heredia, antes que al mandatario Ollanta Humala o al presidente del Consejo de Ministros en ejercicio.
La administración de Humala, venía siendo sacudida y acumulando derrotas políticas desde el mes de diciembre del 2014, cuando el entonces Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia –primo de la Primera Dama- al ser removido de su cargo, anunció mediante una emisora radial que el prófugo empresario Martín Belaúnde Lossio, se encontraba en la ciudad de La Paz, Bolivia y que las autoridades peruanas sabían de este paradero por lo menos 24 horas antes de su anuncio.
Es decir, desde mayo de 2014 Belaúnde Lossio se encontraba con orden de captura, y todo ese tiempo, las autoridades -sobre todo- el ex Ministro del Interior, Daniel Urresti, decían que se había desplegado un “implacable y minucioso plan de seguimiento para capturar a dicho empresario”, quien fue el encargado de manejar la economía en las campañas presidenciales de Ollanta Humala en el 2006 y el 2011.
Martín Belaúnde un conocido íntimo amigo de la pareja presidencial (Humala-Heredia), es acusado en Perú por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión simple y agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita, así como de peculado (malversación de fondos públicos) en agravio del Estado.
También en diciembre de 2014 el Congreso aprobó el nuevo Régimen Laboral Juvenil, conocido como la “Ley Pulpín”, que, le arrebataba gran parte de sus derechos a los jóvenes que se iniciaban en el mundo laboral y hacía peligrar los de los que ya tenían un empleo.
Esto provocó un rechazo de los jóvenes organizados: tales como activistas de izquierda, trabajadores sindicalizados, estudiantes universitarios y de institutos, a los que se sumaron los miles de la gran masa de despolitizados y sin militancia.
Esa indignación se canalizó en cinco multitudinarias movilizaciones (3 de ellas se realizaron en la segunda quincena de diciembre), las que a fines del mes de enero, obligaron al Congreso y al presidente Ollanta Humala a retroceder y derogar la norma, que había sido aprobada por amplia mayoría en el parlamento nacional.
Entonces, avanzaba el verano y el régimen de Humala-Heredia cada día se aislaba más, además se agudizaba su confrontación con la oposición política más importante: el APRA y el fujimorismo.
Mientras tanto el Grupo El Comercio, que tiene el monopolio del 80% de diarios en el país, negociaba mediante la empresa Graña y Montero Petrolera (GMP) con PetroPerú para suscribir un acuerdo y explotar los lotes petroleros III y IV, ubicados en Piura, los mismos que estuvieron en manos de la noruega Interoil.
Cada número de la revista Correo Semanal, que pertenece al grupo Epensa y este a su vez al Grupo El Comercio, disparaba denuncias contra el gobierno, acusándolo de realizar espionaje (reglaje y seguimiento) a políticos del propio régimen como a la Vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.
Ante esa denuncia parlamentarios oficialistas salieron en defensa del gobierno y de la DINI con ridículas justificaciones como que ese seguimiento era parte de una operación para desbaratar un atentado yihadista (¿?) contra la embajada de los EEUU en Lima, que está ubicada a 10 cuadras de la casa de la funcionaria Espinoza.
Por lo que se puede concluir que la información que maneja Correo Semanal sale del mismo Palacio de Gobierno, de la Dirección Nacional de Inteligencia y de otras entidades estatales.
Así llegó el jueves 19 de marzo en el que el mencionado semanario (http://goo.gl/rDT1rd) reveló que la Dirección Nacional de Inteligencia recababa información mediante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) e Infocorp con la que rastrearon propiedades, vehículos, empresas y cuentas bancarias de ministros, congresistas, periodistas, políticos de diversas bancadas, empresarios, militares, policías y de miles de ciudadanos.
Tal averiguación era reunida en las denominadas “carpetas de información básica”. Según Correo Semanal, esos archivos también reunían los antecedentes policiales, penales y médicos que pudieran tener las personas investigadas por la DINI.
En las denuncias previas sobre el espionaje de la DINI, la entonces presidenta de la PCM, Ana Jara, había respondido de manera contradictoria: primero dijo que eran grupos paralelos al mismo gobierno, después señaló que era la misma oposición (léase APRA o fujimorismo) quienes las habían ejecutado, para después anunciar la desactivación de este organismo para que se reestructure. Era demasiado tarde.
Así, censurada Ana Jara, el presidente Ollanta Humala designó a Pedro Cateriano como su reemplazante, y ratificó a 15 de los 18 ministros. Los cambios se dieron en los despachos de Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas sigue incólume en manos de los técnicos y lobistas neoliberales como hace 25 años.
Cateriano ha realizado una serie de reuniones con los principales partidos y líderes políticos, especialmente con los que tienen presencia en el Congreso, como una forma de acercamiento y diálogo, que es lo que no hace el Ejecutivo dirigido por Humala-Heredia.
Y aunque parezca increíble, mientras el nuevo presidente de la PCM cumplía su tarea de buscar consensos, Humala en sus presentaciones públicas las boicotea con declaraciones como:
“Nosotros respetamos al Congreso. Ellos serán responsables de lo que hagan. La ciudadanía ha podido observar cómo actuaron de manera injusta al haber censurado al gabinete de Ana Jara, que nos parece un acto irresponsable”, advirtió el mandatario peruano. (http://goo.gl/61FbTJ)
Pedro Cateriano, como lo estipula la Constitución, puede presentarse ante al Congreso de la República durante los próximos 30 días para buscar la aprobación de su gabinete, en caso sea rechazado el presidente podría disolver el Parlamento y llamar a elecciones legislativas para que esta cumpla el mandato hasta el 28 de julio de 2016.
Lo que podría suceder es que el Congreso apruebe al nuevo presidente de la PCM – que se presentará lunes 27 de abril- y a su gabinete, y espere el 28 de julio de este año, para a partir de ahí censurarlo, pues según la Constitución, faltando un año para que culmine un periodo presidencial no se puede disolver el Parlamento, esto serviría para hacer mucho más frágil al gobierno.
Además hay que destacar, que es seguro que la próxima directiva del Congreso periodo 2015-2016 estará presidida por la oposición porque tiene mayoría de parlamentarios.
Entonces, ahí podemos entender la beligerancia de Humala cuando sigue atacando al Congreso por haber censurado a Ana Jara, es que él avizora un complicado último año de su mandato y cuenta los minutos, porque es probable que en el próximo periodo parlamentario (2016-2021) sean elegidos pocos o ningún congresista de su partido, quienes puedan defender a la pareja presidencial de posibles acusaciones.
Quien iba a imaginar que aquel Teniente Coronel del Ejército Peruano, que se rebeló en Locumba (2000) contra la dictadura de Fujimori-Montesinos, cuestionando el Neoliberalismo, que apoyó la toma de la comisaría de Andahuaylas (2005) por su hermano Antauro y los etnocaceristas contra el gobierno de Alejandro Toledo, que admiraba a Velasco Alvarado, que quería cambiar el país, iba a terminar como un Felipillo, aquel personaje obsecuente a los invasores españoles en el inicio del saqueo y la destrucción del Incanato.
Ollanta en lengua quechua significa "El guerrero que todo lo ve", la historia dirá que no hizo méritos para llevar ese nombre. Porque hoy aislado, él, cuenta las horas que faltan para que todo esto se acabe.
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