El pasado domingo 14 de junio, en horas del mediodía, en la ciudad argentina de Rosario, la Fuerza de Tarea Conjunta (F.T.C. – ejército y policías paraguayos) junto a la Secretaría Nacional Antidrogas (Se.Na.D. – Paraguay) y la Policía Federal Argentina secuestraron a Silverio Acosta Zacarías, conocido como “Chivé” y sindicado por los represores como integrante de la Agrupación Campesina Armada (A.C.A.), una de las fracciones de las guerrilla paraguaya en los departamentos norteños.
Mariátegui
18/06/15
Este carpintero paraguayo de 30 años vivía con su pareja e hijo desde 2013 en la ciudad santafecina, momento en que decidió, según el vocero de la represión, desertar de la A.C.A.
Su detención con intervención del Ejército del Paraguay, cuestión que no ocurría desde la época del Plan Cóndor, implica un cambio cualitativo en el empleo de la violencia por parte del Paraguay de Cartés, resultante del último golpe de estado contra Lugo, en gran parte, como emergente de la crítica situación política y económica de este país.
La violencia armada en los asentamientos de campesinos sin tierra es responsabilidad del Estado de Paraguay, frecuentemente denunciado por torturas, secuestros, ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias. La escalada de violencia estatal cuenta con las FFAA de Paraguay, Colombia (Asesores militares), EE.UU. (asesores militares), Israel (guardia presidencial e inteligencia interna), el Reino Unido (Asesores militares) entre las oficiales, y el ataque del sicariato bajo el mando directo de una colusión de narcos, agronegociantes y latifundistas.
Codehupy documentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 133 casos de asesinatos de referentes campesinos a manos de estas fuerzas, los que están en la más completa impunidad. Además, los comités del partido stronista en el gobierno (seccionales coloradas) controlan la llamada “comisión garrote.”
Si faltaba más, Cartes decretó el estado de excepción (eufemismo para llamar estado de sitio) en Concepción, San Pedro y Amambay a pocos meses de asumir la presidencia (agosto de 2013). Modificó la ley de seguridad para legitimar la intervención de las FF.AA. en el conflicto interno, sin plazo, sin ley, sin control de los poderes del estado (como el parlamento) y bajo su exclusiva decisión política. La concentración de poder en su persona incluye la decisión de las privatizaciones con la ley de Alianza Público Privada – APP.
A comienzos de este año, la muerte del matrimonio Natto -latifundistas alemanes-, generó la inmediata “visita” de Banki Moon, Secretario general de la ONU (el matrimonio retenido por la guerrilla fue asesinado durante un intento de rescate, según versiones de los represores).
La concentración de poder en la figura presidencial degeneró en el divorcio de sus propias bases y una división en las fuerzas represivas desplegadas en el norte. Ya ha producido violentos enfrentamientos entre los mismos militares -dos oficiales explosivistas fueron asesinados por sus propios camaradas de armas según las denuncias de su padre, también militar. Los asesinatos incluyen periodistas, ex intendentes, acusaciones cruzadas de narcotráfico.
La marcha de la economía agrava aún más la situación. La huelga general de marzo del año pasado espera una réplica este año, ya que se desató un fuerte proceso inflacionario por la emisión de bonos de deuda, que todas las semanas tiene que hacer el gobierno frente a los intereses de la deuda tomada para los proyectos extractivistas. La escasez de divisas generada por la fuerte baja de los precios del barril de petróleo también causó interrupción de las perforaciones de petróleo no convencional y la insolvencia para pagar las inversiones. Por otro lado el contrabando de los sojeros argentinos (en Paraguay no se cobran retenciones a las exportaciones de soja o es un porcentaje mínimo) y las trasnacionales de los transgénicos vaciaron de dólares el Banco Central. La baja del precio de la soja fuerza la extensión de la frontera agrícola de manera abrupta sobre comunidades originarias, bosques nativos y las comunidades campesinas y sus lotes de agricultura familiar.
Cartes ve con preocupación las internas partidarias del mes que viene ya que solo tiene apoyo de la cámara de diputados y de Ann Marie Bassett -embajadora de EE.UU. Para las elecciones municipales de noviembre próximo falta mucho, pero para eso se espera la llegada del Papa Francisco el 12 de julio y de un millón de paraguayos que viven en Argentina.
El caso de la detención de Chivé pone un cambio de calidad en la violencia política en la región. Desde el tiempo del “Operativo Cóndor” que el Ejército del Paraguay, no detenía un ciudadano paraguayo en territorio argentino. Los diarios paraguayos, todos, desde sus sitios comenzaron a publicar desde la tarde de ayer este inquietante hecho político. Luego se llamaron a silencio.
En Argentina, se intentó camuflar esta acción represiva llevándola a cabo mientras la opinión pública rosarina y argentina volcaba su atención en las elecciones provinciales. Cabe a los organismos de DD. HH. y políticos denunciar la actuación represiva regional y sumarse a esta lucha hasta conseguir el refugio político de este campesino, como paso necesario para frenar el terrorismo de estado en Paraguay y su extensión sobre Argentina.
Agencia de Noticias Aratiri / noticiaspia.org
Comentarios